UGT presiona a la ministra de Industria, Reyes Maroto, para que se reduzca el incremento del Impuesto de Matriculación que se producirá a partir del 1 de enero como consecuencia de la entrada en vigor de los reglamentos de homologación WLTP. El sindicato lo hace, lógicamente, para defender los puestos de trabajo de la industria del automóvil y también los del sector comercial ante un incremento de los impuestos que va a repercutir negativamente en el mercado. Esta decisión se suma a la petición generalizada de todo el sector.
Por otra parte también el sindicato socialista ha destacado que no tiene mucho sentido que sea el ministerio de Transición, que dirige Teresa Ribera, el que controle esta situación cuando en realidad el ministerio que está más al día de los problemas que afectan al sector es el de Industria. Sobre todo porque es el que puede poner en valor los más de dos millones de puestos de trabajo que dependen directamente del sector del automóvil en España y que se ven amenazados por este nuevo incremento del impuestos.
La entrada en vigor de la nueva normativa de homologación impuesta por la Unión Europea hace que todos los coches emitan entre un 10 y un 20 % más de CO2 que hasta ahora. Pero ojo, no es que realmente vayan a emitir más. Emitirán exactamente lo mismo a igualdad de modelo, lo que ocurre es que al medirse de otra manera, los nuevos "valores oficiales" son superiores.
Esta es la razón por la que UGT ha trasladado a la ministra su punto de vista de que hay que modificar la normativa española del Impuesto de Matriculación basada en las emisiones homologadas de los vehículos. Un impuesto que no se aplica en ningún otro país de la Europa más próxima. Además, la propuesta de UGT supone un criterio muy inteligente, aplicar una subida del límite exento de dicho impuesto, que hasta ahora era de 120 g/km, y que en su opinión debería aumentarse. Es una medida muy sensata, porque buena parte de los vehículos que se fabrican en España estarían por debajo de ese nuevo límite, lo que permitiría reducir la previsible caída del mercado a partir del 1 de enero para los coches españoles. Pero sobre todo, fortalecer la industria española.
Por supuesto, sería una medida muy importante para apoyar al sector del automóvil, a la industria y también al sector comercial, pero tampoco podemos olvidar la posición del ciudadano. El parque de automóviles en España está muy envejecido y un nuevo frenazo de las ventas supondrá un empeoramiento de esta situación. La media de edad de los vehículos en circulación en España se acerca peligrosamente a los 13 años, una de las mayores de Europa.
Eso significa que tenemos rodando por nuestras carreteras y por las calles de nuestras ciudades auténticas bombas de relojería, coches con 15 o 20 años. Lo son por no tener las medidas de seguridad que hoy son casi obligadas en los coches nuevos, pero inexistentes en coches con más de 10 años de vida. Y también por sus elevados niveles de contaminación, no solo de CO2 sino también de óxidos nitrosos y partículas no quemadas.
Si un español pensaba comprar un coche nuevo en 2021, para mejorar su calidad de vida, para tener un coche más eficiente y menos contaminante pero sobre todo mucho más seguro, ahora en muchos casos no lo va a poder hacer o va a retrasar esta decisión. Y la culpa es que se van a aumentar los impuestos de una manera artificial gracias a esas siglas WLTP.
Que a partir de enero cada coche nuevo vaya costar entre 800 y 1100 euros más que el 31 de diciembre es algo abusivo. Sobre todo porque no es que el Gobierno diga que va a aumentar los impuestos a los coches más contaminantes pero va a bajar los de los vehículos más ecológicos. Los vehículos eléctricos y los híbridos enchufables van a seguir pagando una cantidad por IVA bastante más alta que los diesel o de gasolina. La razón es que al ser el impuesto del IVA un 21% del precio antes de impuestos y ser los coches al menos un 25 o un 30 % más caros, se recauda más IVA con ellos.
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