Objetivo Correos: guerra abierta en la logística española

Seis páginas demoledoras. Esa es la extensión de un informe elaborado por el Consejo del Transporte y la Logística de la CEOE para el Subsecretario de

Seis páginas demoledoras. Esa es la extensión de un informe elaborado por el Consejo del Transporte y la Logística de la CEOE para el subsecretario de Fomento acerca del Servicio Postal Español y que pone a Correos a caer de un burro, acusándole de practicar dumping comercial gracias a las ayudas concedidas por el Estado, "lo que impide la entrada de otros operadores, alterando la debida competencia". Una queja que ha tenido su concreción en forma de la denuncia anónima en Bruselas de la que ayer se hacía eco este mismo diario. Es este artículo, por cierto, el que, de rebote, ha provocado que el papel llegue a mis manos.

Estructurado en cuatro apartados, el documento censura, en primer lugar, la gestión de la compañía bajo la premisa de que el apoyo público no tiene oportuno reflejo en una mejora de sus cuentas, en términos de ingresos, costes, beneficios. Pese a ello, la aportación desde las arcas del Estado se multiplicó un 125% en el periodo 2005-2010 para alcanzar los 1.305 millones en total desde ese mismo año de inicio a cierre de 2013. ¿Tiene sentido en ese entorno, se cuestiona la patronal, que mantenga las tarifas más bajas de Europa?, ¿no habría que exigir al operador de la SEPI mayor eficacia para limitar el coste al erario?

No sólo eso, en otro apartado se subraya cómo las exenciones fiscales de las que disfruta Correos no sólo son lesivas para el conjunto de los ciudadanos, al incidir negativamente en la recaudación fiscal, sino que le permite contar con una ventaja adicional a la hora de disfrutar de una caja que el resto de sus competidores destinan al pago de tributos. Así, por ejemplo, hasta la STS 588/2013 de octubre pasado, no tenía obligación de pago del IBI de sus inmuebles, como tampoco cobra el IVA por los envíos postales ajenos al Servicio Postal Universal o SPU de determinados clientes (grandes empresas, bancos y eléctricas) con un impacto tributario calculado por el resto del sector en 110 millones de euros anuales.

Junto a ello, acusaciones de:

  1. falta de transparencia al estar los tres últimos ejercicios sin auditar, lo que ha provocado que la inyección en 2014 se dispare hasta 518 millones, un 60% por encima del año pasado;
  2. limitaciones por parte de Correos al acceso a la Red Postal, cesión a la que está obligada;
  3. concursos diseñados para que sea el adjudicatario;
  4. retrasos normativos que perjudican a la competencia, incluida la metodología para el cálculo del coste neto que determina la contribución estatal y cuya definición está recogida en una directiva europea;
  5. parcialidad de la Comisión Nacional del Sector Postal o de inoperancia del Consejo Superior Postal, que aún no se ha reunido desde su constitución en 2010;
  6. monopolio concedido gratis et amore en las notificaciones electrónicas al no haber existido licitación alguna para este servicio;
  7. aprovechamiento de las ventajas del SPU para favorecer a Chronoexpress –que realiza prestaciones privadas de paquetería y mensajería–. Aun así, acumula pérdidas superiores a los 200 millones en nueve años;
  8. condescendencia de Fomento ante esta situación que parece escapar de la austeridad que preside sus actuaciones en los últimos años.

El documento es tremendo, pero se podría quedar corto.

Es hablar con agentes de la industria y la lista de agravios crece exponencialmente: privilegios aduaneros en Canarias; no aplicación de tasas locales; exención de cuotas a la Seguridad Social en los 20.000 funcionarios que aún mantiene en plantilla (de un total de 60.000); baja productividad en comparación con los comparables francés y alemán (dueños de Seur y DHL, respectivamente); financiación preferencial de Chronoexpress gracias al aval público, y así sucesivamente.

Desde la operadora se arguye que, a fuerza de reiterarlas, se quieren convertir inexactitudes de parte interesada y falsedades en verdades indiscutibles. Frente a las afirmaciones anteriores defiende cómo su pérdida de cuota en los últimos ejercicios en la mayor de sus comparables europeos, que la posición de la compañía en el segmento de paquetería industrial y urgente es marginal (sin superar en ningún caso el 10% del mercado) y que eso compara mal con lo que ocurre en las naciones de origen de aquellos que les acusan de mantener una posición dominante de la que ellos mismos disfrutan.

Sorprende, no obstante, que su beligerancia, al menos por lo que a los registros periodísticos se refiere, no haya sido mayor ante tantas y tan graves acusaciones. 

Es evidente que estamos ante una guerra abierta en la que todos los David que en el mundo haya quieren derribar a este Goliat que les atemoriza con su subsidiada presencia. De momento, las piedras le están dando en las piernas y apenas le hacen tambalearse. Sin embargo, empezamos a entrar ya en territorio no tan franco, como es el de las reclamaciones internacionales y el del lobby nacional. Puede trastabillar debido a la presión. Y sufrir el golpe definitivo.

Antes de que eso suceda, Correos debería tomar la iniciativa y aprovechar la situación de privilegio que arrastra desde el siglo XIX para ajustarse a la realidad del siglo XXI, en el que su negocio tradicional languidece y el accesorio no beneficiará a los más fuertes, sino a aquellos que mejor sepan adaptarse. Ya está tardando. De hecho, se puede estar quedando fuera. No es, sin duda, negando la realidad y perpetuándose en sus errores como lo va a conseguir. Modelos exteriores para replicar en España no le faltan. En un entorno de escasez presupuestaria y presión de Europa por liberalizar los servicios, cada minuto que pase sin acelerar su transformación, peor para su futuro. Las ayudas terminarán y la competencia se impondrá. Hora, pues, de activarse. Si no, lo acabaremos pagando, as usual, entre todos.

No nos lo podemos permitir.

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