Unión Europea: antes la democracia que los fondos

La UE tiene motivos para rechazar el órdago de Hungría y Polonia, que bloquean el fondo de recuperación porque corren el riesgo de ser sancionados por recortar el Estado de derecho

Foto: El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (d), y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki. (EFE)
El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (d), y su homólogo polaco, Mateusz Morawiecki. (EFE)

Conmovida, en los años noventa, por la rápida conversión a la democracia de los países situados en la órbita soviética, la Comunidad Europea (CE) les abrió precipitadamente sus puertas. Su proceso de adhesión al club europeo fue para ellos un camino expedito comparado con el viacrucis que recorrieron 10 años antes Portugal y, sobre todo, España, a la que Francia, entonces presidida por Valery Giscard d’Estaing, puso múltiples trabas. Las ex repúblicas socialistas entraron en masa entre 2004 y 2007 sin que se arbitrase ningún mecanismo para impedir que se apartaran de la senda democrática.

Aquellos países del este eran democracias incipientes que, en algunos casos, se integraron satisfactoriamente, a partir de 2004, en lo que es hoy en día la Unión Europea. Es el caso, por ejemplo, de Chequia. Otros, con nula tradición democrática, como Hungría, han sido, en cambio, miembros renqueantes e insolidarios del club, como quedó patente durante la crisis migratoria de hace un lustro.

Ahora, la Hungría de Viktor Orbán y la Polonia de Mateusz Morawiecki se han convertido en miembros chantajistas. Amenazan con vetar el presupuesto plurianual de la UE (2021-2027) y la puesta en práctica del fondo de recuperación con sus 750.000 millones de euros, cuya aprobación requiere la unanimidad de los Veintisiete.

Hungría y Polonia actúan así porque el plan lleva aparejado un complejo mecanismo que permite bloquear la entrega de esos fondos de recuperación a los países de la UE que no respeten el Estado de derecho, empezando por una Justicia independiente, es decir, en primer lugar a ellos dos. Ambos arremeten contra ese mecanismo porque, alegan, recorta su soberanía, como si la historia de la UE no fuera una permanente cesión de soberanía. En Polonia, sus detractores engañan a la opinión pública argumentando que, si prospera la iniciativa, la UE podría hasta imponer una modificación de la muy restrictiva ley del aborto.

Este nuevo instrumento de vigilancia del cumplimiento del Estado de derecho es, en buena medida, obra de algunos de los líderes de los llamados 'países frugales', como el holandés Mark Rutte, que en la cumbre europea de Bruselas, en julio, defendió su instauración. La Europa del sur estaba allí más preocupada por garantizar los fondos que la democracia en el continente.

El artículo 7 del Tratado de la Unión de 2010 ya recoge un mecanismo de vigilancia y sanción, para aquellos Estados que transgredan las normas democráticas, que se activó con Polonia en 2017 y con Hungría en 2018. Para sancionar se requiere, sin embargo, la unanimidad de los Estados miembros excepto el país incriminado. Como Polonia defiende a Hungría y viceversa, ninguno de los dos gobiernos expedientados llegará a ser castigado. El nuevo procedimiento de sanción solo requiere, en cambio, la mayoría cualificada de los 27 miembros de la UE.

La UE tiene sobrados motivos para rechazar el órdago lanzado por Budapest y Varsovia. El primero es que debe de ser fiel a sus principios. El artículo 2 de su tratado establece que la Unión “se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías”. Ahora, en estos tiempos turbulentos, estos valores son su principal activo y también un formidable atractivo de cara al resto del mundo.

La UE y el conjunto de sus instituciones son un referente democrático. Lo son para la opinión pública de numerosos países de otros continentes. Basta con ver la airada reacción de las autoridades de Argelia a una resolución recién aprobada por el pleno del Parlamento Europeo denunciando los atropellos de los derechos humanos que allí se perpetran. La UE fue también en su día un modelo para países europeos como España y Portugal, sometidos a largas dictaduras. Los es aún para, por ejemplo, los bielorrusos, que padecen una de las últimas dictaduras del continente.

Para seguir siendo una Unión cohesionada y democrática, no puede permitir fisuras en sus filas. La UE no se ha deshilachado porque ha logrado evitar que el camino del Brexit tiente a otros socios. También ha de impedir ahora, con la espada de Damocles de las sanciones, que otros miembros traten de emular a Hungría y Polonia y recorten el Estado de derecho.

Si Budapest y Varsovia no dan su brazo a torcer, hay otra vía para sacar adelante el fondo de recuperación, mediante un acuerdo intergubernamental entre 25 Estados miembros que privaría las dos capitales que lo vetaron del maná financiero europeo. Es complicado y lento —el dinero tardaría más tiempo en llegar a España—, pero es legal y factible.

“La cooperación reforzada ya la hemos aplicado para el euro, para la patente europea y para la zona Schengen”, recordaba el eurodiputado y ex primer ministro belga Guy Verhofstadt en el Parlamento Europeo. “La financiación del fondo puede correr a cargo de 25 Estados que cooperen”, avisaba. Los dos Estados recalcitrantes deberían ser advertidos no solo de que la UE puede avanzar dejándolos al margen sino de que puede prescindir de ellos y expulsarlos si no rectifican.

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