La Administración española pare un nuevo engendro
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S. McCoy

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La Administración española pare un nuevo engendro

España es única. Como no teníamos suficientes frentes abiertos, el Ministerio de Economía y Competitividad se ha sacado del bolsillo un engendro que amenaza con paralizar

España es única. Como no teníamos suficientes frentes abiertos, el Ministerio de Economía y Competitividad se ha sacado del bolsillo un engendro que amenaza con paralizar la actividad regulatoria y supervisora en nuestro país en los próximos seis meses: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Una mala idea peor ejecutada que persigue unificar, bajo un mismo paraguas, organismos como la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) o la Comisión Nacional de la Energía (CNE), entre otros. Algo, cuando menos, original pues sólo alguna de las repúblicas bálticas y Australia tienen cosa parecida en su organigrama público. Por algo será.

En la génesis de tan extravagante propuesta -que entrará en vigor el próximo 7 de octubre, sin que de momento se sepa ubicación o dotaciones- la defensa de un bien común: la seguridad jurídica.

Conflictos pasados entre instituciones que fijan el marco de funcionamiento, por ejemplo la CMT, y quienes denuncian sus abusos, esto es: la CNC, perjudicaban, a juicio del Gobierno, tan preciado bien a ojos de los ciudadanos nacionales y los inversores extranjeros. "Hay que corregirlo de manera urgente", concluyeron en el Ejecutivo. Mientras tanto, eso sí, seguían publicándose en el BOE,con total desfachatez,leyes y reales decretos que, como en el caso eléctrico, dejaban la estabilidad y garantía legales ofrecidas por España a los pies de los caballos, entrando incluso en el peligroso campo judicial de la retroactividad propia. Cosas de nuestro capitalismo feudal de amiguetes.

Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible tal esquizofrenia administrativa? Bueno, ya saben: poderoso caballero es don Dinero. El esquema básico del nuevo ente viene de un informe elaborado por PwC para una Telefónica harta de sentir el aliento de competencia en el cogote cuando, afirmaba, se limitaba a cumplir la letra de la regulación. Del espíritu no hablamos, que no está la cosa como para idealizar el negocio, ¿verdad?

Tal documento llega a Moncloa, que lo acoge con inusual fervorín, especialmente teniendo en cuenta que coincide su entrada con una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que advierte de que las prácticas antimonopolio no se pueden amparar en el principio de ‘confianza legítima’, esto es: en haber actuado de acuerdo con la literalidad del texto ya que hay otros elementos como tamaño, beneficio o similares que, usados de forma abusiva, tienen efectos similares a conciertos expresos entre operadores. Una disposición acompañada de 150 millones de euros de multa para la española, por cierto.

Dio igual. La tramitación siguió su curso hasta que alguien cayó enla cuenta de que juntar investigación/sanción (el árbitro de la contienda) con fijación de las reglas de juego podía ocasionar no pocos roces y reproducir, por tanto, los conflictos que se querían evitar. Pero no crean, ni por asomo se le ocurrió a alguna mente lúcidaelapearse de una burra que perdía pelo y apenas conservaba los dientes. Poco importó, de hecho, a la gente del Ministerio saber de quienes ya estaban en la pomada o de la propia Bruselasque lomás parecido ahí fuera era, y es, el poco sospechoso modelo alemán, que separaCompetencia, por una parte, y reguladores sectoriales, por otra. A los austericidas teutones, ni agua.

Sin embargo, ya en sede parlamentaria se impuso parcialmente el sentido común. Quizás los germanos, tan cabezones ellos, podían tener razón. ¿Cómo encajar tal división en el esquema propuesto? Ya está, creando dos salas bajo una misma presidencia. Problema resuelto, ¿no? En teoría sí, pero en la práctica se ha fijadouna previsiblereceta para el desastre.En síntesis, por tres motivos:

- la cohabitación entre competencia y regulación incorpora un peligroso factor de control horizontal, no necesariamente técnico, que puede paralizar o condicionar las pesquisas de la primera al antojo de la segunda: cautela;

- no sólo eso, el mecanismo de resolución de contradicciones, a través primero de informes que al ser del mismo órgano no paralizan el periodo imperativo de 18 meses para resolver los expedientes abiertos -motu proprio o a instancias de terceros-y de la oportuna convocatoria y resolución en pleno, después, dificulta enormemente la operatividad de la CNMC desde antes de nacer: irá apurada para cumplir en plazo;

- algo a lo que ayuda bien poco la exigencia de que los consejeros roten sectorialmente cada dos años, que es justo el periodo de tiempo que necesitan para enterarse de qué va la vaina en telecomunicaciones, energía, bienes de consumo o la industria de que se trate: imposible.

Como señalábamos al principio del post, una mala idea peor ejecutada que rompe con las inercias positivas en las que habían entrado algunos órganos como la propia CNC con, por ejemplo, su recientemente inaugurado programa de clemencia;16 procesos iniciados al calor del mismo.

Ahora, hasta que todo el mundo encaje en su sitio, tomen el poder los nuevos responsables y se reactiven los temas, estamos ante un mínimo de seis meses de paralización, según los informes que maneja el propio Gobierno. Y con un riesgo adicional: si la cosa no pita, que va a ser que no, Bruselas se hará con buena parte de los casos bajo la tesis comunitaria de ‘autoridad mejor posicionada’ para actuar.

Lo dicho, éramos pocos y parimos la CNMC. País.

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