El Brexit retrasa las sanciones a oligarcas: salir de la UE para luego tener que copiarla de nuevo

Todos los caminos llevan al Brexit. También los de Ucrania. En plena guerra contra Rusia, el premier Boris Johnson insiste en que su Gobierno ha tomado “la iniciativa” a nivel internacional para promover las sanciones contra el Kremlin, que han incluido la exclusión de algunos bancos del sistema de pagos SWIFT y la congelación de activos de miembros del régimen. Pero se niega a hablar del elefante en la habitación: el Reino Unido está siendo mucho más lento en imponer sanciones a los oligarcas en comparación con la UE y los EEUU. De momento, solo ha podido tomar medidas contra 26 multimillonarios con fortunas de dudosa procedencia. Y todo por el Brexit.

Tras el divorcio, mientras Londres ondeaba orgulloso la bandera de soberanía y libertad ante la burocracia europea impuso su propio sistema. El problema es que cuando ha llegado el mayor desafío geopolítico desde la II Guerra Mundial se ha demostrado que no es adecuado. Por lo que Westminster está tramitando ahora por la vía rápida una normativa para poder alinearse de nuevo con Bruselas. Todo con mucho sentido.

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El hecho de que el Reino Unido recupere el control de sus fronteras, dinero y leyes solo para tener que subcontratar la toma de decisiones legales a la UE en una crisis como la actual es algo humillante. Y tiene además importantes consecuencias ante el desafío que plantea Vladímir Putin a la comunidad internacional. Porque es precisamente 'Londongrado' donde los oligarcas con vínculos con Moscú tienen más libertad para campar a sus anchas por un sistema financiero que no hace preguntas, no verifica datos. Porque es precisamente 'Londongrado' donde los oligarcas tienen más influencia en el 'establishment', con asientos incluso en la mismísima Cámara de los Lores, donde sus miembros no son elegidos por el pueblo, pero sí gozan de voto y voto para la legislación.

En definitiva, los oligarcas vienen a ser ahora el arenque de la disputa pesquera que a punto estuvo de hacer descarrilar las negociaciones de un divorcio ordenado con la UE. ¿Se acuerdan ustedes de aquello? El 17 de julio de 2019, a pocos días de convertirse en primer ministro, Boris no dudó en dar un discurso ante los suyos con arenque en mano para denunciar que Bruselas exigía a los pobres pescadores que cada arenque empaquetado fuera acompañado de una 'cama de hielo'. Pero resulta que la regulación que calificó de “sin sentido y dañina para el medio ambiente” era en realidad un requisito que en su día había pedido el propio Londres.

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Pues ahora ocurre más de lo mismo. Tras el Brexit, el Reino Unido tuvo que transferir la normativa europea (de la que había formado parte durante casi cinco décadas) a su propio marco legal. Pero con el sistema de sanciones se volvió significativamente más complejo desde el punto de vista procesal porque, digamos, se requieren más medidas para poder actuar. Principalmente, porque en 2018, el Gobierno aceptó las enmiendas en la Cámara de los Lores presentadas por Lord David Pannick y Lord Igor Judge, que se referían a la “necesidad de considerar la idoneidad de designar a un individuo como sujeto de sanciones y el impacto que esto tendría en esa persona”. Casualidades de la vida, resulta de Lord Pannick es un abogado que curiosamente había representado a un ruso que desafió las sanciones de la UE. El Lord defendió que los cambios “proporcionarían justicia procesal” para los sancionados, asegurando que las penalizaciones se hicieran de manera “proporcionada” y ajustada a los “principios de derechos humanos”.

Las enmiendas plantean ahora un serio debate. Hay expertos que consideran que fue un razonamiento que tiene poco sentido dado que se derivan de las obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al que pertenecen tanto el Reino Unido como la UE. Por su parte, otros consideran que simplemente reflejaron adecuadamente lo que los tribunales británicos ya requerían de todos modos.

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Sea como fuere, el hecho de que el Ejecutivo esté tramitando por la vía rápida una normativa para poder actuar ante los oligarcas demuestra que, tal y como están ahora, las cosas no funcionan. Podría decirse además que la posición del Reino Unido ilustra las dificultades inherentes a la recuperación de franjas de poderes, responsabilidades y reglamentación realizada a toda prisa.

Y parece que tras el Brexit no se ha aprendido la lección porque los expertos también advierten ahora que lo que se está haciendo sobre la marcha son cambios generales de lo que ya es un régimen de sanciones expansivo del Reino Unido cuando lo que realmente sería más apropiado es una legislación más centrada en la crisis actual. Los críticos también denuncian que el Gobierno ha tenido tiempo para hacer los deberes en casa y ha desaprovechado varias oportunidades. Tal y como reveló en Westminster el laborista Chris Bryant, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) ya estaba investigando los vínculos de Roman Abramovich con el Kremlin en 2019. Pero no se actuó.

Ahora se están ejecutando varias reformas. Pero no quiere decir que sean efectivas. Por ejemplo, en lugar de dar más recursos económicos, el Gobierno ha anunciado la creación de una nueva “unidad de cleptocracia” dentro de NCA, como si cambiar el letrero de la puerta fuera a asustar ahora a los oligarcas. Un caso fallido contra una rica familia kazaja, que terminó en un largo proceso judicial, le acabó costando a las autoridades 1,5 millones de libras en facturas legales, un tercio de su presupuesto internacional anticorrupción. Lo que necesita la NCA es dinero. Actuar contra los oligarcas no sale barato.

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Por último, está el proyecto de Ley de Delitos Económicos para evitar que los oligarcas puedan comprar propiedades en el Reino Unido ocultando sus identidades a través de una red de empresas ficticias registradas en paraísos fiscales, como ocurre ahora. Pero una de las grandes lagunas es que, al decidir cómo se debe declarar la propiedad, la “titularidad real” se definirá como la posesión del 25% o más de un activo (pese a que la oposición había pedido reducir el umbral al 10%). Y los familiares quedan exentos. Por lo tanto, si un oligarca pone su mansión a nombre de su mujer y sus hijos, o aparece tan solo como propietario del 24% no tiene nada de lo que preocuparse.

En definitiva, Polina Kovaleva, de 26 años, igual podría quedarse con su apartamento en el lujoso barrio londinense de Kensington. Lo compró por 4,4 millones de libras, sin necesidad de hipoteca, cuando tan solo tenía 21 años. Su madre, Svetlana Polyakova, basada en Moscú, no es rica. Pero desde hace más de dos décadas es la amante de Sergey Lavrov, el poderoso ministro de Exteriores del Kremlin, según asegura FBK, la fundación anticorrupción dirigida por el líder de la oposición encarcelado Alexei Navalny. La oposición pide al Gobierno de Johnson que tanto Polina como su madre sean ahora sancionadas en el Reino Unido. ¿Podrá hacerlo? ¿O habrá que esperar a que tenga una nueva regulación alineada con la UE.