¿Para qué sirve un pacto de Estado si nadie cumple con su parte?

Todos y cada uno de los implicados en dicho pacto quieren seguir haciendo lo que les dé la gana y que sean los otros los que cambien de actitud para que las cosas mejoren

Foto: La siniestralidad subió en 2016 tras 20 años de descenso. (EFE)
La siniestralidad subió en 2016 tras 20 años de descenso. (EFE)

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reiteró el pasado jueves la necesidad de implicación y compromiso de todas las instituciones públicas y privadas y la activa participación de toda la sociedad civil para alcanzar un pacto de Estado por la seguridad vial. Su objetivo prioritario debería ser la reducción de víctimas en las carreteras y conseguir una movilidad segura, sostenible, competitiva, universal y saludable. Estas declaraciones las hizo durante la ceremonia de la IX edición de los Premios Ponle Freno, en el Senado.

El titular de Interior destacaba que este acuerdo debe estar consensuado por todos los grupos políticos y representar un compromiso social para que se puedan alcanzar los retos establecidos en la estrategia de seguridad vial 2011-2020, alineada con el Plan de Acción de Naciones Unidas y buscando un consenso para la reducción del número de víctimas.

Por supuesto estoy totalmente de acuerdo con todas estas ideas lanzadas por el ministro, pero no dejan de ser un más de lo mismo en el que llevamos instalados desde hace muchos años. Pero es muy difícil conseguirlo. Ese pacto del que tanto hablamos cuando hay que referirse a la seguridad vial debería pasar por unas decisiones que nunca se toman.

Por ejemplo, en materia de mantenimiento de las carreteras. El déficit que acumulan de los últimos años de crisis es de más de 6.600 millones de euros, pero este tema nunca forma parte de ese supuesto pacto de Estado. Eso sí, España tiene más kilómetros de carreteras desdobladas que Alemania, pero una vez construidas se dejan olvidadas.

O en materia de educación vial, sin duda la clave para que las carreteras dejen de ser un territorio sin ley en el que cada uno hace lo que le da la gana sin ni siquiera plantearse que hay unas normas que cumplir y que todos, sin ninguna excepción, debemos acatar esas normas.

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. (EFE)
Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior. (EFE)

En España nos hemos acostumbrado a que para analizar cualquier circunstancia hay que determinar primero quién lo ha hecho, para después saber si está bien o mal. Pero ese relativismo no debería existir ante la ley. Si un coche circula a 200 km/h por una carretera, da igual que sea alcalde, policía, ministro, juez o presidente del Gobierno, debería penar su culpa como cualquier otro ciudadano. La ley es igual de ley para todos los ciudadanos y para todos los organismos públicos. Pero esa es solo una teoría más, que tampoco se cumple. No tiene sentido que si un conductor se despista y se salta un semáforo tenga que pagar una multa, pero que si un agente de la Guardia Civil se equivoca al multar no pase nada.

Me refiero al caso en el que se pone una multa a un conductor sin aplicarle correctamente el margen de error legal del velocímetro. Al funcionario no se le impone ninguna sanción por su error, y el ciudadano tiene que gastar su tiempo y su dinero para defenderse de este atropello. Y lo peor es que pese a las numerosas sentencias de los jueces por el criterio aplicado por la Dirección General de Tráfico (DGT) no se impone una sanción al director general del organismo, como máximo responsable a la hora de decidir cómo aplicar las normas de tráfico.

Y los ciudadanos también tenemos una parte importante de culpa en esto de los accidentes de tráfico. Cada día se ven más locuras en las carreteras, más excesos de velocidad, más adelantamientos en prohibido de personas que ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo, peatones que van por mitad de la calle sin mirar o que cruzan una calle mirando su móvil, o ciclistas saltándose todas las normas de tráfico. Aunque, lógicamente, la mayoría de peatones, de ciclistas, de motoristas o de conductores sí cumplen con las normas, pero cada excepción puede suponer una víctima más.

Nadie cumple su parte

Cuando se habla de un pacto de Estado, algo que cada día es más frecuente en casi todo en nuestra sociedad, lo que yo entiendo que significa en realidad es que todos y cada uno de los implicados en dicho pacto quieren seguir haciendo lo que les dé la gana y que sean los otros los que cambien de actitud para que las cosas mejoren.

Desgraciadamente, lo del Pacto de Estado de Zoido se quedará en que las carreteras seguirán exactamente igual, porque el poco dinero que hay siempre es para hacer más infraestructuras del AVE; seguirá sin aplicarse la obligatoriedad de que en los colegios se imparta educación vial; el parque español se vehículos continuará siendo de los más viejos de Europa; y la Guardia Civil seguirá sancionando sin aplicar el margen de error legal.

Es más, la DGT ya trabaja en la nueva reforma del Reglamento de Seguridad Vial, esa que lleva aparcada dos años en un cajón, y seguro que trae nuevas limitaciones, más radares y también más multas. Pero el problema no es que los límites de velocidad sean altos, sino que nadie los cumple.

Y en el caso de los ciudadanos, en nuestras carreteras cada día habrá más conductores borrachos o drogados, seguirá habiendo muchos conductores que llevarán a sus hijos sin el cinturón y todavía quedarán conductores de los que piensan que hay que llegar el primero cueste lo que cueste aplicando esa norma en cada curva, en cada adelantamiento o en cada semáforo.

Automaníacos

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