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A la banca le pilla el toro con MIFID II, su pronóstico es grave e inestable
El impacto tanto en comisiones como en adecuación de tecnología va a ser relevante
Ahora que el 'Financial Times' no deja de citar un día sí y otro también a la MIFID II y sus implicaciones para la prestación de servicios financieros a lo largo y ancho de la Europa comunitaria, procede hacer un diagnóstico de cuál es la situación en nuestro país, lo que necesariamente obliga a detenerse, en una sociedad tan poco desintermediada como la española, en nuestros bancos.
La conclusión no puede ser más demoledora.
A nuestro sistema bancario, con marcadas excepciones, le ha pillado el toro y se encuentra en una situación muy grave e inestable para estupor de consultoras y desarrolladores, que ven cómo les cae negocio del cielo de unos clientes que, dada la premura, se han convertido en precio aceptantes. Cómo será la cosa que hasta se habla de una prórroga más o menos encubierta de seis meses en la que la inspección mirará hacia otro lado a la espera de que se adecúen sistemas y procedimientos.
No será porque no venían avisados. La entrada en vigor se preveía para enero de 2017 y ya se prorrogó 12 meses en junio de 2016 a instancias de alemanes, franceses y británicos. Es verdad que la transposición a España de la directiva comunitaria, prevista para el 3 de julio pasado, se ha retrasado. Pero no es menos cierto que han sido las propias entidades financieras las que han provocado la demora, al tratar de arrimar la sardina al ascua de sus intereses. Con escaso éxito, por cierto.
Y es que buena parte de la acción de 'lobby' (paradójicamente llevada a cabo por Inverco y no por la AEB, ¿a qué señor sirve?) se ha centrado en proteger el llamado ‘cuarto supuesto’ que consolidaría la situación actual en términos de oferta de producto y remuneración mejorando los requisitos de comunicación, primero, y aceptación, después, de cliente o partícipe. Algo que choca de raíz con uno de los principios que inspiran la nueva norma: la transparencia y protección del inversor, toda vez que permanecería el potencial conflicto de intereses. De ahí que haya bastado una presión mínima de operadores alternativos para desmontar tal posibilidad.
Luego volveremos sobre esto porque, aun así, no está tan mal tirado.
El impacto tanto en comisiones como en adecuación de tecnología va a ser relevante. No en vano se impone la arquitectura abierta —lo que puede poner en evidencia el mal ‘performance’ de la propia oferta y los sustanciosos e injustificables ingresos asociados a la misma— y el cobro por asesoramiento y no por producto. Pueden verse afectados cientos de miles de millones de euros. Patrimonios en los que, hasta ahora, el vendedor se quedaba con un porcentaje relevante de los costes asociados al activo. El foco de la facturación salta del distribuidor al gestor. Y este, mejor independiente. Casi nada.
Si fuera un banco, lo vería como una oportunidad para dar un vuelco a un área de negocio que ha vivido de la inercia de la red de sucursales, pero… ¿para qué? 'Sic transit gloria mundi'.
Está por ver cómo acepta el cliente el cambio de modelo. En un país en el que a la gente le cuesta pagar por casi todo y en el que se prefiere mirar hacia otro lado antes que reconocer el impacto financiero de determinadas decisiones, el nuevo entorno puede suponer un choque de realismo de consecuencias imprevisibles. Cuesta creer que esté preparado y, no estándolo, al final se puede producir un efecto contrario al deseado: exclusión financiera del que no puede asumir el coste de ‘advisory’ y limitación de espectro por concentración en clases baratas pero que exigen importes elevados. Precisamente lo que denuncia Inverco.
El debate está ahí.
Su turno.