Desinformación 'made in Russia': un desafío para las democracias europeas

Más de 70 países, en su mayoría con regímenes autoritarios, cuentan con equipos dedicados a la desinformación. China dispone de un ejército de dos millones de internautas que se consagran, sobre todo, a la propaganda y a arremeter contra la disidencia dentro y fuera de sus fronteras. El campeón de la desinformación es, sin embargo, Rusia, donde la mitad de las conversaciones es generada por 'bots', es decir, por robots que con frecuencia propagan masivamente noticias falsas.

Todos estos datos y muchos más figuran en el libro 'Lie Machines: How to Save democracies from Troll Armies' ('Máquinas de mentir: como salvar las democracias de los ejércitos de trols', Yale University Press), del profesor de sociología Philip N. Howard, de la Universidad Oxford. A lo largo de sus 240 páginas, analiza el nuevo desafío que suponen las campañas de desinformación para la seguridad nacional de las democracias.

La gran cibermuralla rusa: radiografía de la desconexión de Occidente

Javier C. Escalera. Moscú

Desde las elecciones presidenciales de 2016 en EEUU hasta el referéndum, ese mismo año, sobre el Brexit en el Reino Unido, los ejemplos abundan sobre los intentos, a través de esas campañas fomentadas desde Rusia, de influir en las votaciones y, en general, en la política interior de esos países. El Congreso de EEUU estimó en un estudio que 126 millones de estadounidenses vieron, al menos una vez, en 2016 material generado en Rusia, sobre todo desde San Petersburgo, por la Internet Research Agency.

España no se ha librado de esas interferencias dañinas. Los 'bots' rusos irrumpieron al menos dos veces en el 'procés' de Cataluña, en el otoño de 2017 y dos años después, con motivo de las manifestaciones de protesta por la condena a los líderes independentistas. Hace tan solo una semana, el diario digital ruso 'Primavera Roja' afirmaba que fue “la policía la que organizó los disturbios durante las protestas en España” contra las restricciones impuestas por motivos sanitarios. A diferencia de anteriores ocasiones, los 'bots' no viralizaron esta 'información'.

Opinión

Nos engañan y nos engañamos

Jorge Dezcallar

El Consejo Europeo de 2015 resaltó, por primera vez, “la necesidad de contrarrestar las actuales campañas de desinformación de Rusia” e invitó a elaborar “un plan de acción sobre comunicación estratégico”. Tres años después, la Comisión Europea enumeraba en una comunicación “los principios y objetivos” que deben inspirar “las medidas contra la desinformación”.

Como es habitual, los Estados miembros de la UE han reaccionado en orden disperso. Algunos países, como Francia y Alemania, han optado por legislar y como sus leyes son punitivas han provocado agrias polémicas. Otros, como el Reino Unido, que aún formaba parte de la UE, han preferido crear equipos o, como Italia, reforzar los poderes de los ya existentes, sin tocar la legislación vigente. Así se han ahorrado agrias discusiones. Curiosamente, nadie ha importado en Europa la ley vigente en California, que exige a los 'bots' que interactúan en las redes con seres humanos que se identifiquen como tales.

El Gobierno monitorizará campañas de desinformación con la ayuda del CNI

Alejandro Mata J. Bocanegra

La ley contra la manipulación de la información fue adoptada en Francia, en noviembre de 2018, con los votos en contra de toda la oposición, desde la extrema izquierda de Francia Insumisa hasta la extrema derecha del Reagrupamiento Nacional, pasando por los socialistas, que la tacharon de liberticida. Los sindicatos de periodistas también la rechazaron. Permite, por ejemplo, al Consejo Superior Audiovisual, un órgano administrativo independiente, tomar medidas contra medios “controlados por un Estado extranjero o influenciados por ese Estado” si difunden “falsas informaciones que puedan alterar la sinceridad de las elecciones”.

Alemania se adelantó unos meses a Francia. Hace ya casi tres años, entró en vigor la Netzwerkdurchsetzungesetz, destinada a sancionar las redes sociales por las que circulen masivamente 'fake news', sobre todo aquellas que puedan constituir delitos de odio. Disponen de un plazo de 24 horas o de una semana para retirarlas, dependiendo de la gravedad del contenido. Ahora, el legislador quiere dar una nueva vuelta de tuerca a la ley y obligar a las plataformas a revelar la identidad de los usuarios sin que se requiera una orden judicial. Hasta el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, se ha mostrado reacio a firmar una ley que podría ser inconstitucional.

