I+D+i: España tira al retrete su futuro

Hemos comentado en numerosas ocasiones en Valor Añadido que el Gobierno, si quiere dejar huella -algo a lo que parece haber renunciado hace tiempo-, está obligado a cuadrar el círculo, es decir, a conciliar las medidas de ajuste rápido con las necesarias medidas estructurales que permitan a este país no incurrir en errores pasados.

No se puede decir que esté teniendo mucho éxito en el intento. Buena parte de las reformas acometidas son incompletas y están muy lejos de poder dar frutos. Ocurre, además, que lejos de incentivar la atracción de capitales de largo plazo en determinados sectores, que no en todos, la Administración está alentando el fenómeno contrario debido a la ruptura del factor principal que tienen en cuenta los inversores a la hora de decidir: la confianza.

En efecto, por más que el discurso oficial haya hecho de este vocablo y de la recuperación eje transversal de su discurso -al calor de la normalización estadística, que no recuperación-, lo cierto es que determinadas industrias siguen pensando más en hacer las maletas que en meter un duro en nuestro territorio, fruto de la suma de dos elementos: la inseguridad jurídica, auspiciada por la vorágine normativa, y la falta de cobro del dinero que le adeuda, fundamentalmente, la… Administración.

Un ejemplo paradigmático sería la industria farmacéutica.

De hecho, las multinacionales presentes en España no se cansan de contar, a quien quiere escucharlas, que ellos no compiten entre sí sino que, la mayor parte de las ocasiones, lo hacen contra filiales de la misma compañía ubicadas en otros países a la hora de conseguir inversiones y medios para I+D+i dentro del territorio español. De hecho, va en ello el futuro profesional no sólo de las plantillas de base, sino de los equipos directivos.

Sin embargo, con poca defensa argumental cuentan cuando buena parte del ajuste sanitario se ha pretendido hacer con el precio y la dosificación del medicamento, y no a través de la costosa y en muchos casos duplicada estructura hospitalaria, y cuando vuelven a acumular facturas vencidas, líquidas y exigibles a partir del 1 de enero de 2013 por importe superior a los 3.000 y pico millones de euros. La suma de la sucesiva normativa penalizadora y de la financiación encubierta a las arcas públicas no pasa desapercibida en las matrices, que no dudan en poner la cruz a España.

Evidentemente, en un tema tan sensible como el del medicamento, la retirada no se hace de manera taxativa, o con luz y taquígrafos, sino de un modo más discreto pero casi más perjudicial para el devenir futuro de nuestra economía. Por ejemplo, reduciendo sus aportaciones a la investigación, siendo como son, además, los principales mecenas de muchos estudios que se realizan en hospitales y centros públicos (de hecho, de los 972 empleados en 2012, el 45% tiene ese destino).

Los últimos datos ponen de manifiesto una contracción paulatina de esta partida en el grueso de los integrantes del sector hasta situarse a niveles del inicio de la crisis, con el consecuente efecto sobre el empleo y, por ende, sobre las posibilidades de desempeño profesional de nuestros investigadores, principiantes o ya reputados. Habría que remontarse hasta 2005 para encontrar un rol menor de nóminas de profesionales dedicados a esta materia en los laboratorios de nuestro país.

Es evidente que, desincentivando la inversión y cercenando las salidas laborales del talento patrio, cualquier intento de cambio del modelo productivo nacional es inviable, al menos con la profundidad y consistencia que el mismo requiere. De los políticos ya saben: mejor fiarse de lo que hacen y no de lo que dicen. Es verdad que en los PGE de 2014 se arbitra un aumento en esta partida del 3,5%, una buena noticia. Pero sin certeza normativa ni dinero en la caja, ¿sirve para algo?