Evitar el sufrimiento de la langosta hervida: la historia detrás de la ley más absurda pos Brexit

Los activistas que velan por el bienestar de los animales han condenado recientemente la venta de pulpos en un supermercado por 36 peniques (el precio original era de 1,41 libras), denunciando el poco valor que los humanos dan a “una de las criaturas más asombrosas que jamás hayan nadado en los mares”. “Juro que no merecemos este mundo”, señaló en un tuit Justin Webb, vegano y artífice de la foto convertida en viral en el Reino Unido, creando todo tipo de titulares.

36 pence for a dead baby octopus, one of the most amazing creatures to ever swim the seas.

I swear we do not deserve this world. 😢 pic.twitter.com/ln0yjeQcpv

— Justin Wookey Webb (@RainbowWookey) August 3, 2021

Para su tranquilidad, le gustará saber que el Gobierno de Boris Johnson está tramitando una ley en Westminster para reconocer, por primera vez de manera explícita, que los animales son “sensibles”, es decir, “tienen la capacidad de experimentar sentimientos y sensaciones”. En un principio, se aplicaba solo a los vertebrados. Pero tras el toque de atención de los medioambientalistas, se quiere ampliar ahora también a invertebrados como langostas y pulpos.

Por lo tanto, una vez se apruebe la normativa, para evitar el sufrimiento de estas criaturas, cualquiera que planee cocinarlas deberá matarlas primero “de una manera más humana” antes de hervirlas. Y es que, una vez ha salido de la UE, Johnson quiere convertir ahora el Reino Unido en líder mundial de los estándares de bienestar animal.

Opinión

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¿Estamos ante la ley más absurda de la era pos-Brexit? Lo estamos. Y no por el contenido, sino por el sinsentido de todo el contexto y la verdadera motivación de Downing Street para mover ficha. Una de las críticas persistentes al Ejecutivo de Johnson es que tiene una tendencia a formular políticas en respuesta a los titulares sin prestar atención a los detalles ni mucho menos a las consecuencias. Y el 'Proyecto de ley de bienestar [sensibilidad] animal', bautizado como la 'ley de la langosta', se ha convertido en el mejor ejemplo.

La normativa (que tiene solo tres páginas y seis cláusulas) puede ser bien intencionada, pero está mal redactada, mal planteada, mal gestionada y ahora corre el riesgo de abrir la puerta a arduas batallas legales aplicables a todos los campos, desde la agricultura a la medicina, construcción y comercio. Las propias filas 'tories' y los donantes del Partido Conservador están en contra. Por no hablar de la pesadilla de trámites burocráticos. ¿Se acuerdan cuando los 'brexiters' decían que había que salir de la UE para evitar la burocracia?

Querer ser más que la UE

El origen de la polémica no está en los recientes tuits sobre los pulpos baratos. Hay que remontarse a noviembre de 2017, cuando el Reino Unido estaba incorporando las normativas de la UE a su marco legal, en preparación para su salida del bloque. Entonces, Theresa May (¿se acuerdan de ella?) era la que estaba al frente el Gobierno. Pero era solo en teoría, porque en la práctica había perdido ya toda autoridad ante sus filas, en aquel momento además sin mayoría absoluta. Todo le salía mal y los rebeldes finalmente forzaron su dimisión.

La sensibilidad animal es reconocida en la UE, pero no en forma legislativa. En consecuencia, no se replicó en la normativa británica. Pero los activistas alertaron de que se estaba poniendo en riesgo el bienestar animal y la oposición laborista propuso una enmienda para no desaprovechar la oportunidad de desacreditar una vez más a la pobre May. La entonces primera ministra objetó la enmienda, argumentando que la legislación británica sobre bienestar animal era mucho más completa que la de la UE. Y tenía razón.

El Reino Unido reconoce la sensibilidad animal desde 1822, cuando se aprobó una ley para prevenir la crueldad hacia el ganado (54 años antes de cualquier normativa de protección de derechos de los menores). Además, la cláusula de sensibilidad de la UE es más débil que cualquier otra ley británica. Señala que “dado que los animales son seres sensibles”, los legisladores deben tratar de tener en cuenta su bienestar, pero “respetando las disposiciones legislativas o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a los ritos religiosos, las tradiciones culturales y la actividad patrimonial regional”. Cuando se redactó el artículo 13 del Tratado de Lisboa, España habría vetado todo lo que impidiera las corridas de toros. Ahora quizás el Gobierno de Sánchez lo gestionaría de otra manera.

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La cuestión es que aquel debate de 2017 en Westminster terminó con titulares como “Los conservadores rechazan que los animales sientan dolor como parte del proyecto de ley Brexit”. Por lo que, presa del pánico, cuando el populista de Johnson tomó las riendas del partido se presentó a las generales de 2019 con un manifiesto que proponía un proyecto de ley de sensibilidad animal.

Las malas lenguas dicen que detrás estaba la influyente Carrie Johnson, mujer del primer ministro, quien tiene un trabajo como relaciones públicas con la Fundación Aspinall, un grupo de conservación animal, que actualmente está siendo investigado por supuesto conflicto de intereses.

La clave ahora del nuevo proyecto de ley es la creación de un poderoso Comité de Sensibilidad. No se especifica quién lo presidirá, los criterios para seleccionar a sus miembros o su coste. Ningún detalle, cero. Ni siquiera logra definir qué es la 'sensibilidad animal', allanando potencialmente el camino para la inclusión de especies cada vez más desconocidas, desde los escarabajos peloteros hasta las esponjas marinas.

Eso sí, lo que se recalca es que el comité podrá examinar “cualquier política gubernamental que esté siendo, o haya sido, formulada o implementada”. No solo en el Ministerio de Medioambiente, sino en todos los departamentos. Y aquí es cuando se lía todo. Mientras que Johnson dice a unos que la normativa acabará con el sufrimiento animal, a otros les insiste que es un gesto legal vacío que no cambiará nada. Pero está mintiendo. A unos y a otros.

Los ministros no estarían obligados a seguir los consejos, pero inevitablemente se verán sometidos a una fuerte presión para hacerlo. Eso podría suponer retrasar la construcción de una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow, digamos, porque los Triturus (de la familia de las salamandras) podrían sufrir estrés. Podría poner en riesgo la negociación de acuerdos comerciales con terceros países (¿no era esta una de las grandes razones para defender el Brexit?). Y, ante todo, podría acabar con el pequeño pueblo costero de Bridlington, en Yorkshire, bautizado como 'la capital europea de la langosta', con todas las consecuencias que eso conllevaría para la economía del país. Cada año, desembarcan 300 toneladas de langosta, cangrejo y camarón frescos. Más del 80% se exporta a Europa.

Si el Gobierno realmente quiere mejorar el bienestar de los animales, sería quizá mejor que se centrara en garantizar que se cumplan los estándares existentes. A pesar de todas las promesas de Johnson, el año pasado, el Índice de Protección Animal rebajó la calificación del Reino Unido de A a B, mientras que en algunas áreas, como el uso de jaulas de parto en la cría de cerdos, se están quedando atrás respecto a sus homólogos europeos. Mr. Johnson, si quiere ser usted líder mundial en la materia, lo que necesita es acciones, no una ley sin pies ni cabeza carente de todo detalle.