Diez años para un manifestante, cinco para un violador: ¿Qué revela el crimen de Sarah?

Boris Johnson no miente al asegurar que la normativa que se está tramitando ahora en Westminster busca endurecer las sentencias asociadas a violaciones y otros delitos sexuales, así como dificultar el acortamiento de penas para los condenados por ese tipo de crímenes. Es plenamente consciente de la repercusión que eso tiene en una sociedad conmocionada por el secuestro y asesinato de Sarah Everard, de 33 años, mientras volvía a casa sola. Como principal sospechoso ha sido detenido un agente de Scotland Yard.

Sin embargo, el primer ministro británico no está diciendo toda la verdad. El principal objetivo del mastodóntico proyecto “Ley de Policía, Criminalidad, Sentencias y Tribunales” es otorgar a los agentes más poderes para reducir protestas. Pero tras la polémica actuación de unos policías durante la vigilia que se celebró el fin de semana pasado en memoria de Sarah, este no es un enfoque sobre el que el Ejecutivo quiera ahora explayarse.

¿Downing Street quiere imponer controles desproporcionados a la libertad de expresión y el derecho a manifestarse? ¿Es normal que un manifestante pueda ahora enfrentarse a una pena de hasta diez años de cárcel, cuando la condena de un violador puede ser solo de cinco años?

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Sin el horrible asesinato de Sarah, el proyecto de ley quizá habría pasado de puntillas por el Parlamento, sin hacer demasiado ruido. Pero no ha sido el caso. La tramitación de la normativa coincide con un suceso que ha tocado profundamente a todas las mujeres que sienten miedo cada vez que tienen que regresar solas a casa. Y también con las duras imágenes de unos policías utilizando la fuerza para reducir en el suelo a participantes de una concentración que exigía más seguridad en las calles.

Desde marzo del año pasado, los agentes denuncian que se sienten desprotegidos cuando tienen que actuar en manifestaciones en plena pandemia para hacer cumplir las restricciones sociales que aún están en vigor en Inglaterra. En el caso concreto del pasado sábado, los organizaciones de la concentración decidieron cancelarla después de que las autoridades les advirtieran que se enfrentaban a multas de 12.000 euros. Pero eso no impidió que centenares de ciudadanos, incluida la mismísima Kate, mujer del príncipe Guillermo, se acercaran hasta el parque donde Sarah fue vista por última vez para depositar flores y encender velas.

El pasado verano, durante las protestas del movimiento 'Black Lives Matter' (Las vidas de los negros importan), los agentes decidieron no intervenir. Es más, algunos se arrodillaron como gesto solidario. Sin embargo, la vigilia del pasado fin de semana terminó en fuertes enfrentamientos con los participantes. En la actualidad, si la Policía quiere imponer restricciones a una protesta, tiene que demostrar que puede resultar en “un desorden público grave, daños a la propiedad o una alteración importante de la vida de la comunidad”. También puede imponer medidas específicas en las rutas. Cuando se trata de eventos masivos, los detalles se suelen discutir con los organizadores con semanas de anticipación.

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Sin embargo, si finalmente el proyecto “Ley de Policía, Criminalidad, Sentencias y Tribunales” sale adelante —como todo indica, ya que los conservadores tiene amplia mayoría en la Cámara de los Comunes—, los agentes tendrán aún más poderes. Entre otros, podrán imponer una hora de inicio y finalización de la concentración, establecer “límites de ruido” y aplicar incluso estas reglas a una demostración de una sola persona. Llevado al extremo, si hay un individuo sosteniendo una pancarta mientras expresa sus puntos de vista a través de altavoz y se niega a seguir las instrucciones de la Policía sobre cómo debe llevar a cabo su protesta, podría recibir una multa de hasta 2.500 libras (alrededor de 3.000 euros).

Por otra parte, también se convertirá en un delito no seguir las restricciones que los manifestantes “deberían” haber conocido, incluso si no han recibido una orden directa de un oficial. En la actualidad, los agentes deben demostrar que los manifestantes estaban al tanto de las reglas antes de acusarles de infringir la ley. El proyecto de ley incluye asimismo como delito “causar molestias públicas intencional o imprudentemente”. Esto está diseñado para evitar que los manifestantes ocupen espacios públicos, cuelguen sus emblemas en puentes o empleen otras tácticas de protesta para hacerse ver y escuchar.

Una última medida aclara que el daño a los monumentos conmemorativos podría dar lugar a una pena de hasta 10 años de prisión. Una clara advertencia para quienes intenten replicar la actuación de los manifestantes de 'Black Lives Matter' el pasado verano, cuando derrocaron la estatua del comerciante de esclavos del siglo XVII Edward Colston en la ciudad inglesa de Bristol.

Las demandas por parte de Scotland Yard para actualizar la actual “Ley de Orden Público” de 1986 venían ya de lejos. Las autoridades han mostrado en multitud de ocasiones su frustración al no poder hacer más para disminuir el impacto de las manifestaciones de 'Extinction Rebellion', el movimiento global creado en 2018 cuyo objetivo es influir sobre los Gobiernos de todo el mundo respecto a las políticas medioambientales mediante la resistencia no violenta con desobediencia civil. En 2019, las ocupaciones masivas de carreteras y puentes en Londres llevaron a los agentes al límite. Las concentraciones causaron daños materiales por valor de 16 millones de libras (alrededor de 19 millones de euros).

El Gobierno insiste ahora en que sus propuestas respetarán los derechos humanos y la libertad de expresión. Pero algunas organizaciones, como Amnistía Internacional del Reino Unido advierte que, si las medidas entran en vigor, habrá más escenas como las vividas en la vigilia del sábado pasado en recuerdo a Sarah.

En medio de un debate lleno de aristas, David Lammy, portavoz de Justicia de la oposición laborista, asegura que el proyecto de ley es un “auténtico desastre”. “Los conservadores quieren imponer penas de diez años de cárcel por derribar estatuas, cuando en el Reino Unido, la pena mínima por violación es cinco años, comparado con los diez de la India o los siete de Australia”, matiza. “¿Por qué decimos que derribar una estatua es más importante que el cuerpo de una mujer? Esa es la pregunta que debería hacerse al Gobierno”, añade.