La ley del 130/30 que mata a la banca (y que Carmena y Colau ignoran)

Saben que hay un principio, el de Pareto, que es comúnmente usado a la hora de buscar eficiencias en cualquier organización, esto es: eficacia al menor coste posible.

En esencia viene a decir que un colectivo menor –que el italiano estimaba en el 20%–es responsable o dueño del 80% de los frutos de una actividad siendo por tanto inferior o incluso marginal (20%) la contribución del resto (80%) a la propiedad o el rendimiento de la misma. De cumplirse esta regla, el foco de cualquier gestorse tendría que poner en el primero de los grupos, minimizando el esfuerzo dedicado al segundo.

Su creador probó así, de manera empírica, una fórmula que todos experimentamos en mayor o menor medida en nuestra vida corriente.

Apúntense, si no, lo que hacen en el trabajo a lo largo de un día y me cuentan.

Pues bien, hay sectores en los que esa fórmula se distorsiona hasta límites insospechados, como, por ejemplo, en el caso de la banca. Es comúnmente aceptado dentro de tan denostada industria que la relación de Pareto sube hasta un revelador 130/30. Es decir, un 30% de los clientes han de lograr el 130% del resultado porque el 70% restante, simple y llanamente, cuesta dinero.

No sólo no es rentable, sino que drena.

Dicho de otro modo, quitando los clientes corporativos de calidad, el cliente de banca privada high o affluent, algún que otro particular, y el digital, del que se aprovecha la escalabilidad de la plataforma que le sirve –y que permite mejorar sustancialmente la ratio de eficiencia–el común de los mortales no cubre los costes del servicio que se le da si se imputan adecuadamente los gastos de estructura (si estos son los correctos o no, es harina de otro costal).

Será difícil que a las nuevas ediles les entre en la cabeza esta realidad, el necesario equilibrio entre el legítimo interés privado y el público

De ahí que buena parte de los esfuerzos actuales de los principales actores bancarios de España giren alrededor de dos ejes:

por una parte, incorporar más unidades a la categoría de los productivos –aumentado la porción de la cartera que se queda en la entidad de cada uno de ellas, share of wallet; mejorando la venta cruzada, cross selling; estableciendo mecanismos de gestión de relaciones, client relationship management o CRM y así sucesivamente–

y, por otra, librarse de cuanto lastre en forma de usuario improductivo de sus servicios pueda, de la manera menos costosa socialmente posible.

Esto, de hecho, es lo que está sucediendo de manera constante en nuestro país desde el inicio de la crisis, por más que sea un mensaje incompatible con la boca llena de la Responsabilidad Social Corporativa. Los rescates y la concentración de entidades han derivado en menos oficinas y empleados para una clientela estable en el que el retail puro y duro es abandonado a su suerte o reconducido a oficinas de mera transacción en las que la relación se estandariza.

Que si quieres arroz, Catalina.

No solo eso.

Probablemente estamos lejos de que concluya un proceso del que apenas han aflorado sus primeras manifestaciones. Veremos más ajustes y nuevas operaciones corporativas que ahondarán aún más en las diferencias entre los ricos y unos pobres que ni siquiera contarán ya, salvo contadas excepciones de marcado carácter regional, con el auxilio financiero que les podían prestar las cajas de ahorro cuando eran de fiar.

En el pecado de la quiebra de la confianza, llevan la penitencia de su desaparición.

Coincide este proceso con un momento en el que la banca española vuelve a estar en el punto de mira. No tanto por parte de observadores foráneos, que parecen haberse convencido ya de que hay caladeros de miserias contables mucho más ricos en los que pescar en el resto de Europa, sino de la política nacional gracias a laprevisible llegada a la alcaldíade las candidatas populares y populistas Ada Colau,en Barcelona, y Manuela Carmena,en Madrid.

Veremos más ajustes y nuevas operaciones corporativas que ahondarán aún más en las diferencias entre ricos y pobres

Como instituciones privadas que son, los bancos se deben a sus accionistas, para los que están obligados a maximizar el valor asegurando la subsistencia de la firma en el medio plazo, parte esta última olvidada por muchos de ellos en los años de la burbuja.

Así les fue.

Algo que no es incompatible con una función social que necesariamente ha de ser subsidiaria de la principal incluso en las entidades en las que participa el Estado pues, de renunciar a ganar dinero, jamás revertirían a las arcas del Tesoro el dinero empleado en su rescate y del que todos somos acreedores.

Será difícil que a las nuevas ediles les entre en la cabeza esta realidad, el necesario equilibrio entre el legítimo interés privado y el público. Son esclavas de unas promesas que chocan con la ley y con el statu quo corporativo mundial. Sin embargo, es lo que hay. Solo con el paso del tiempo, el aumento de la virtualidad y la desintermediación podrá corregirse ese desequilibrio del 130/30 que condiciona la rentabilidad de la banca y laobliga a tomar decisiones que, en tiempos de bonanza aparente, no eran tan perentorias para su supervivencia.

Lo más normal es que veamos una política concertada de gestos. Los suficientes para que las alcaldables puedan justificarse ante sus electores sin hacer demasiada pupa a los bancos.

Poco más.

Podrían, de hecho, empezar una guerra desde la atalaya de sus respectivas ciudades.

Pero la historia ha demostrado con creces que, cuando se trata de echar pulsos al Goliat financiero, Davidtiene todas las de perder.

Claro que, ya se sabe, la frontera entre valentía e irresponsabilidad es, en ocasiones, una línea demasiado fina.