La segregación ¿inevitable? que espera a Telefónica

Ese era el titular de una columna que publicamos en ‘Valor Añadido’ el 22 de septiembre de 2010. Hace más de cinco años, que se dice pronto. El tiempo en el proceloso mundo de los medios de comunicación pasa volando. No se pueden ni imaginar hasta qué punto.

En ella cuestionábamos la afirmación, comúnmente aceptada por la industria en aquel entonces, de que "las descargas de aplicaciones serán la principal fuente de ingresos en los mercados desarrollados en los próximos tres años"’ (sic). Señalábamos que ni en sus mejores sueños, en un vaticinio para el que no había que ser muy avispados. Destacamos la amenaza real de nuevos 'players' como Skype (en ese momento, WhatsApp ni estaba ni se le esperaba) y la necesidad de reacción de las telcos por la vía de la puesta en valor de los distintos negocios.

Además, abordamos el tema de la neutralidad de la red en el caso de que las operadoras debieran dar prioridad a tráfico o contenido propio o de terceros. Una cuestión que nos llevaba a plantear lo siguiente:

"Si verdaderamente esta última realidad se concreta, y los 'incumbents' acaban compitiendo con los Apples, Googles y compañía, cobrará más sentido que nunca la idea de la separación, como ocurre en otros sectores como el eléctrico o el gasístico, entre infraestructura y negocio, entre autopista y conductores. El carácter fundamental para la vida cotidiana de la nación de su red de telecomunicaciones justificaría un régimen similar al que ahora disfrutan Red Eléctrica o Enagás, tanto regulatorio como en los mercados de capitales. Un proceso de segregación que, si nos atenemos al alarmista panorama presentado por Julio Linares a finales de agosto sobre las inevitables consecuencias para las compañías del statu quo vigente, actuaría en beneficio de las Telefónicas de turno, que se quitarían un lastre de encima.

Por el contrario, el modelo económico de los proveedores de contenido -que incluiría en igualdad de condiciones a las telcos 'tradicionales'- se vería alterado por la aparición de un inesperado coste de distribución que podría cuestionar la viabilidad de algunos de ellos, siendo su compensación un territorio no tan inhóspito a explorar lleno de escalabilidad, retos publicitarios, nuevos precios de venta o servicios Premium a explotar. No hay que olvidar que dicho gasto solo se generaría en caso que hubiera demanda final."

Pues bien, un lustro más tarde, la idea sigue siendo válida aunque mucho más complicada de ejecutar. Por aquel entonces, el desarrollo de la fibra era aún incipiente, algunas de las compañías que la estaban abordando se enfrentaban a serios problemas financieros y hubiera sido fácil para Telefónica consolidar para luego colocar la red a ahorradores o gestores institucionales ávidos de 'yield', estableciendo un régimen jurídico de inversión, mantenimiento y retribución de acuerdo con las distintas administraciones. No hubo perspicacia en el ‘incumbent’ español ni voluntad de atajar un problema venidero en el Ejecutivo. ‘Quod erat demonstrandum’.

Por el contrario, la situación actual es bien distinta, toda vez que se ha avanzado mucho en un campo en el que la evolución de la oferta de servicios por parte de las telcos, por un lado, y la escalabilidad para invertir que ofrece la consolidación que se ha producido en nuestro país, por otro, han expandido exponencialmente la fibra, encareciendo por tanto cualquier aventura integradora que se quiera realizar. Es en ese contexto en el que llega la decisión de la CNMC de obligar a Telefónica a abrir su red a terceros en aquellas plazas en las que la competencia sea insuficiente (el 74% del territorio nacional).

¿Qué puede hacer la firma presidida por Alierta ahora?

Aparte del llanto y el rechinar de dientes, buscar el consenso para una formulación como la que aquí se incluye. Sigue siendo la mejor, si no la única, solución. España no se puede permitir que Telefónica deje de llegar a donde su tamaño le permite, sacrificando en ocasiones rentabilidad por servicio. Además, las operadoras evitarían de este modo más duplicidades de las que ya hay y podrían hacer frente común ante los que usan sus infraestructuras y no pagan por ello. Y el Gobierno establecería un marco único sobre algo de tanto calado estratégico como las comunicaciones.

Puede que sea una idiotez pero, ya saben, es mi idiotez.

Su turno.