Invertir en redes para acelerar la electrificación

España y Europa no siguen ni de lejos la tendencia global a la electrificación. Mientras la demanda mundial de energía eléctrica se duplicó entre 2000 y 2024, en España apenas ha crecido. De hecho, la demanda de energía en el año 2024 se situó en 248.811 GWh, por debajo aún de los 249.242 GWh registrados en 2004, según los datos de Red Eléctrica. Dicho de otra forma, hace 20 años España consumía más electricidad que hoy en día y entonces no existía el coche eléctrico y no había una excesiva preocupación por el impacto de los combustibles fósiles en el calentamiento global. En el caso de la Unión Europea (UE), el crecimiento acumulado del 7 % en este mismo período supone 14 veces menos que el global.

Podríamos pensar que este decalaje se debe en términos cuantitativos al gran crecimiento experimentado por las economías asiáticas al calor del aumento de la población (ya solo India y China suman 2.800 millones de habitantes) y de su capacidad de importar producción industrial de otras partes del mundo; y en términos cualitativos al uso más eficiente de la electricidad en los países desarrollados, es decir, la mayor intensidad energética.

Sin embargo, estos factores no son suficientes para explicar la lentitud en el proceso de electrificación de la economía, particularmente en un territorio como la UE que lidera la lucha contra el cambio climático. La historia enseña que para que se produzca un crecimiento saludable es imprescindible que las infraestructuras se desarrollen al mismo ritmo e incluso antes. Entonces he aquí la pregunta clave: ¿Están las infraestructuras eléctricas de transporte (alta tensión) y distribución (media y baja tensión) facilitando el crecimiento o están frenándolo?

Red Eléctrica es por ley el propietario de las redes de transporte y el gestor del sistema. Opera en régimen de monopolio natural. Entre los años 2013 y 2023 invirtió 5.300 millones de euros en la red de transporte, un 38 % menos de lo que permitían los topes legales (8 500). En los ejercicios de 2024 y 2025 invirtió 825 y 1.105 millones de euros, respectivamente, y prevé cerrar el año en curso con 1.400 millones.

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Sin embargo, estas cifras no bastan para satisfacer la creciente demanda: solo en 2023 se rechazaron 10.700 MW de nuevas conexiones debido a la saturación de la red. Este estrangulamiento pone en peligro el cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que requiere movilizar entre 50.000 y 60.000 millones de euros hasta 2030.

En comparación con España, otros países europeos están ejecutando programas de inversión mucho más ambiciosos. En Francia, RTE, responsable público de la red de transporte, planea invertir cerca de 100.000 millones de euros hasta 2040, con un pico anual que podría alcanzar los 8.000 millones en 2031. A esta cantidad se suman 96.000 millones en las redes de distribución por parte de la también pública Enedis. Esto equivale a seis veces los límites legales vigentes en España para las inversiones en transporte y distribución (el 0,065 y 0,13 % del PIB, respectivamente).

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En Alemania, los gestores de red invirtieron 11.500 millones en la red de transporte en 2023 y prevén dedicar 155.000 millones hasta 2030 para todo el sistema (transporte, distribución y enlaces offshore). En los Países Bajos, Tenne

T está reforzando sus interconexiones transfronterizas (como BritNed y NorNed) y planifica nuevas conexiones en corriente continua de alto voltaje (HVDC), un esfuerzo muy notable considerando su menor tamaño geográfico. En conjunto, la Unión Europea estima una necesidad de inversión en redes (transporte y distribución) de 584.000 millones en los próximos cinco años.

En el ámbito de la distribución, las inversiones también han sido escasas. Las compañías distribuidoras, otro monopolio natural, argumentan que la retribución es insuficiente. No sólo quieren superar el límite del 0,13 % del PIB para sus inversiones (alrededor de 1.800 millones al año), sino también mejorar la retribución. Es el eterno debate entre empresas incumbentes y el regulador al que los consumidores asisten como meros espectadores desde la barrera.

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España se juega mucho en el proceso de electrificación de su economía.

Si la industria no tiene acceso a energía a precios competitivos, seguirá emigrando hacia otras partes del mundo.

Si los inversores nacionales e internacionales no ven claro el futuro, frenarán el desarrollo de las energías renovables, la única forma de que España reduzca la dependencia energética y aproveche sus fuentes autóctonas.

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Si las empresas tecnológicas tienen dificultades para alimentar a sus centros de datos, España se quedará atrás en una carrera tecnológica de carácter estratégico dadas las actuales circunstancias geopolíticas.

Si las redes de transporte y distribución no evolucionan adecuadamente, el coche eléctrico seguirá siendo minoritario, con la consiguiente pérdida de eficacia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que están obligadas a establecer las poblaciones con más de 50.000 habitantes por mandato de la legislación europea.

Y si el regulador no equilibra los intereses de todos los agentes con una perspectiva sostenible y de largo plazo, los consumidores continuarán notando el peso de intereses particulares en sus facturas de la luz.

*Luis Venero, CEO de BRUC