Cocaína en los baños de Westminster y por qué UK se ha quedado atrás en la lucha antidroga

El presidente de la Cámara de los Comunes, conocido como Mr. Speaker, está contemplando la posibilidad de utilizar perros adiestrados para detectar sustancias ilegales dentro del Parlamento, después de que once de doce lavabos examinados hayan dado positivo por restos de cocaína. Están repartidos por todo el edificio. Incluyen los baños mixtos en una de las zonas de prensa, los lavabos de hombres y mujeres cercanos al despacho del primer ministro e incluso los que están próximos al asiento del propio Mr. Speaker.

Distintas fuentes anónimas han revelado a The Sunday Times que la “cultura de la cocaína en Westminster” es 'vox populi'. Decenas de diputados, lores, consejeros, investigadores y empleados han compartido bajo el anonimato sus historias sobre abuso de drogas en los pasillos del poder. Dicen que hay de todo. Desde “nombres familiares de la casa” hasta “jóvenes y ambiciosos parlamentarios y funcionarios”. Sólo en el último año, dos camellos han sido arrestados y otras 13 personas han sido detenidas por poseer sustancias ilícitas dentro o en el entorno de las cámaras que dan cobijo a una de las democracias más antiguas de Europa.

Las revelaciones han creado su morbo. Entre otras cosas porque coinciden con el anuncio realizado esta semana por Downing Street sobre su estrategia antidrogas para los próximos 10 años. Para la ocasión, Boris Johnson recreó una de esas puestas en escena que tanto le gustan. El 'premier' se vistió de arriba a abajo de policía (gorro y chaleco de balas incluido) para acompañar a una patrulla de Liverpool en redadas nocturnas, como parte de la 'Operación Toxic'. Muchos ciudadanos estaban convencidos que la imagen de 'boris-cop' era tan solo meme porque resultaba demasiado… Surrealista (dejémoslo ahí) para ser cierta. El plan del Gobierno para atajar el problema con las drogas es lo que preocupa a los expertos. Porque en el Reino Unido existe un verdadero problema. Lo que ocurre en Westminster, se queda en pura anécdota. Y la estrategia del 'premier' no tiene garantías de éxito.

Una solución anticuada

Las muertes por uso indebido de sustancia ilegales se encuentran en niveles récord, habiendo aumentado en casi un 80% desde 2012. En concreto, los fallecimientos por cocaína se han quintuplicado en 10 años. Las muertes por millón son tres veces la tasa de la UE. Según el ministerio de Interior, hay unos 300.000 adictos al crack y la heroína en Inglaterra que son “responsables de casi la mitad de delitos como robos y hurtos”, mientras que las drogas están detrás de casi la mitad de todos los homicidios cometidos en el país. El coste de esta lacra se cifra en 23.500 millones de euros al año. Los narcóticos se encuentran en los baños del Parlamento, en las prisiones y en prácticamente todos los pubs y clubes nocturnos.

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La Ley de uso indebido de drogas de 1971 claramente ha fallado. De las muchas conclusiones que pueden extraerse, la más evidente es que un castigo cada vez más feroz no es disuasivo ni representa la solución. ¿Pero qué hace ahora el Gobierno de Johnson? Tropezarse exactamente con la misma piedra. Expertos como Niamh Eastwood, directora ejecutiva del centro nacional de experiencia en drogas y leyes del Reino Unido, aseguran que si bien “se agradece el aumento de la financiación para el tratamiento” el nuevo enfoque en sentencias más punitivas para las personas que suministran estas sustancias es una continuación de una “narrativa cansada y dura” que claramente no funciona.

Nueva York ha anunciado la apertura de salas de consumo; como muchos estados de Estados Unidos y Canadá, el nuevo gobierno alemán acaba de anunciar que legalizará el cannabis (con el que prevé un ingreso de más de 4 mil millones de euros y la creación de 27.000 empleos); más de 30 países han puesto fin a las sanciones penales por posesión de drogas para consumo personal. Si son cantidades pequeñas, se pide al individuo que pague una multa o se reúna con un especialista en adicciones, pero no es arrestado. El mundo está cambiando, pero el Reino Unido no se sube al tren. Y no es que no se mueva, es que, según los expertos, está incluso retrocediendo y adoptando una desfasada “guerra contra las drogas” al estilo Nixon.

Opinión

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Algunas de las fuerzas policiales del Reino Unido, como las de West Midlands, han pedido que se despenalice la posesión de este tipo de sustancias, aunque solo sea para concentrarse en delitos más graves. Pero el ministerio de Interior se ha opuesto a sus demandas. El mercado británico de drogas -valorado en 12.000 millones de euros-, está totalmente desregulado. Nada en las nuevas propuestas del Gobierno indica intento alguno de frenarlo, ni mucho menos autorizarlo o imponer impuestos. El ruido metálico de las puertas de la prisión se considera en términos victorianos como la respuesta a todos los males sociales.

Los números no mienten

Las estadísticas más recientes del ministerio de Justicia muestran que los delitos relacionados con las drogas siguen siendo una de las razones más comunes por las que las personas terminan en la cárcel en el Reino Unido, y representan el 27% de todos los presos actualmente en prisión preventiva, el porcentaje más alto de cualquier delito.

Se ha demostrado además repetidamente que los delitos relacionados con las drogas se encuentran entre los principales impulsores de las disparidades raciales dentro del sistema de justicia penal británico. Los delincuentes de drogas negros y asiáticos tienen muchas más probabilidades de recibir una sentencia de prisión inmediata cuando son condenados que los blancos. Algunos podrían pasar por alto tales injusticias si el sistema funcionara. Pero no es el caso. La criminalización de las drogas no ha producido el “mundo ideal” con el que algunos alguna vez soñaron. Según las propias estimaciones de las Naciones Unidas, alrededor de 275 millones de personas continúan consumiendo drogas prohibidas cada año.

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Johnson defiende ahora que la operación contra 2.000 bandas de distribución callejera, valorada en 352 millones de euros, irá acompañada por “la mayor inversión jamás hecha en tratamiento” para adictos. Como parte de la nueva estrategia, se podría dejar también sin carné de conducir o pasaporte a los llamados “usuarios de drogas de clase A”, en definitiva, la gente con dinero que, según las autoridades, están impulsando prácticas de explotación con su demanda. Otra de las medidas pasa por enviar mensajes desde teléfonos incautados a traficantes a sus clientes para desalentarles de consumir estupefacientes.

El propio Johnson asegura que hay que “romper el ciclo de detener y encarcelar siempre a los mismos drogadictos”. Pero no acaba de creérselo. Las drogas siguen produciendo una reacción irracional en la comunidad política británica. Se evocan prejuicios y tabúes profundamente arraigados, con respuestas dominadas por un maníaco tanteo de castigos cada vez más severos. Los analistas aseguran que después de 50 años de costosos fracasos, los gobernantes deberían apostar por un enfoque más abierto. Está ocurriendo ya en muchas democracias. Pero el Reino Unido se está quedando atrás.