El Gobierno defiende su plan: el objetivo es proteger la salud y el Estado de derecho

Iván Gil

El Reino Unido empezó, en marzo de 2018, por elaborar la 'doctrina de fusión', que actualiza y amplía el concepto de seguridad nacional y equipara incluso las comunicaciones estratégicas con las amenazas militares. A continuación, puso en pie el National Security Communication Team (NSCT, Equipo Nacional de Seguridad de las Comunicaciones), integrado únicamente por altos cargos y funcionarios, desde los servicios secretos hasta el Ministerio de Cultura.

Londres ha sido parco a la hora de informar sobre el NSCT, que se dio a conocer por su campaña 'Don’t Feed The Beast' ('No alimente a la bestia'), con la que intentó enseñar al público a detectar falsas noticias sobre disturbios o los peligros de las vacunas. Cuenta con una Unidad de Respuesta Rápida encargada de identificar información falsa o engañosa relacionada con el Gobierno británico y elaborar contenido apropiado para reequilibrar esa narrativa. La creación del NSCT apenas fue recogida por la prensa y no suscitó polémica alguna.

Con dos años de retraso sobre el Reino Unido, el Gobierno español ha elegido la vía británica, aunque suavizada. El BOE anunció, el 30 de octubre, la creación de una nueva estructura que, en la práctica, encabezará el director general de la Seguridad Nacional, el general Miguel Ángel Ballesteros. Su objetivo es detectar no ya las 'fake news' sueltas sino las campañas de desinformación y darles una “respuesta a nivel político”, pero solo si emanan “de un tercer Estado”. Alude a Rusia.

El Gobierno detectó desde 2018 campañas que amenazaron la soberanía nacional

Iván Gil

La estructura era necesaria para evitar que diversas administraciones, desde el CNI hasta los ministerios de Defensa y Exteriores, hicieran la guerra por su cuenta. Ahora, o mejor dicho desde marzo pasado, están coordinados desde la Moncloa. Fue entonces cuando se informó a Bruselas de su creación, que, a causa de la pandemia, solo quedó formalizada en octubre. A lo largo de todos estos meses, no se le puede achacar ningún atropello a la libertad de prensa.

La orden ministerial no conlleva ningún régimen sancionador porque, como explicaba uno de sus redactores, “¿cómo se puede sancionar a Rusia?”. Si se demuestra que una potencia extranjera inspira una campaña de desinformación, Exteriores sí podrá, por ejemplo, convocar a su embajador o llamar a consultas al embajador de España en ese país, pero esas son medidas diplomáticas de retorsión que no pueden figurar en una orden.

Aunque España haya optado por una fórmula inspirada en la británica, no se ha librado de la polémica. El país está muy polarizado políticamente y posee además una escasa cultura de seguridad nacional. La orden publicada en el BOE, que es inocua para la prensa pero contiene ciertas dosis de ambigüedad, ha sido malinterpretada o manipulada para convertirla en arma arrojadiza contra un “Gobierno liberticida”.

Opinión

La libertad de prensa y el control de las noticias falsas

Gonzalo Quintero Olivares

El problema no es la orden en sí, sino la incapacidad del Ejecutivo de comunicar. Lo lógico hubiese sido explicarla primero, antes de publicarla, en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados y, paralelamente, a periodistas en una sesión 'off the record' en la Moncloa. Ahí sí, los que la redactaron habrían podido revelar que su destinatario es Rusia y no los diarios hostiles al Gobierno, que a lo largo de los últimos siete meses no han visto recortada su libertad.

En lugar de esa preparación previa, dos ministros, el titular de Consumo, Alberto Garzón, y sobre todo la de Exteriores, Arancha González Laya, sostuvieron el pasado fin de semana ante las cámaras que la orden era aplicable a la prensa española. La ministra mencionó la necesidad de “limitar” que se puedan vehicular “falsedades” a través de los medios. Obviamente, no se había leído el BOE del jueves.