Es noticia
La consecuencia más negativa para España por el lío con el diésel y el método WLTP
  1. Motor
  2. Automaníacos
Carlos Cancela

Automaníacos

Por
Carlos Cancela

La consecuencia más negativa para España por el lío con el diésel y el método WLTP

Aunque las matriculaciones crecieron en el conjunto del año (+7%, con 1,32 millones de unidades), el parque de turismos no se rejuveneció

Foto: Para mejorar la calidad del aire en las ciudades hay que reducir el tráfico y retirar los coches más viejos.
Para mejorar la calidad del aire en las ciudades hay que reducir el tráfico y retirar los coches más viejos.

El mercado español del automóvil lleva cinco meses continuados de descensos, lo que mantiene el parque automovilístico como uno de los más viejos de Europa. Hay diversas causas como la guerra abierta contra el diésel y, sobre todo, la llegada del nuevo método de homologación de vehículos con el procedimiento WLTP.

Según un estudio elaborado por BBVA Research (aquí puedes consultarlo), si no hubiera entrado en vigor el nuevo ciclo de homologación WLTP, en septiembre del año pasado, se habrían matriculado entre 35.000 y 40.000 turismos y todoterrenos más en el mercado español en 2018 (la industria automovilística significa un 10% del PIB español). Según este informe, el adelanto de las compras de automóviles en verano, provocado por la aplicación del nuevo protocolo de homologacióndesde septiembre, motivó un descenso significativo de las matriculaciones de turismos en el cuarto trimestre. El informe de la entidad financiera señala que, aunque las matriculaciones crecieron en el conjunto del año (+7%, con 1,32 millones de unidades), el parque de turismos no se rejuveneció.

Hay un dato peor aún: las transacciones de automóviles de ocasión aumentaron un 6,6% el pasado año, hasta superar 2,1 millones de unidades. Y de ese importante volumen de coches de segunda mano, muy superior al de los nuevos, un 60% sobrepasaban los diez años de antigüedad cuando fueron transferidos.

La antigüedad del parque móvil repercute en la contaminación y en la reducción de las víctimas de accidentes de tráfico

Ese es un problema grave que tiene su repercusión en dos aspectos fundamentales como son la reducción de la contaminación y la lucha para reducir las víctimas del tráfico. Hay una gran polémica con el tema de las emisiones y de los vehículos diésel. Un coche con más de 12 años de vida, la edad media del parque español de automóviles, provoca una alta contaminación. Y da igual que sea un gasolina o un diésel. Sea el que sea, cualquier coche viejo contamina mucho.

Donde el vehículo diésel es peor es en sus emisiones de óxidos nitrosos, y ahí es donde más se ha mejorado en los últimos años. Un coche diésel actual ha reducido su nivel de emisiones de NOx más de un 90% respecto a un vehículo similar de hace 10 años. Y en estos momentos un diésel es perfectamente comparable con uno de gasolina, que también han mejorado mucho en estos años.

El otro aspecto clave es la seguridad vial. Cada día, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) se habla de reducir, prohibir, limitar o poner más radares. También se habla de que todos los coches deberían llevar más sistemas de seguridad, equipamientos como el control de crucero adaptativo o la frenada de emergencia automática. Lo que hay que conseguir, por el bien de toda la sociedad, es que se retiren de la circulación los coches más viejos, los diésel con más de diez años o los que tienen solo ABS y unos 'airbags' caducados y fuera de servicio. Y para conseguirlo hay que ayudar a los ciudadanos, o al menos evitar que tengan una verdadera sangría de impuestos.

placeholder El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes de 7.637 millones en la integración del AVE. (EFE)
El Tribunal de Cuentas detecta sobrecostes de 7.637 millones en la integración del AVE. (EFE)

Impuestos al uso

Es muy bonito aconsejar desde el Gobierno que se compren coches de gasolina o vehículos eléctricos. Estos últimos son mucho más caros y eso hace que directamente los ciudadanos paguen más impuestos. O que se compren coches con el equipamiento máximo de seguridad. Hay que tener en cuenta que pagar 1.210 euros adicionales, por ejemplo, para incorporar como equipamiento opcional más ayudas a la conducción supone que Hacienda recauda otros 210 euros más.

Si hablamos de un coche eléctrico, que cuesta el doble que uno de gasolina, por ejemplo, el ciudadano responsable que se compra este coche para no contaminar en realidad paga el doble de impuestos. Si Francia lleva dos años con un plan de ayudas de 6.000 euros al comprar un coche eléctrico no es para que los fabricantes ganen más dinero, sino para igualar, al menos en cuanto a impuestos, los dos tipos de motorización.

Si hablamos de seguridad vial, la DGT apuesta por las ayudas a la conducción, pero que yo sepa nadie en el Gobierno se ha planteado hacer un plan de ayudas para que no se pague el IVA de estos sofisticados sistemas que suponen un sobrecoste, pero que permiten mejorar mucho la seguridad vial.

También ayudaría hacer un mantenimiento de las carreteras para reducir la siniestralidad en España. La Asociación Española de la Carretera (AEC), hizo en 2018 una estimación sobre el presupuesto necesario para poner al día en mantenimiento las carreteras españolas. La cifra estaba por encima de los 7.000 millones de euros. Pero en España no se invierte nada en un aspecto clave como este. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha detectado unos sobrecostes en el acceso del AVE a varias ciudades españolas por un importe de más de 7.000 millones de euros.

El problema fundamental es que el automóvil, el transporte o la movilidad en general son solo formas de recaudar cada día más dinero para luego gastarlo en sobrecostes, en informes, en estudios o en asesores. Pero sobre todo en el AVE, que sea cual sea el partido que gobierne siempre es la prioridad para todos los políticos españoles. ¿Por qué será?

El mercado español del automóvil lleva cinco meses continuados de descensos, lo que mantiene el parque automovilístico como uno de los más viejos de Europa. Hay diversas causas como la guerra abierta contra el diésel y, sobre todo, la llegada del nuevo método de homologación de vehículos con el procedimiento WLTP.