Hablar sobre 'enfermedad mental' tras un tiroteo masivo es echar balones fuera

“Era una persona enferma, un demente”, dijo el presidente Trump al tratar de explicar el último tiroteo masivo hasta la fecha en Estados Unidos. Oímos esta idea expresada de forma rutinaria tras cada nuevo incidente de este tipo. Pero es una forma de esquivar la cuestión, una distorsión de los hechos y una manera de echar balones fuera respecto a la respuesta que se necesita.

No hay evidencias de que el tirador de Las Vegas estuviese loco (prefiero no usar su nombre y darle así publicidad, incluso postumamente). No tenía un historial de enfermedad mental que sepamos, ni se le había señalado por ningún comportamiento que sugiriese semejante condición. Claramente era un hombre malvado, o al menos un hombre que hizo algo realmente malvado. Pero malvado no es lo mismo que loco. Si definimos los intentos de quitar vidas a otros seres humanos como locura, entonces cada asesino es un loco. Si no, deberíamos admitir que es un término sin significado que añade poco a nuestra comprensión del problema.

En realidad, la rápida asunción de una enfermedad mental distorsiona el debate. En primer lugar, calumnia a la gente que tiene desórdenes mentales. Esas personas no son inherentemente propensas a la violencia. A menudo son más víctimas de violencia que perpetradores. Y en la medida en que algunos son violentos, tienen más probabilidad de hacerse daños a sí mismos que a otros. Las cuestiones de enfermedad mental están más directamente relacionados con los suicidios que con los homicidios.

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En segundo lugar, el prestar atención inmediatamente a la “enfermedad” del tirador y pedir compasivamente un sistema mejor de salud mental es, con frecuencia, un intento de distraer la atención de la cuestión principal: las armas (es también cínico en extremo porque los políticos que usan esta retórica son a menudo los mismos que intentan recortar la financiación para el tratamiento de los problemas de salud mental). Toda conversación sobre muertes por armas de fuego debería empezarse reconociendo un hecho abrumadoramente claro sobre este problema: EEUU está en su propio mundo. La tasa de muertes relacionadas con armas en Estados Unidos es diez veces mayor que la de otros países industriales avanzados. Lugares como Japón o Corea del Sur tienen cerca de cero muertes de este tipo al año. EEUU tiene alrededor de 30.000.

Esta disparidad es el hecho central que debe ser estudiado, explicado y afrontado. Visto bajo esta luz, resulta obvio por qué enfocarse en la salud mental es un subterfugio. La tasa de enfermedad mental en EEUU ni se acerca a 40 veces la tasa en el Reino Unido, pero la tasa de muertes por arma de fuego es 40 veces más alta. Estados Unidos tiene más de 14 veces el número de armas per cápita en el Reino Unido, y muchas menos restricciones sobre su propiedad y uso. Esa es la correlación obvia ante nuestros ojos, y seguimos insistiendo en hablar sobre cualquier otro asunto.

Y no es simplemente un caso de que Estados Unidos sea diferente del resto del mundo desarrollado. El escrutinio cuidadoso de los datos a lo largo y ancho de EEUU da una correlación similar. Los estados que tienen algunos de los porcentajes más elevados de propiedad de armas tienen algunas de las tasas más altas de muertes por arma de fuego (Alaska, Wyoming, Montanta, Arkansas), y aquellos con los porcentajes más bajos de propiedad por lo general tienen las tasas de muertes más bajas (Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island).

También están lo que parecen casi experimentos de ciencia social. Por una parte, Connecticut aprobó una ley en 1995 que dificultó la compra de armas. En la siguiente década, la tasa de homicidios por armas de fuego era un 40% menor de lo que se preveía si no se hubiese aprobado la legislación, según investigadores del Johns Hopkins Institute. ^Por otra parte, Missouri en 2007 hizo que comprar un arma fuese mucho más fácil. En los siguientes cinco años, la tasa de homicidios por armas de fuego fue un 25% superior a lo previsto.

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Cómo afrontar esta cuestión es un problema más complejo, que se hace particularmente difícil por el hecho de que nos negamos, literalmente, a estudiarlo. Durante dos décadas, a una de las principales agencias gubernamentales que financia la investigación sobre salud pública, el Centro Para la Prevención y el Control de las Enfermedades, se le ha prohibido por ley llevar a cabo ninguna investigación sobre violencia de las armas y políticas públicas. Enterrada en una ley de 1966 está una disposición, orquestada por la Asociación Nacional del Rifle, que prohíbe que el CDC financie investigaciones que puedan “promover o apoyar el control de armas”. En Estados Unidos, en 2017, esencialmente tenemos un veto contra la investigación científica que podrá llevar a conclusiones inconvenientes.

Dada la Segunda Enmienda, la cultura de las armas en EEUU y la influencia del lobby de las armas, no hay ninguna respuesta simple. Pero hay pequeños arreglos que supondrían una gran diferencia: investigación del expediente de los aspirantes a tener armas, sin excepciones; restricciones al armamento de estilo militar (en las que prohibir los mecanismos que permiten transformar fusiles en armas automáticas sería un pequeñísimo primer paso); prohibición en la venta a personas con un historial de violencia doméstica o abusos de drogas. Pero primero tenemos que acabar con las excusas y las distracciones. Cuando uno considera la obstinada inacción de EEUU ante esta continua (y prevenible) epidemia de violencia por armas de fuego, a veces me pregunto si no somos nosotros, todos los estadounidenses, los que estamos locos.