'Campana y se acabó: a los españoles que les den'

Coincide hace ahora un año que publicamos "Cuidado, el carajal eléctrico puede hacer ‘pum y se acabó’". Aquel post venía a colación del anuncio por aquel entonces de José Manuel Soria de su intención de coger por los cuernos el toro del déficit de tarifa, al que pretendía domar y meter en el corral en dos años, 2013 y 2014.

Acuciado por su promesa o, mejor dicho, por la imposibilidad de cumplirla, se despachó inicialmente con una reforma fiscal que perseguía evitar que la bola siguiera aumentando de tamaño. Sangría a los ingresos de las compañías y rebaja arbitraria y aleatoria de los costes del sistema a través de una serie de iniciativas inconexas y precipitadas. Vamos, una jo-jo-ya de propuesta.

Los actores afectados –consumidores y contribuyentes, las dos caras de la misma moneda; empresas productoras, distribuidoras y comercializadoras; o firmas de renovables y sus inversores y financiadores, en buena parte extranjeros- se tragaron el sapo de tal desaguisado ante la promesa de que estaba por venir un nuevo marco de funcionamiento que sería el 'refinitivo’, expresión que consagraría al humorista Ángel Garó en el mítico concurso Un, dos, tres. Una auténtica revolución que fijaría el escenario de actuación para la industria y sus usuarios en las próximas décadas.

No ha podido ser mayor la decepción ante lo aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado. Ni una sola referencia al problema de sobrecapacidad nacional ni una única mención al colapso estructural de la demanda con las consecuencias que ya tiene. Nada que ponga el dedo en la llaga de la planificación en un entorno de dependencia energética como el nacional; de la necesidad de liberalizar y estimular la competencia en todas las fases del proceso; de la urgencia por corregir el arbitrario mecanismo de referencia marginal del pool o la manipulación de las subastas trimestrales OTC del Cesur; de la obligatoriedad de establecer incentivos a la mejora de eficiencia en todas las fuentes de generación; de lo perentorio de la simplificación del coste eléctrico, formado aún por más de 30 sumandos, la mitad de ellos ‘regulados’, y así sucesivamente. Esto es: nada que vaya al corazón de los problemas que afectan al sector y, por ende, al bolsillo de los sufridos ciudadanos.

De nuevo un batiburrillo de medidas de corte puramente financiero que persigue parchear la situación sin que Bruselas se cabree. Es verdad que incluye algunos elementos que desde estas mismas líneas reclamábamos doce meses atrás, como el fin de los pagos por capacidad o la ordenación del llamado coste de interrumpibilidad. Pero la prueba del nueve de la falta de voluntad por hacer algo grande que trascienda a sus autores se halla en la excusatio non petita que preside todo el resumen en 20 diapositivas aportado a la prensa y el público en general el pasado viernes: si no hacemos esto, el precio de la electricidad subiría un 19% y, si no hubiéramos hecho lo del año pasado, el incremento habría sido del 42%. Ya saben, la típica estrategia de 'susto o muerte' para justificar lo injustificable.

Pues bien, ante esta nueva oportunidad perdida que condena la inversión en renovables y distribución al fijarles una rentabilidad por debajo, para muchos operadores, de sus costes bancarios o de mercado de financiación (y eso pese a reconocer el Ejecutivo en la primera transparencia que la energía verde aportó el 50% de la producción nacional en el primer semestre de este año) y vuelve hacer recaer sobre el ámbito privado el peso económico de las decisiones políticas, ante ese particular ‘susto’ que deja tiritando sus cuentas de resultados y condena irremisiblemente su futuro dentro del territorio nacional, no son pocos los que pueden elegir la casilla ‘muerte’. Y a estos politicastros y los españolitos que los votan, que les den.

No se equivoquen, señores del Gobierno. El berrinche colectivo de estos, los otros y los de más allá no es debido a las medidas aprobadas hace poco más de 48 horas, sino a la certeza de que quince años y 300 disposiciones sobre la materia más tarde, este melón sigue abierto. Que la solución aprobada no es, ni mucho menos, definitiva y que la presión tarifaria, la incertidumbre operativa, la inseguridad jurídica y la inviabilidad financiera siguen estando ahí, como pesadas losas que condicionan la actividad de los unos, el consumo de los otros y las decisiones de los comités de inversión y de riesgos de los de más allá.

En definitiva, que antes que ‘pensar en grande’ como pedíamos en julio de 2012, los Soria, Nadal, Montoro y el sursum corda de los reguladores han optado por la estrategia menos estratégica para el país, también apuntada entonces: el ‘divide y vencerás’ en beneficio (político) propio. Sin embargo, fruto de ello puede ser -tal y como proclamamos premonitoriamente por aquellas fechas, ahora en versión Un, dos, tres- que el ‘campana y se acabó’ de alguna grande y, sobre todo, de la mayoría de las pequeñas se convierta en una opción real, si nos atenemos a lo que han ido comentando unos y otros al calor de la nueva norma. Luz más cara, menos operadores, mismas ineficiencias. Luego alguien hablará por ahí de competitividad… Por cierto, ¿qué pasara con los ingresos fiscales cuando se empiecen a producir esas deslocalizaciones que, ahora más que nunca, están encima de la mesa? 

Food for thought.

Buena semana a todos.