Las sorprendentes tribulaciones del abogado español en Brasil

Llevo unas semanas especialmente interesado en Brasil. En su particular estructura política, donde el poder aparente del Presidente se ve eclipsado internamente por el poder real de los Gobernadores regionales; en el cambio social que está propiciando la aparición de una incipiente clase media; en la evolución de su economía en general, con un crecimiento amenazado por tensiones inflacionistas que presionan al alza sus tipos de interés; en el vibrante desempeño del sector inmobiliario local, algo de lo que escribí aquí hace pocas fechas; en el desembarco de ejecutivos foráneos al calor de un esquema retributivo envidiable; e, incluso, en su mercado de acciones, que comienza a mostrar signos de debilidad tras un 2009 excepcional y un 2010 razonable para los inversores en euros (+141% y +15% respectivamente) . Una nación apasionante se mire por donde se mire, que participa de signos de modernidad y atraso a partes iguales.

Pues bien, cabría pensar que, al calor de la inversión directa que ha aterrizado en el emergente en los últimos años, pléyades de abogados internacionales habrían fijado allí sus estructuras operativas con objeto de aprovechar las oportunidades de negocio tanto locales, como vinculadas a las empresas de sus países de origen. Más teniendo en cuenta el efecto arrastre de negocio en infraestructura y servicios que siempre generan acontecimientos de la magnitud del Mundial de Fútbol de 2014 o las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016. Y el impulso de regeneración iniciado por Lula Da Silva y que se ha comprometido a continuar Dilma Rouseff. Especialmente significativa debería ser la presencia española, vista la importancia de nuestras compañías en el mapa empresarial brasileño- con Telefónica, Santander y Repsol como puntas de lanza del desembarco nacional- y el prestigio internacional de algunas de nuestras firmas legales.

Y la realidad es que es así pero con muchos matices. Por increíble que parezca, ningún despacho de abogados que no cuente con capital y profesionales estrictamente brasileños puede desempeñar su actividad en el país en condición de tales, con las salvedades que haremos más adelante, dificultades que, de una u otra forma, se dan igualmente en China y, sobre todo, India. Sus letrados pueden actuar, eso sí, como Consultores en Derecho Extranjero, figura que da teóricamente poco margen de maniobra a la hora de operar localmente. Y es que el lobby local, celoso de sus honorarios tanto en términos absolutos como relativos, no sólo persigue la mera presencia, sino también las alianzas con bufetes cariocas o paulistas que puedan dar, aun remotamente, la apariencia de una integración. Garrigues, Cuatrecasas o Uría, los despachos españoles de mayor tradición en Brasil, están haciendo malabarismos para vencer una resistencia formal que trata más de evitar un efecto llamada que de establecer una prohibición taxativa, aunque parezca lo contrario.

El último capítulo se vivió el pasado 21 de febrero, cuando el Tribunal Deontológico del Colegio Profesional Paulista, ¡toma ética!, ha ratificado su posición tradicional al prohibir explícitamente las asociaciones, uniones y acuerdos entre despachos brasileños y extranjeros al afirmar, para que no quepa duda alguna, que "los foráneos no son abogados de acuerdo con el Estatuto vigente”. Una limitación que sólo es válida por cuanto al derecho brasileño se refiere y no en relación con la legislación y jurisprudencia de la nación de origen del consultor. Es decir, en teoría usted puede asesorar en Sao Paulo a Telefónica sobre materias de derecho español. Aunque la práctica es otra cosa, de ahí la numerosa cohorte de grandes firmas estadounidenses en Brasil, la obligatoria obtención de la preceptiva licencia -que es renovada por el lobby profesional cada tres años y puede ser revocada por el incumplimiento de la prohibición de concertación, infracción que lleva además aparejadas sanciones tanto administrativas como penales- y la existencia, además, de un prolijo cuerpo de inspección, actúan como elementos disuasorios. Leyendo la resolución da hasta miedo, la verdad.

En el sector jurídico se interpreta esta reciente resolución como un último aldabonazo en la protección de su mercado, en un desesperado intento de retrasar cualquier cambio de criterio a raíz de la carga adicional de trabajo que, para los abogados brasileños, se puede derivar de los acontecimientos a los que antes hemos hecho referencia, tal y como se puede comprobar en el penúltimo párrafo del enlace anterior (el documento completo upon request). Y es que, la praxis profesional prueba que los clientes demandan el conocimiento y el modo de ejercer de los abogados extranjeros, presión de arriba abajo que puede ayudar la imprescindible liberalización del sector servicios, propia de cualquier economía autodenominada moderna. ¿Una arbitrariedad injustificable? No me sean ñoños, hombre. Váyanse a la última línea del todo y verán lo equivocados que están. Cito literalmente las declaraciones del redactor de la ponencia denegatoria de la equiparación de derechos profesionales, Carlos Kauffmann: “en Brasil, la abogacía no es una actividad mercantil –como afán de lucro-, sino que busca resolver problemas”. Con un par.

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