Algo huele a podrido en la privatización de Aena

En un país tan anestesiado como este, se ha pasado de puntillas por varios hechos significativos referidos a la aprobación el lunes, por parte del Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP), del proceso de privatización de Aena Aeropuertos, S.A., empresa titular de la mayor parte de las instalaciones aeroportuarias de este país (puede consultar el documento original de 25 páginas aquí).

No nos estamos refiriendo, aunque bien pudiéramos, a la selección de Lazard como asesor financiero del proceso, toda vez que dicha designación emanó de un concurso público limpio y transparente y se produjo hace ahora seis meses, mucho antes, por tanto, de la pifia mayúscula en que ha consistido el asesoramiento del banco de inversión al Gobierno británico en la colocación de Royal Mail, donde las acciones se dispararon a los pocos días de salir a bolsa un 50% por encima del precio de colocación recomendado por la firma.

No parece que se le dé muy bien a la señera institución esto de maximizar el valor para las arcas de los estados, aunque ya se sabe: ande yo caliente… el bonus 2013 de algunos de sus miembros más que asegurado. Cómo serán las cosas que los principales responsables de la entidad en Reino Unido han sido citados por la Cámara de los Comunes para rendir cuentas de su cuestionada gestión (Financial Times, "MPs to grill Lazard over Royal Mail privatisation pricing", 15-10-2013).

Estamos hablando de otra cosa. De que se dé el visto bueno a la estructura de una operación que no parece tener ni pies ni cabeza.

Centrémonos en la parte institucional.

Se plantea de inicio la formación de un núcleo accionarial de referencia compuesto por entre tres y cinco inversores que se harán con un porcentaje que oscilaría entre el 20% y el 30% del capital. Su selección se produciría por medio de un concurso restringido en el que primarían criterios meramente financieros, precio y solvencia principalmente, y que incluye un extraño "compromiso de no adquirir más acciones de las asignadas" (apartado 2.6 del original). Curioso.

Es fácil concluir que al final lo que se pretende es diluir el control, evitar la entrada de un socio industrial que pueda aportar know-how o sinergias de algún tipo y perpetuar al actual equipo directivo en el poder. De manual. Lo que no se entiende es que el CCP le dé el visto bueno tan alegremente por más que afirme que su acción se limite a certificar que confluyen los principios de publicidad, transparencia y concurrencia en el proceso. Algo que no queda tan claro, como veremos en un par de párrafos. De hecho, le ha faltado tiempo al secretario de Estado de Infraestructuras para señalar que el deal se puede articular de esa manera… o no. No son pocos los grupos industriales que han puesto el grito en el cielo, no sin razón.

Y es que, visto el perfil de los potenciales compradores que se están barajando, los Abelló, March y compañía, el aroma a pelotazo basado en valoraciones ajustadas a la baja, permanencia el tiempo estrictamente necesario y venta en bloque a futuro a uno de los grandes internacionales que se contente con una tasa de rentabilidad más ajustada es embriagadoramente hediondo. Lo extraño es que esta opción no se contemple inicialmente, articulándose una subasta competitiva que seguro incorporaría a la puja una prima de control y gestión. Porque, oigan ustedes, de una presunta defensa de la españolidad de la corporación, ni palabra (véase el punto 3.11). ¿Entoncesnbsp;

Ocurre además que la referencia de precio máximo de los "inversores cualificados pueden constituirse en una importante referencia para la OPV posterior", en la que se dará entrada a inversores institucionales y particulares por un porcentaje similar del 30%. Aunque la oferta incluye la posibilidad de que estos ‘elegidos’ tengan una segunda oportunidad en caso de que el precio final de la colocación en el mercado sea superior al de sus ofertas, ya advierte la CCP que "ello les podría inducir a presentarlas con un precio máximo de entrada inferior al que hubieran ofertado de no tener esa opción". O lo que es lo mismo: cabe la posibilidad de un concierto entre los concurrentes para tratar de abaratar al máximo los ingresos presentes para el Estado y maximizar los suyos futuros, cosa no tan descabellada en el estrecho mundo empresarial y financiero patrio (apartado 3.13 del informe).

Puede que este post no sea más que un ejercicio de fantasías animadas de ayer y hoy, pero no me negarán que la cosa huele regular. En todo el mundo se están produciendo adjudicaciones de activos públicos de este tipo y, una vez que la Administración decide ceder el control, no se anda con paños calientes a la hora de buscar la fórmula que mejor le permita tanto maximizar sus ingresos como mejorar operativamente unas instalaciones que son, en muchas ocasiones, la puerta de entrada en el país, reflejo de su imagen. Algunos mantienen una suerte de acción de oro, otros vinculan la recepción de una parte de los fondos a mejoras futuras en las cuentas de lo vendido, lo que sea. Pero esto de buscar un núcleo duro, limitado en cuanto a participación, puramente financiero y que apenas chiste a los de arriba recuerda demasiado a otras épocas no tan lejanas. En el plano del gobierno corporativo, es, cuando menos, novedoso. O ¿he oído escandaloso?