No es una guerra generacional: es un sistema atrapado por la demografía

La brecha generacional se ha convertido en uno de los marcos dominantes para explicar el debate sobre pensiones, salarios y oportunidades en España. Se presenta como un conflicto casi moral entre jóvenes y mayores, como si el problema fuese una lucha distributiva entre colectivos con intereses enfrentados. Ese enfoque es tan cómodo políticamente como erróneo analíticamente. Lo que está en crisis no es la convivencia entre generaciones, sino un sistema de reparto que depende de manera crítica de una estructura demográfica que ya no existe.

Durante décadas, el sistema público de pensiones funcionó bajo condiciones excepcionalmente favorables. España vivió un largo bono demográfico: muchas personas en edad de trabajar, pocas en edad de jubilación y una esperanza de vida todavía contenida. Ese contexto permitió pagar pensiones crecientes sin exigir un esfuerzo fiscal excesivo y sin generar tensiones visibles entre cotizantes y beneficiarios. El problema es que ese contexto desapareció, pero el diseño del sistema no se adaptó a tiempo.

Desde mediados de los años ochenta, los distintos gobiernos fueron introduciendo ajustes paramétricos que, aunque rara vez se presentaron como recortes, lo eran en la práctica. Se ampliaron los años necesarios para calcular la pensión, se endurecieron los requisitos de acceso, se retrasó progresivamente la edad legal de jubilación. Estas reformas tenían una lógica clara: reconocer que se vivía más tiempo y que el reparto debía ajustarse para preservar la sostenibilidad y cierta equidad intergeneracional. No eran reformas populares, pero sí coherentes con la realidad demográfica.

Ese equilibrio frágil se rompe de manera explícita a partir de 2021. El giro es evidente: se blindan las pensiones presentes y futuras mediante la indexación automática al IPC y se elimina cualquier mecanismo que ajuste las prestaciones a la esperanza de vida. A cambio, todo el peso del ajuste se traslada a los trabajadores actuales, a través de mayores cotizaciones, recargos “temporales” que se eternizan y un aumento sostenido de las bases máximas. El mensaje implícito es claro: el sistema no se adapta al envejecimiento, se financia exprimiendo más a quienes hoy están en activo.

Uno de los argumentos más repetidos para justificar este enfoque es que las pensiones no se pueden tocar porque los pensionistas “han cotizado toda su vida”. Esta afirmación, tan intuitiva como incorrecta, confunde un sistema de reparto con uno de capitalización. En el sistema español no existe una cuenta individual donde cada trabajador ahorre para su jubilación. Las cotizaciones actuales financian las pensiones actuales. Y cuando se analiza el flujo completo de aportaciones y prestaciones, el resultado es inequívoco: independientemente de la carrera laboral, la mayoría de los pensionistas recibe a lo largo de su jubilación mucho más de lo que ha cotizado.

Esto no es una acusación moral, sino una constatación contable. Durante años, el sistema ha pagado pensiones generosas gracias a una base amplia de cotizantes y a un contexto demográfico favorable. Pero ahora la relación se ha invertido. Cada vez hay menos trabajadores por pensionista, se vive más tiempo y las nuevas cohortes son menos numerosas. Mantener las mismas reglas implica trasladar una factura creciente a generaciones que ya parten de una posición más débil.

Los datos de renta por edades ilustran con claridad esta brecha. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, casi uno de cada tres hogares encabezados por personas de entre 65 y 79 años supera los 2.000 euros netos mensuales, una proporción superior a la de los grupos centrales de edad y muy por encima de la de los jóvenes. En paralelo, más de dos de cada tres jóvenes de entre 20 y 34 años no alcanzan los 1.500 euros netos al mes. No se trata solo de salarios bajos, sino de trayectorias laborales fragmentadas, alta temporalidad y una fiscalidad que penaliza de forma creciente el empleo.

Casi uno de cada tres hogares encabezados por personas de entre 65 y 79 años supera los 2.000 euros netos mensuales

En términos relativos, la tercera edad disfruta hoy de estándares de vida más altos que una parte significativa de la población en edad de trabajar. Esto no significa que todos los mayores vivan bien ni que no existan situaciones de vulnerabilidad. Pero sí rompe con el relato tradicional que presenta a los pensionistas como el grupo sistemáticamente más desfavorecido. Si hay un colectivo estructuralmente tensionado, ese es el de los jóvenes que sostienen el sistema sin expectativas claras de recibir en el futuro un trato equivalente.

Aquí es donde el discurso de la guerra generacional resulta especialmente dañino. No hay una confrontación natural entre jóvenes y mayores. Muchos pensionistas son plenamente conscientes de la fragilidad del sistema y de la carga que se está trasladando a sus hijos y nietos. El conflicto no es entre generaciones, sino entre realidad demográfica y decisiones políticas que se resisten a asumirla.

La clave está en el diseño del sistema de reparto. Repartir no significa prometer lo que no se puede pagar, sino repartir lo que el país puede permitirse en cada momento. Cuando el reparto se desvincula de la demografía y de la capacidad productiva, deja de ser un mecanismo de solidaridad y se convierte en una fuente permanente de tensión fiscal y social.

Repartir no significa prometer lo que no se puede pagar, sino repartir lo que el país puede permitirse en cada momento

Existen alternativas. Países como Suecia introdujeron hace décadas sistemas de cuentas nocionales, que mantienen el reparto, pero lo hacen actuar como si cada trabajador tuviera una cuenta individual. Las prestaciones se ajustan automáticamente a la esperanza de vida y al crecimiento económico, evitando decisiones discrecionales y repartiendo los costes del envejecimiento de forma transparente entre generaciones. No es una solución mágica, pero sí una forma honesta de enfrentar el problema.

El verdadero riesgo de no reformar no es solo financiero. Es político y social. Cargar de forma sistemática el ajuste sobre los jóvenes erosiona la legitimidad del sistema, debilita el contrato intergeneracional y alimenta un resentimiento que no beneficia a nadie. La factura demográfica existe, se pague hoy o mañana. La diferencia es quién la paga y cómo.

No se trata de recortar por recortar ni de enfrentar a colectivos. Se trata de reconocer que el tiempo del bono demográfico terminó y que seguir actuando como si no hubiese cambiado nada es la forma más segura de agrandar la brecha generacional que se dice querer evitar. El debate no debería ser quién gana esta supuesta guerra, sino cómo evitar que la pierdan todos.

*Santiago Calvo