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Carbón para los conductores

Parecía que el Gobierno había comenzado a tener en consideración a los conductores, y en general al sector del automóvil, en los últimos meses del año

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Carbón para los conductores

Parecía que el Gobierno había comenzado a tener en consideración a los conductores, y en general al sector del automóvil, en los últimos meses del año recién terminado. La puesta en marcha del Plan PIVE en el mes de octubre y la posibilidad de aumentar la velocidad en las autopistas de peaje hasta 140 km/h, eran algunos argumentos que permitían ver con algo de optimismo el futuro. Además, la DGT acaba de hacer públicas las estadísticas de la siniestralidad en las carreteras y las cifras han sido bastante buenas, con una reducción de 180 personas en el número de víctimas mortales, lo que supone una rebaja del 12% con respecto al año anterior.

En el año 2000 perdieron la vida en las carreteras españolas un total de 4.241 personas, mientras que en 2012 esta cifra se ha reducido hasta las 1.304. Es decir, que comparando ambos años la rebaja de víctimas mortales ha sido de 2.937 personas, o lo que es lo mismo, un 70% de reducción. Los conductores parece que hacen su trabajo, aunque nunca es suficiente con tal de reducir víctimas en la carretera. Todo apuntaba, por ello, a que se tomara alguna medida positiva hacia este sector, pero no. Los Reyes Magos, léase nuestros gobernantes, han vuelto nuevamente a tomar al automóvil como el chivo expiatorio. Por supuesto, ya no se habla más de los 140 km/h en autopistas de peaje, pero sí de que en abril las carreteras que no tienen circulación desdoblada pasarán a estar limitadas a 90 km/h, cuando hasta ahora hay algunas zonas con límite de 100 km/h. Y no me parece mal esta medida en concreto.

Pero lo peor es que últimamente, desde diferentes organismos, se ha dejado caer la posibilidad de limitar la velocidad en ciudad a 30 km/h. Una limitación no sólo para algunas zonas concretas por su peligrosidad, ni en el centro de la ciudad, sino una restricción para todo lo que son tramos urbanos. Yo entiendo que hay zonas de una ciudad en las que hay que circular a 30 km/h, e incluso a menos. El viernes pasado estuve circulando por la ciudad de Segovia, por cierto una capital preciosa, y entiendo perfectamente que hay muchas zonas en las que es irracional ir más deprisa de 30 km/h. Y lo mismo ocurre en Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo o cualquier ciudad de España. Pero no tiene sentido recorrer el Paseo de la Castellana, que debe de tener 8 o 10 kilómetros, a una velocidad máxima de 30 km/h, parando entre medias en 50 semáforos y con el tráfico atascado.

Seguro que si finalmente se impone este límite de 30 km/h, todos y cada uno de los semáforos de la ciudad tendrán cámaras. Unas para pillar in fraganti a los que se saltan el semáforo en ámbar y otras para captar los excesos de velocidad de 30 km/h. En la Plaza de Castilla, donde están los juzgados, podrían poner un parking para parar a todos los infractores. Pero ojo, además de sancionar a los conductores normales de los coches, a los que se multa siempre, también tendrán que denunciar a los de los autobuses, a los policías, a los ciclistas y casi, casi, a los peatones. El ganador de la última maratón de Madrid marcó una velocidad media de 19 km/h en sus 42 kilómetros. El récord del mundo de los 400 metros lisos es de 43''18 centésimas, lo que supone una velocidad media de 33,3 km/h.

Es necesario atender los problemas de los conductores

Hace un par de años se impuso el límite máximo de 110 km/h en las autovías argumentando la necesidad de reducir el consumo de carburante y sólo unos meses después se volvió a la cifra de siempre. Si se llega a aplicar lo de los 30 km/h, supongo que será para reducir los atropellos en ciudad. Por el contrario, el consumo se va a disparar porque para ir a esa velocidad como máximo hay que rodar en segunda velocidad. Cuando se llega a este punto, el de los atropellos, siempre se habla desde la DGT de respeto mutuo, de compartir las calles y las carreteras, pero yo creo que no se hace con objetividad. Me parece bien que las calles de una zona céntrica tengan límites más estrictos y que si se considera necesario se limite la circulación. Por ejemplo, en la madrileña Puerta del Sol.

Pero lo que en ningún caso me parece correcto es que los peatones sigan cruzando por mitad de la calle, con el semáforo en rojo y que no pase nada aunque haya un guardia delante, y que siempre el conductor del coche sea el culpable de todo, simplemente por ser el más fácil de localizar para enviarle la correspondiente multa. Los nuevos gestores de la DGT van a acabar haciendo bueno a Pere Navarro, no el dirigente del PSC, sino el exdirector general de Tráfico, que propuso limitar a 30 km/h la velocidad en ciudad, pero solo en algunos tramos concretos. Pere Navarro no conducía y por eso no le importaban lo más mínimo los problemas o las necesidades de los conductores.

La nueva directora general de Tráfico sí sabe de lo que habla porque es una experta de seguridad vial, pero sus decisiones, quizá obligadas por la situación, empiezan a ser peores que las de Navarro. Y otra sorpresa de los Reyes Magos: esa normativa legal por la que los cobradores de las autopistas de peaje ahora son autoridad para poder denunciar a los que no paguen. Lo peor es que en el texto de la nueva ley se dice que podrán sancionar cuando el usuario de un vehículo no pague por el uso de las autopistas o autovías. Y esa generalización suena un poco peligrosa cuando desde hace tiempo ya se habla del pago por uso en las carreteras ordinarias.    

Parecía que el Gobierno había comenzado a tener en consideración a los conductores, y en general al sector del automóvil, en los últimos meses del año recién terminado. La puesta en marcha del Plan PIVE en el mes de octubre y la posibilidad de aumentar la velocidad en las autopistas de peaje hasta 140 km/h, eran algunos argumentos que permitían ver con algo de optimismo el futuro. Además, la DGT acaba de hacer públicas las estadísticas de la siniestralidad en las carreteras y las cifras han sido bastante buenas, con una reducción de 180 personas en el número de víctimas mortales, lo que supone una rebaja del 12% con respecto al año anterior.