El fiscal de Seguridad Vial rebaja los límites legales de alcohol para conducir

Quieren acabar con el automóvil en España, está claro, pero lo que no se han dado cuenta es que necesitan del automóvil para conseguir más de 30.000 millones de euros que los automovilistas pagamos en impuestos cada año. A esta cantidad habría que sumar las multas que impone la DGT y las que desde ahora van a poner los policías municipales por los excesos de velocidad. Se puede tapar de muchas maneras, lo intentan cada día, pero lo único que buscan es arruinar a los ciudadanos y reducir su libertad a la mínima expresión para tener un control absoluto de nuestras vidas.

Pedro Sánchez viaja en helicóptero hasta Toledo y desplaza hasta doce coches oficiales solo para decirnos que hay que acabar con los vuelos cortos y que todos los sitios a los que se pueda llegar en menos de dos horas y media habrá que hacerlos en tren. Habrá menos vuelos de aviones, pero vamos a invertir mucho dinero en el aeropuerto de Barcelona. Para llegar a Extremadura lo haremos en un coche eléctrico hasta que se nos acaben las baterías, porque el tren hasta la capital extremeña es del siglo pasado y no parece que vaya a mejorar en breve.

Cada vez que la DGT habla de algo, lo hace de radares, de excesos de velocidad, de reducir los límites de velocidad, de aumentar los impuestos, de implementar los peajes en todas las carreteras. Una política diseñada por alguien que odia el automóvil, más allá de su coche oficial que le lleva y le trae muy bien a todas partes. Cuando Pere Navarro dice que hay que pagar por el uso de las carreteras, lo que dice realmente es que los demás tenemos que pagar por el uso de esos viales.

La pasada semana el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, remitía un oficio a las policías locales de toda España para que incrementen el funcionamiento de los radares para detectar excesos de velocidad en el ámbito urbano. Es el paso siguiente tras aprobar la DGT una limitación genérica de 30 km/h en todas las ciudades españolas. Son los pasos básicos de la política de la DGT con Pere Navarro, se reduce el límite de velocidad, se ponen muchos radares nuevos... y a hacer caja.

Margen de error

Hace unos años la DGT comenzó a imponer sanciones a los conductores por exceso de velocidad sin cumplir el margen de error preceptivo. Y estuvo años incumpliendo la ley. Cada vez que un ciudadano recurría una sanción de la DGT, el juez competente anulaba dicha sanción por ilegal, pero como había mucha gente que no recurría las multas, la DGT cobró de manera fraudulenta millones de euros a los ciudadanos. Y no pasó nada.

Ahora el Fiscal Bartolomé Vargas ya se ha inventado el siguiente "timo oficial" de la DGT con las pruebas de alcoholemia. En el oficio enviado la semana pasada a las policías de toda España, el fiscal también pide que instruyan atestados por delito en el caso de que un conductor haya arrojado una tasa entre 0,40 mg/l y 0,60 mg/l, en caso de que haya signos claros de embriaguez. O que el conductor realice maniobras irregulares concurrentes que evidencien la influencia del alcohol en la conducción. Pero todo ello a pesar de que solo constituye delito la conducción con una tasa superior a 0,60 mg/l según la ley. Los policías ya no van a necesitar hacer pruebas de alcoholemia, que son muy caras, solo con su criterio tendrán bastante.

Vamos que "yo soy la ley" y aunque el texto legal dice que conducir con más de 0,60 mg/l, yo voy a meter en la cárcel a todo el que vaya conduciendo con 0,40 mg/l de alcohol en sangre. También puede añadir el fiscal que irán a la cárcel siempre que no sean de su equipo de fútbol o si no votan a su partido político. Además, los policías municipales ya no tendrán que fiarse de los controles realizados ya que si ellos creen que el conductor tiene un mayor nivel de alcohol en sangre que el marcado por el "aparato", solo con su criterio tendrán bastante para meter en la cárcel a quien quieran.

Hay que quitar de las carreteras a los conductores peligrosos. Soy el primero que busca ese objetivo, tanto conducir con exceso de velocidad como hacerlo tras consumir alcohol o drogas o hacerlo con el móvil en la mano... Todo lo que sea reducir la siniestralidad debería ser un objetivo prioritario de nuestra sociedad, pero cumpliendo la ley. Y para ello, la única manera de lograrlo es mediante la educación. Concienciar a los ciudadanos del peligro y la responsabilidad que supone conducir un vehículo es mucho más importante que sancionar, aunque también hay que utilizar esa vía como última opción en las casos más problemáticos.

Pero lo que hay que hacer es trabajar muy duro para lograrlo cada día y cumplir las leyes. La ministra de educación sacó adelante su polémica ley de educación y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Supongo que educar a los ciudadanos para que entre todos reduzcamos la siniestralidad vial no va con ella. El Fiscal de Seguridad Vial ya le ha dicho a los policías lo que tienen que hacer, aunque sea ilegal, y a partir de ahí a descansar.

Lo más importante es que en unos años no tendremos coches particulares en España, ni tampoco habrá trenes para desplazarnos entre provincias, pero eso sí, vamos a tener una NASA española para que nuestros políticos puedan ir en cohete de Madrid a Badajoz a dar sus mítines o a Barcelona, si llegan a un acuerdo con la NASA catalana.