El Consejo de Estado ridiculiza a la DGT

El nuevo Reglamento de Circulación, que la Dirección General de Tráfico presentó el pasado mes de mayo, ha sufrido un revés imprevisto en el Consejo de Estado. El informe elaborado por este organismo supone un importante varapalo a la nueva normativa reguladora del tráfico en España. Es más, llega a mofarse del texto de la DGT en algunos aspectos, como el de la velocidad de los peatones. 

Tras su aprobación por el Congreso y el Senado, el Reglamento sufre ahora un parón con este informe del Consejo de Estado en el que no queda casi ninguno de los cambios previstos sin una fuerte oposición. Y aunque los dictámenes del Consejo de Estado no tienen carácter vinculante, no parece probable que el Consejo de Ministros pueda aprobar ahora sin cambios dicha normativa.

Hay puntos polémicos en casi todos los sentidos. Uno de ellos es sobre el límite de velocidad a 130 km/h en algunas zonas. El informe indica que un conductor no puede demostrar de ninguna manera fehaciente que estaba permitido por un panel que la velocidad se aumente a 130 en una zona concreta, lo que crea indefensión jurídica. En esta columna, en el mes de mayo pasado aconsejábamos a los conductores que cuando entrara en vigor el Reglamento no superaran los 120 km/h, aunque estuviera indicado que se podía circular a 130 km/h por la misma causa. Este aumento del límite de velocidad también supone, según el Consejo de Estado, una disminución de la conciencia de riesgo que los conductores tienen hacia la velocidad en las carreteras.

Elevado coste económico

Otro aspecto importante analizado por el Consejo de Estado es el cambio de los límites genéricos de velocidad en todas las carreteras que no son autovías o autopistas. Esto va a suponer una inversión incalculable en nuevas señales en todas las carreteras, algo que la DGT no ha analizado con el ministerio de Fomento, según el organismo. A esto se añade que todos los conductores van a tener que aprenderse, y aplicar esos nuevos límites de manera permanente… hasta que llegue un nuevo Reglamento en dos o tres años que volverá a cambiar estos límites.

Lo que analiza en tono jocoso el Consejo de Estado es esa norma que dice que los vehículos en los que su conductor circule a pie no sobrepasarán la velocidad del paso humano.  Para este organismo eso significa prohibir hacer footing por las calles, por ejemplo. Por su parte la DGT ha aclarado, posteriormente, que en realidad se refiere a ciclistas y a usuarios de los nuevos vehículos, de tipo patinetes y demás, que circulan por las aceras.

La Dirección General de Tráfico también aclara, tras el varapalo recibido, que nunca va a multar a los peatones que vayan corriendo por la acera. Las leyes tienen que ser muy precisas y no dejar a juicio de un Policía o de un funcionario de un organismo a quién se denuncia y a quién no. Y con el Reglamento tal cual está enunciado se puede sancionar a una persona haciendo footing por la calle.

La polémica del casco para los ciclomotores también tiene su miga. Hasta ahora estaban permitidos los cascos no homologados, que tienen un precio más bajo que los que han pasado la homologación. La DGT estima que el sobrecoste de un casco homologado es de unos 20 euros, cuando según el Consejo de Estado su precio oscila entre 70 y 900 euros. Pero lo más curioso es que la DGT, que tanto mira por la seguridad de los conductores de ciclomotor, no aplique el mismo criterio para los ciclistas, ya que los de más de 16 años no tienen obligación de usar el casco en ciudad.

Otro aspecto polémico es el de usuarios de la vía que se hace en el borrador de Reglamento. En esta definición se incluye a conductores y peatones y por ello estos últimos se ven sujetos a realizar pruebas de alcohol y de drogas con los problemas que eso planeta a normas de libertad incluidas en la Constitución.

En su duro informe el Consejo de Estado habla de que se deberían prohibir las fiestas populares y hasta las bodas, ya que con frecuencia en ellas se consume alcohol y si en las inmediaciones se produce un accidente, los peatones podrían verse involucrados. Y también hablan de los enfermos que deben tomar medicinas con ciertos componentes que darían positivo en controles de drogas y que si se aprueba el Reglamento deberían salir siempre para andar por la calle con su certificado médico en el bolsillo. 

En este sentido desde la DGT se ha aclarado que la Ley de Seguridad Vial vigente ya contempla la posibilidad de hacer controles de alcohol y drogas a los peatones implicados en accidentes, y que en el nuevo Reglamento solo se copia el mismo texto. Pero aclara que nunca se le quitarán puntos a un peatón por dar positivo por alcohol.

Sobre la reducción de velocidad en zonas urbanas, a 30 km/h en casi todas las calles excepto las que tengan dos carriles en cada sentido o más, el Consejo de Estado dice que invade competencias de los ayuntamientos por lo que podría ser recurrida esta ley. Y añade que también podría colapsar la circulación de las ciudades, pero la DGT advierte que “esta velocidad podrá ser aumentada por los ayuntamientos si lo estiman oportuno por motivos de fluidez de la circulación”.

Llevamos desde mayo hablando de los límites viejos, los límites nuevos, los cambios de la legislación y al final el problema es que los conductores no saben exactamente cómo tienen que circular para hacerlo legalmente. Y eso es lo mejor para la DGT, porque sus agentes pueden multar a millones de conductores que no conocen con precisión las normas. Es más, yo creo que ni siquiera algunos agentes saben todas las normas que tienen que aplicar. Solo saben que su superior les dice cada mañana “a todo el que pase de x km/h le multas” y el agente lo hace. 

No soy un experto en leyes, pero estar meses elaborando una nueva ley y que luego esté llena de imprecisiones que van a crear muchos problemas de interpretación y con un texto que va a requerir nuevas revisiones en breve es una auténtica chapuza.

En España, desgraciadamente, no se legisla para el futuro, solo se legisla a cuatro años vista. Cada vez que un partido llega al Gobierno lo primero que hace es fijarse tres, cuatro o cinco temas para abordar y legislar sobre ellos. Y el partido de la oposición lo que hace es decir que lo primero que hará cuando llegue al Gobierno será derogar esas leyes. Ejemplos, la “ley Wert” de educación, la ley del aborto (ni siquiera aprobada) y las de tasas judiciales de Gallardón o la ley de Seguridad Vial de Jorge Fernández Díaz. Por contra, el Código Civil o el Código de Comercio vigentes son del siglo XIX.