¡A las armas, ceutíes y melillenses!

¡Basta ya de lamentarse! ¡Basta ya de lamerse las heridas! Si el Gobierno de España, el actual y los anteriores, no defiende a Ceuta y Melilla frente a la asfixia económica a que las somete Marruecos, las autoridades locales, los empresarios y la sociedad civil disponen de algunos medios para defenderse por sí solos. ¡A las armas, ceutíes y melillenses!, como rezan las primeras letras de 'La Marsellesa'. A las armas jurídicas, no de fuego.

Sáltense legalmente un Estado español que no defiende a sus ciudades y recurran a las instituciones europeas. Quizá no logren todo lo que ambicionan, pero, por lo menos, a la hora de actuar, a Bruselas no le atenazará el miedo a una crisis con Marruecos. Como si los más de 23.000 inmigrantes irregulares llegados en 2020 a las costas de Canarias y Andalucía, en su mayoría desde el Sáhara Occidental, controlado por Rabat, no hubieran ya generado una crisis con la que lidia el Gobierno de España. A la Comisión Europea, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los moverán, cuando actúen, criterios ante todo jurídicos y no políticos.

Opinión

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El rey Hassan II reivindicaba Ceuta y Melilla en cada uno de sus discursos, pero no actuaba. Su hijo, Mohamed VI, no ha vuelto a reclamarlas para Marruecos desde 2007, pero sí estrangula a las dos ciudades autónomas, sobre todo Melilla, desde hace unos años. Quizá su propósito sea que, con el tiempo, se conviertan en tal lastre para el Estado español que este acabe tentado de deshacerse de ellas entregándoselas por etapas a quien las reclama.

Rabat cerró el 1 de agosto de 2018 la aduana comercial terrestre con Melilla, sin informar a las autoridades españolas, cuya apertura fue acordada en el tratado hispano-marroquí de Fez (1866) y reconfirmada cuando Marruecos accedió a la independencia (1956). Hace cinco meses, dio otra vuelta de tuerca vetando, en la práctica, las exportaciones por mar de las empresas melillenses a Marruecos.

Aunque rehúsa dejar constancia por escrito, la aduana marroquí ya no acepta el formulario EUR-1, que certifica el origen europeo de la mercancía, si la empresa exportadora tiene su sede social en Melilla. Deniega así, por tanto, las grandes rebajas o la supresión del arancel previstas en el Acuerdo de Asociación UE-Marruecos de 2010. El producto melillense se encarece al entrar en Marruecos y deja de ser competitivo. Las empresas melillenses se han inventado sedes sociales en Almería o Málaga para poder seguir exportando, ahora solo por mar, al país vecino.

El Gobierno español no se ha quejado nunca ante Marruecos por todos estos atropellos y otros muchos que se han producido los últimos años. Se creó, a finales del verano de 2018, un grupo de trabajo hispano-marroquí sobre la aduana comercial clausurada de Melilla, pero sus escasas reuniones no ha dado resultado alguno. Rabat no cede y Madrid deja morir económicamente a las dos ciudades.

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El Acuerdo de Asociación estipula, en su artículo 37 del Protocolo 4, que “Marruecos concede a las importaciones de productos originarios de Ceuta y Melilla el mismo trato otorgado a los productos importados y originarios de la UE”. Es así aunque las dos ciudades no formen parte de la unión aduanera porque, equivocadamente, rehusaron ingresar en ella cuando, en 1986, España se adhirió a lo que entonces se llamaba Comunidad Europea. La Comisión Europea tiene la obligación de velar por el cumplimiento del acuerdo suscrito con Marruecos.

¿Por qué ninguna asociación empresarial melillense o un mero exportador no han preguntado a la Comisión Europea si Marruecos respetaba el Acuerdo de Asociación? ¿Por qué ninguno de ellos ha llevado la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir su obligación de vigilar el buen desempeño del acuerdo? Puestos a pedir, el demandante podría hasta solicitar al Ejecutivo europeo que lo resarza por el perjuicio sufrido a causa de las trabas marroquíes.

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Antes de recurrir a la artillería pesada de la Justicia, los parlamentarios de las dos ciudades o aquellos que se llenan la boca con la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla podrían haber formulado, en el Congreso de los Diputados o en la Eurocámara, preguntas al Gobierno y a la Comisión Europea sobre el cumplimiento del Acuerdo de Asociación. Hasta los meros ciudadanos de a pie podrían quejarse por escrito a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Nadie ha movido un dedo.

El Acuerdo de Asociación no menciona la aduana comercial de Melilla que Rabat cerró de un plumazo. Un acuerdo de esta índole va, sin embargo, mucho más allá del establecimiento de una mera zona de libre cambio. Es un pacto político entre interlocutores empeñados en ir estrechando su relación. El cierre de la aduana comercial de Melilla contradice el espíritu de ese acuerdo. Es probablemente también recurrible ante las instituciones europeas, como lo sería la no existencia de una aduana comercial en Ceuta con Marruecos si esta ciudad formara parte de la unión aduanera.

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La Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad en 2010 solicitar el ingreso en la unión aduanera, que hubiese convertido la frontera ceutí en euro-marroquí en lugar de hispano-marroquí, pero, presionado por el Gobierno de Mariano Rajoy, el Ejecutivo local (PP) no tramitó la petición que sus diputados habían votado. Ahora gobierna Pedro Sánchez y siguen sin formalizarla.

Ceuta y, sobre todo, Melilla son dos ciudades con múltiples problemas. Melilla es, por ejemplo, uno de los lugares más corruptos de España, sobre todo cuando gobernaba el PP. Pero son también dos enclaves de libertad política, en un norte de África regido por dictaduras, y de respeto religioso, en una Europa en la que la multiculturalidad genera roces.

En Melilla, he visto en más de una ocasión a un judío ortodoxo acercarse en 'shabat' (día de descanso en el judaísmo) a un musulmán para que le encendiera el pitillo que llevaba en la boca porque él no podía hacerlo por motivos religiosos. Solo por eso, merece la pena no dejar caer a esas ciudades.