Sin tregua: la norma IFRS 9 amenaza la recuperación de la banca

Ya hemos hablado en numerosas ocasiones de la peliaguda situación en la que se encuentra la banca, no sólo española, sino mundial. La crisis, no sin razón, ha limitado sus ámbitos de actividad a la vez que ha incrementado los requisitos legales para operar, con el consecuente impacto en su rentabilidad. Se trata de un tema recurrente en esta columna por lo que no nos vamos a alargar.

Las entidades financieras han emprendido una carrera sin tregua por tratar de acomodarse al nuevo entorno lo antes posible, actuando sobre sus recursos propios, sus activos en balance y su financiación. Fruto de ello es un aumento generalizado en los niveles de solvencia, un porcentaje de cobertura de riesgos más que razonable y una identificación de los mismos inimaginable ocho años atrás.

Pero, desgraciadamente, para supervisores y reguladores ya nada es suficiente.

Ahora que Basilea III empezaba a quedar atrás –con su exigencia de capital regulatorio fully loaded- una nueva amenaza se cierne sobre la industria. Es la sustitución del concepto de 'pérdida realizada' por el de 'pérdida esperada' que incorpora la norma contable IFRS 9 -aprobada en julio de 2014 por la IASB- que sustituirá de manera obligatoria a la IAS 39 desde el uno de enero de 2018; pasado mañana, como quien dice.

Una instrucción que lo que persigue es, en cierto modo, replicar ese provisionamiento anticíclico que en su día puso de moda el Banco de España sobre la base de la dotación anual no de un porcentaje fijo respecto al total de los créditos y préstamos concedidos, como era el caso español, sino de la probabilidad de fallido de los mismos en el futuro.

De este modo, se evitaría que afloraran, de repente y en el peor de los momentos, los frutos de una política de riesgos inadecuada en origen.

El problema llega cuando del bondadoso espíritu de la regla se intenta pasar a su concreción práctica debido a la indefinición que muestran las directrices del documento marco, cuyo resumen pueden encontrar en el siguiente enlace.

Por una parte, la clasificación de los activos exige a priori una elaboración de modelos de negocio y una identificación del destino de los flujos de caja que constreñirá aún más la actividad bancaria, restándole flexibilidad.

Esto es, no obstante, lo de menos.

Esta diferenciación determinará que un producto pueda o no ser valorado a coste de amortización o a un ‘fair value’ calculado internamente. Lo curioso es que para esta última operativa la IASB no fija un estándar común sino que delega la competencia de cálculo a cada banco. Algo que no estará exento de polémica entre competidores a futuro, al tiempo.

A partir de ahí, cualquier pérdida esperada, por circunstancial que sea, deberá ser reflejada tan pronto se perciba como provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias, no por la totalidad del quebranto sino por la parte proporcional correspondiente a los doce meses siguientes. Una medida acertada, dentro de la ambigüedad general, que evita que hechos coyunturales destrocen los beneficios.

Pero, y aquí llega the mother of the lamb, si hay un cambio macro o micro que ‘pudiera’ –la forma verbal es importante- provocar un ‘incremento sustancial’ en la probabilidad de mermas futuras, la provisión deberá extender su alcance económico a la vida del bien financiero de que se trate. Impagos de más de 30 días o bajadas de calificación son dos de los ejemplos específicos que se citan.

Prepárense pues para la volatilidad en los resultados de una industria cuya relación con todos sus stakeholders se basa en la predictibilidad, como requisito imprescindible para la generación de confianza, y para renovadas exigencias de capital destinadas a cubrir tales pérdidas potenciales, requerimientos de quita y pon en la medida en que el proceso puede ser de ida y vuelta si las circunstancias mejoran con el tiempo.

Bueno, McCoy, como siempre tan cenizo. No es tan mala cosa, la transparencia al poder.

Vale.

No sería tan relevante si no fuera porque su implantación no se va a circunscribir únicamente a los nuevos activos producidos o adquiridos desde la entrada en funcionamiento del IFRS 9 sino que afectará a la cartera histórica de las entidades, por lo que el susto dentro de tres años, cuando la recuperación -de confirmarse- pudiera conducir a una reversión en los niveles de provisionamiento, puede ser morrocotudo. Especialmente para algunos.

¿Cuánto de grande?

Por encima de 60.000 millones de euros para las 27 mayores instituciones financieras europeas de acuerdo con los cálculos de Barclays, que no es moco de pavo. Buena parte de estas entidades se están anticipando desde ya a lo que, en conjunto, supondrá un 34% más de dotaciones respecto a los niveles actuales Para la casa británica, Caixabank en España sería el banco más perjudicado por la nueva normativa.

Sea como fuere, nuestra banca está a la espera de una Circular del Banco de España que disipe las incertidumbres que antes hemos comentado (¿cómo?,  ¿cuánto?, ¿por qué?), haciendo uso de la facultad dispositiva que en el ámbito contable aún conserva frente al BCE. Será al calor de esas indicaciones, que se esperan para antes de que finalice el año, cuando veremos el impacto real en una industria, la española, que tras los ajustes recientes debería partir de una posición de salida ventajosa respecto a sus colegas europeos.

Poco consuelo parece.

De verdad, este sector pone un circo…