El 2026 y sus 6 claves regulatorias

Todo comienzo de año invita a la reflexión, también ante la regulación financiera. Qué cambios llegarán, cómo afectarán, qué prioridades marcarán la agenda y en qué conviene centrarse son preguntas inevitables para los directivos de entidades financieras. Algunas de estas cuestiones encuentran respuesta en el propio calendario normativo; otras, en cambio, exigen un análisis más pausado y una mirada a más largo plazo. Señalamos algunas pistas.

El año 2026 llega con mensajes claros desde la Unión Europea (UE): avanzar hacia un mercado más competitivo, eficiente e integrado, apoyado en la digitalización y el buen uso de la inteligencia artificial, con objetivos como la armonización y simplificación, en el que el centro sea el cliente final y su protección.

En España, la incertidumbre política convive con una exigencia ineludible: mantener el ritmo regulatorio necesario para ajustarse a la legislación de la UE y cumplir, más o menos, con los plazos de trasposición.

Prevemos que este año dispondremos de los textos normativos de iniciativas como la Estrategia de Inversión Minorista (Retail Investment Strategy o RIS) y la tercera directiva de pagos y su reglamento de desarrollo (conocidos por las siglas inglesas PSD 3 y PSR).

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La RIS pretende impulsar la inversión minorista y reforzar su protección introduciendo conceptos como el value for money, modificando el régimen de incentivos y mejorando la información a los clientes para que los productos sean más comparables. Todo esto requiere un análisis exhaustivo de la situación actual de cada entidad y cómo actuará ante estos cambios.

Por su parte, la nueva normativa de pagos impone mayores requisitos a las entidades para mejorar la protección frente al fraude, reforzar las obligaciones de transparencia y aumentar la competitividad. Esto supondrá la revisión de los modelos de negocio actuales, la reflexión sobre el futuro de los pagos y las acciones consiguientes.

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Desde el ámbito de la financiación, en España hemos comenzado el año con la publicación del anteproyecto de ley y del borrador de real decreto de desarrollo de la directiva de crédito al consumo. Los textos de trasposición introducen la reserva de actividad para la concesión de crédito, incrementan los requisitos de la evaluación de la solvencia, incorporan límites máximos al coste del crédito al consumo, mejoran la información al cliente y adaptan las reglas para la contratación digital. Como se ve, se trata de una modificación de envergadura.

En el ámbito de los activos digitales, en este año empieza a consolidarse la tokenización en los mercados europeos. Tras una larga fase de preparación normativa, se ven efectos reales: avances en el euro digital, maduración de infraestructuras de mercado basadas en tecnologías de registro distribuido (DLT en siglas inglesas) y una regulación que, por fin, acompaña a la innovación.

En España ya existe el primer mercado regulado basado en estas tecnologías y todo apunta a que pronto se autorizarán más proyectos y se crearán mercados para negociar y liquidar acciones, bonos y participaciones de fondos de inversión con registro distribuido, una aspiración largamente esperada por el sector. A ello se suma la propuesta de reforma del "régimen piloto", que plantea un horizonte temporal indefinido, la ampliación a todos los instrumentos financieros y la incorporación de figuras comparables a la entidad responsable de la inscripción y registro (ERIR) nacional con vocación europea.

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También arranca 2026 con cuatro bancos españoles con licencia para operar con criptoactivos y con casi 150 proveedores de criptoactivos registrados en la UE.

Este año finalizará el régimen transitorio previsto en el reglamento MiCA, tras completarse el plazo de 18 meses: a partir de julio, quienes no cuenten con autorización no podrán operar con criptoactivos en ningún país de la UE. El reto deja de ser el obtener una licencia y pasa a ser el adaptarse a una supervisión real, continua y exigente.

A su vez, la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo afronta en 2026 un auténtico cambio de paradigma. La llegada prevista para 2027 del nuevo reglamento europeo supone abandonar un sistema basado en directivas para avanzar hacia normas directamente aplicables, más homogéneas y con mayores exigencias para las entidades y sus órganos de administración.

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En España, el contexto añade presión. La evaluación del GAFI prevista para 2026 ha acelerado la actualización de la regulación interna, con una modificación reglamentaria actualmente en consulta que propone adaptar la normativa nacional a la cuarta y quinta directivas y anticiparse al nuevo reglamento.

La Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, la AMLA en siglas inglesas, ya es una realidad y ha confirmado que aplicará las directrices de la Autoridad Bancaria Europea en esta materia para asegurar la continuidad supervisora. La prevención se convierte en un pilar central de la gobernanza, especialmente relevante en entornos digitales y transfronterizos.

Por su parte, la reciente ley que regula los servicios de atención a la clientela supone un salto cualitativo en la defensa del usuario financiero: refuerza derechos, acorta plazos y endurece las obligaciones organizativas, centrándose en la efectividad real de los canales de atención y reclamación.

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Este refuerzo se integra en una visión más amplia de gobernanza. Los supervisores exigen no solo estructuras formales adecuadas, sino decisiones bien informadas, gestión efectiva de conflictos de intereses e integración real de los riesgos, incluidos los tecnológicos, en las políticas de la entidad. La guía del Banco Central Europeo sobre gobernanza interna y cultura de riesgo consolida esta tendencia, con consejos de administración más activos y con mayores responsabilidades.

Está claro que los cambios son de índole diversa, pero creemos que anticiparse, priorizar, seguir la evolución de estas iniciativas y prepararse, en especial en estos primeros meses del año, permitirá acabar 2026 con los deberes hechos y conseguir, con ello, una evolución y crecimiento de los modelos de negocios.

*Mariona Pericas Estradas, directora de finReg360, y Carol Rodríguez Rivera, directora de finReg360