España: suspenso en derechos humanos allende sus fronteras

Loujain al-Hathloul, de 31 años, la activista saudí que encabezó la campaña de Women to Drive, reivindicando el derecho a conducir de las mujeres en Arabia Saudí, fue condenada el 28 de diciembre por un tribunal penal especial, que suele juzgar los delitos de terrorismo, a cinco años y ocho meses de cárcel. Secuestrada en Emiratos Árabes Unidos en mayo de 2018, fue trasladada a Arabia Saudí y encarcelada hasta que, por fin, el mes pasado se celebró su juicio.

Del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia al de Alemania, pasando por los de Bélgica y Países Bajos, sin olvidar al portavoz adjunto del Departamento de Estado o a Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Joe Biden, todos reprobaron la condena y pidieron la liberación de Al-Hathlouol y, a veces, la de otras activistas saudíes que lucharon por los derechos de la mujer y permanecen detrás de los barrotes.

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Al margen de los gobiernos, hubo también organismos internacionales, como la ONU o la UE, diputados, como los que integran el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, e incluso políticos regionales, como Hervé Morin, el presidente de Normandía (Francia), que también expresaron su solidaridad con Al-Hathloul.

En España, en cambio, no hubo ni una sola muestra de empatía pública con la activista. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que publica casi a diario comunicados sobre los temas más variopintos, no le dedicó unas líneas.

Su silencio no es una sorpresa. Los sucesivos gobiernos españoles han mostrado, desde la transición democrática, una gran indiferencia ante los atropellos de las libertades y derechos fundamentales allende las fronteras de España, excepto cuando pueden tener alguna repercusión en la política interior española y sirven para arremeter contra el adversario. Por eso sí se denunciaron, en su día, las violaciones de los derechos humanos en Cuba y, más recientemente, en la Venezuela de Nicolás Maduro.

Esta indiferencia es aún más llamativa cuando el PSOE lleva las riendas del país y se presenta como el abanderado de las libertades

En el resto del mundo, carecen de importancia a ojos de los sucesivos gobiernos y del grueso de la clase política española, con la excepción de algunos partidos izquierdistas o nacionalistas. Esta indiferencia es aún más llamativa cuando el PSOE lleva las riendas del país y se presenta como el abanderado de las libertades. Recién llegada al Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo subrayó, en un discurso solemne en Casa América en Madrid, el “firme y certero” compromiso del nuevo Ejecutivo con los derechos humanos.

Recién llegado el PSOE al Gobierno, los cuatro principales líderes de la revuelta pacífica del Rif fueron condenados, en junio de 2018, por un tribunal de Casablanca, al término de un juicio carente de garantías, a 20 años de cárcel. No hubo reacción española. Antes, en la segunda mitad de 2017, cerca de 800 activistas rifeños —unos 150 menores— fueron enviados a prisión. Rabat “está intentando poner los medios para solucionar” el problema del Rif, declaró con aplomo en el Congreso Ildefonso Castro, entonces secretario de Estado de Exteriores de Mariano Rajoy.

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Ni siquiera cuando la vulneración de los derechos humanos afecta directamente a España, el Gobierno se queja. El Ejecutivo de Rajoy no protestó cuando, en octubre de 2013, la Marina Real marroquí acribilló a balazos sin motivo a dos jóvenes melillenses españoles o cuando Rabat expulsó, en 2017, al padre Esteban, un jesuita español que, desde Nador, desarrollaba una labor humanitaria. Preguntado en el Congreso, el ministro José Manuel García-Margallo contestó que “correspondería a la Santa Sede” y no a él “pedir explicaciones a las autoridades marroquíes”.

Es verdad que, excepto los Países Bajos y, en menor medida, Bélgica y algún país escandinavo, nadie en Europa quiere poner Marruecos en la picota porque se considera su estabilidad imprescindible para la seguridad del Viejo Continente. Pero de ahí a condecorar en 2005 al general Hosni Bensliman, entonces comandante en jefe de la Gendarmería marroquí, hay un trecho que solo se atrevió a recorrer el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Bensliman está reclamado por la Justicia francesa en el marco de la investigación sobre el asesinato, en París en 1965, del opositor marroquí Mehdi ben Barka.

Nadie en Europa quiere poner Marruecos en la picota, porque se considera imprescindible su estabilidad para la seguridad del Viejo Continente

El Gobierno de Pedro Sánchez también se distinguió del resto de la UE, pero con Argelia. A través del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mostró, el 28 de noviembre de 2019, su “apoyo al proceso electoral” que se celebró en Argelia el mes siguiente. Las elecciones presidenciales amañadas que tuvieron lugar hace 13 meses pusieron fin a una ola sin precedentes de reivindicaciones democráticas. Ningún país europeo mostró de antemano su respaldo, excepto España.

De puertas para adentro, en España, instituciones vinculadas a Asuntos Exteriores también se desgañitan por evitar poner en apuros a países poco escrupulosos con los derechos humanos. Casa Árabe censuró, por ejemplo, en marzo de 2016, después de haberlo anunciado en su web, el debate 'Turquía en la actualidad: reconfiguración política y libertad de prensa'. Un año después, el Real Instituto Elcano, el principal 'think tank' español, atendió la exigencia de la embajada de Turquía y borró de la lista de 200 invitados a la conferencia del jefe de la diplomacia turca, Mevlüt Çavusoglu, a dos miembros de la oposición moderada turca.

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La insolidaridad con los que luchan por la democracia en países autoritarios o dictatoriales equivale a una especie de amnesia por parte de los sucesivos gobiernos y de los grandes partidos políticos españoles. Es verdad que Francia encerró, en 1939, a los republicanos españoles en campos de concentración mientras México les abría las puertas. Tras la II Guerra Mundial, Europa sí fue, en cambio, a grandes rasgos, solidaria con el exilio español, con el que cruzó los Pirineos tras la Guerra Civil y con el que llegó años después, cualquiera que fuera su ideología. Fue incluso, a veces, benevolente con los etarras.

Los herederos ideológicos de aquellos exiliados españoles no están ahora dispuestos a brindar desde España su apoyo, aunque solo sea de palabra, a los nuevos luchadores pro libertades del siglo XXI. No están dispuestos a portarse con ellos como los que gobernaban Europa en la segunda mitad del siglo pasado se comportaron con los opositores al régimen de Franco.