ONO: la ambición desmedida facilitó el fraude fiscal

Ha sido Agustín Marco el que ha destapado primero y seguido después el caso del presunto fraude de IVA en el seno de la cablera ONO. Un hecho desvelado tras la compra de la compañía por parte de Vodafone y que ha provocado que los bonus millonarios a los que se habían hecho ‘acreedores’ cuatro directivos de la compañía –entre ellos, su presidente, la consejera delegada y el director financiero– se encuentren ahora en el alero a la espera de lo que concluya el informe forensic encargado a Deloitte por la británica.

Pues bien, mala pinta tiene el tema.

De acuerdo con los datos que se han ido conociendo de dicha investigación, Rosalía Portela (CEO) y Carlos Sagasta (CFO) salen mal parados de la misma.

Habrían sido corresponsables por omisión de las irregularidades, toda vez que están documentadas las advertencias recurrentes de varios miembros del Comité de Dirección a la primera ejecutiva sobre la vulnerabilidad de un negocio –el de compraventa mayorista de minutos– escasamente controlado, de alto volumen pero bajísimo margen.

Unas admoniciones que se vieron reforzadas, primero, tras la notificación del expediente por parte de la Agencia Tributaria a ONO allá por el mes de febrero y, después, tras la repentina y sorprendente salida voluntaria de la compañía antes del verano de tres de los cuatro identificados finalmente como responsables de la operativa, alguno de ellos con un pasivo laboral envidiable –el último fue despedido disciplinariamente la semana pasada, coincidiendo con una nueva información de El Confidencial–.

Frente a tales reconvenciones, la directiva no sólo no adoptó las precauciones necesarias, sino que incrementó sustancialmente para este ejercicio 2014 los importes asociados a ese negocio, basado en la mera intermediación. Por si fuera poco, una vez que Hacienda puso en su conocimiento las investigaciones, prefirió contratar a un penalista como Ignacio Gordillo antes que dejar el tema en manos de un despacho especializado en fiscal, algo que hizo en contra de la recomendación de sus propios servicios legales.

Pero, además, del análisis de los datos recopilados por Deloitte se colige también una presunta falta de diligencia a la hora de poner esta circunstancia en conocimiento del consejo de administración –con las implicaciones que podía tener en caso de una salida a bolsa o enajenación del negocio, como finalmente sucedió– y del propio comprador. Cualquier mención a estos cambalaches desapareció de los papeles periódicamente elaborados por Sagasta hasta el punto de que uno de los accionistas de referencia, Providence, afirma que se enteró por los ingleses de su existencia.

Es a finales de junio, coincidiendo con la abrupta salida de los responsables del área, cuando se decide que Uría Menéndez tome las riendas del caso ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos. Su diagnóstico es demoledor, cuantificando el impacto en términos de impuestos defraudados y recargos y sanciones en una horquilla más o menos amplia alrededor de los 50 millones de euros. Sólo entonces se pone la situación en conocimiento de Vodafone, que comienza a actuar en consecuencia.

Tras recabar la información necesaria para abordar una decisión de esa repercusión, Rosalía Portela y Carlos Sagasta son despedidos de manera fulminante, a la vez que se recuerda al conjunto de la plantilla que cualquier comunicación de datos a los mismos puede terminar con los huesos del ‘informante’ en la calle por razones ‘objetivas’. Se congelan tanto sus variables (24 millones en el caso de la primera y 12,8 en el del segundo) como el de José María Castellano (24). Con base en lo acreditado documentalmente, incluidos correos con prebendas como regalos y viajes, se depuran responsabilidades internas hasta llegar a los cuatro acusados, que son señalados como únicos responsables materiales de los hechos.

¿Por qué los ya exdirectivos de ONO decidieron adoptar esta postura en lugar de, uno, depurar los riesgos, y dos, comunicar en tiempo y forma las investigaciones del fisco a sabiendas de que antes o después saldrían a la palestra? No hay respuesta para lo segundo. Se trata de una decisión innecesaria y absurda que puede tornar lo que anticipaban como gozo en un pozo judicial sin fondo. Salvo que infravaloraran su impacto, que también podría ser, en cuyo caso diría muy poco de ellos como gestores.

Sí que existe contestación a lo primero. Greediness, se llama eso; ambición desmesurada. Engordar artificialmente la vaca para mejor venderla. Lo que nunca se podrían imaginar es que vendría Montoro a aguarles de este modo la fiesta. Ahora, las copas de las que entonces disfrutaron, en forma de volátiles ingresos inflados, les pueden salir muy caras. Vaya que sí. Hay control de alcoholemia de la Agencia Tributaria. Y ONO supera con creces los niveles permitidos. Alguno lo va a tener que pagar de su bolsillo.