El Tribunal Supremo ya es tan disfuncional como el resto del sistema político en EEUU

La baja de mayor alcance de la batalla por la confirmación en el Tribunal Supremo no es Christine Blasey Ford o Brett Kavanaugh. Es el propio Tribunal Supremo y, por lo tanto, la democracia estadounidense. El tribunal era uno de los últimos bastiones en Washington que operaba por encima de las trincheras políticas. Ahora es parte de la disfuncionalidad que ha desbordado casi todo el sistema estadounidense.

Cuando escribí un libro sobre “democracia iliberal” hace 15 años, señalé que EEUU no era inmune a los peligros del populismo y podía ver erosionada su democracia liberal. Lo que había salvado el país eran los múltiples contrapesos al simple gobierno de una mayoría, incluyendo la Carta de Derechos, el Senado y el sistema judicial. A cierto nivel, el público parecía comprender y apreciar el papel de estos elementos estabilizadores gobernados por un código interno, no siempre gobernado por lo que demandaban las mayorías. Me chocó que, en las encuestas, las tres instituciones gubernamentales que recibían un mayor respeto eran todas fundamentalmente no democráticas: las fuerzas armadas, la Reserva Federal y el Tribunal Supremo. De ellas, este último era tal vez la más importante porque es, en muchos sentidos, el árbitro definitivo de la democracia estadounidense: el que toma la decisión final.

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La razón de que un público democrático admire a estas instituciones no democráticas no es muy misteriosa. Aristóteles creía que el mejor sistema político era un régimen mixto, uno que tenía aspectos de democracia pero también lograba estabilidad gracias a algunos órganos que, en lugar de dejarse llevar por el sentimiento público, veía un poco más allá y obedecía a un conjunto de valores más elevados (como la preservación de la libertad). Ese tipo de instituciones -enraizadas en la historia, la ley, la capacidad técnica- estaban explícitamente protegidas de los vientos cortoplacistas de la opinión pública, y servían como pilares de una democracia funcional.

A lo largo de los años, este tipo de instituciones en los Estados Unidos han tenido que hacer frente a desafíos feroces. Dos largas guerras, en Irak y Afganistán, han puesto a prueba la reputación del ejército. Las burbujas especulativas que provocaron la crisis financiera global hicieron que muchos cuestionasen la sabiduría de la Reserva Federal. Pero ambas instituciones han capeado estas tormentas, tal vez porque se les ha visto haciendo genuinamente todo lo que podían y funcionando como se esperaba. Los errores que cometieron, lo hicieron de forma honesta, y a menudo fueron corregidos. Ninguna institución es infalible, pero ambas fueron vistas como intentando cumplir los papeles que la sociedad esperaba de ellas.

No se puede decir lo mismo del Tribunal Supremo. Tal vez empezó en 2000 con el caso altamente político de Bush vs. Gore, en el que los conservadores del tribunal de repente abandonaron su tradicional principio de deferencia a los derechos de los estados y votaron de una forma abiertamente partidista. Algunos lo retrotraen a 1987, cuando la izquierda montó una dura campaña contra el juez Robert H. Bork e hicieron descarrilar su nominación al Supremo. Sea cual sea la fecha de inicio, el tribunal ha perdido su reputación de imparcialidad y confianza, tanto que una empresa de demoscopia dice que “está en una posición más débil ahora que en casi cualquier punto de la historia moderna”. Durante las últimas décadas, la confianza de los estadounidenses en el tribunal ha pasado de un pico del 56% en los años 80 al 37% de hoy. Es probable que baje todavía más tras todo el asunto de Kavanaugh.

Ambos partidos tienen parte de culpa por esta caída, pero como en casi todos los aspectos del debate sobre el auge del partidismo y la polarización, los estudios confirman lo que es aparente para cualquier observador racional: el Partido Republicano, especialmente tras la “revolución republicana” de 1994, es de lejos el principal impulsor. Giró aún más a la derecha, inició la táctica de tratar a los rivales políticos como traidores y animó de forma activa el lenguaje incendiario que domina hoy nuestro discurso. El rechazo del Líder de la Mayoría del Senado Mitch McConnel en 2016 a cumplir con su con su obligación constitucional de considerar al juez Merrick Garland para el Tribunal Supremo fue simplemente el ejemplo más obvio de una estrategia perseguida durante años. Los demócratas han respondido imitando estas tácticas republicanas. Los políticos no practican el desarme unilateral.

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El sistema democrático estadounidense está diseñado para que requiera acuerdos. Nadie controla las múltiples palancas de gobierno, como en un sistema parlamentario. El primer ministro británico dirige simultáneamente el brazo ejecutivo y lidera una mayoría en el brazo legislativo. Pero en Estados Unidos, el sistema está pensado para tener muchas fuentes diferentes de poder y legitimidad, compartiendo todas las funciones de gobierno.

Para que la democracia estadounidense funcione, todos los elementos -las tres ramas del Gobierno, los partidos políticos, los estados y el centro- deben encontrar una forma de trabajar juntos. Y parte de lo que hace posible este tipo de cooperación es el sentido de que hay algunas instituciones, reglas y normas que no pueden caer en la vorágine de los partidos políticos. Algunas facetas del sistema deben enfocarse en el país en su conjunto, en su viabilidad a largo plazo, en sus valores centrales como república constitucional. Y de estas instituciones, una de las más importantes es el Tribunal Supremo. O era.