Sala 2 | "Esto tiene que parar": los otros republicanos que salvaron la democracia
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Sala 2 | "Esto tiene que parar": los otros republicanos que salvaron la democracia

"Esto tiene que parar". El republicano Gabriel Sterling, supervisor del sistema de voto de Georgia, se convierte en un símbolo de los conservadores que quieren proteger el sistema electoral

placeholder Foto: Gabriel Sterling, gestor de los sistemas de votación de Georgia. (Reuters)
Gabriel Sterling, gestor de los sistemas de votación de Georgia. (Reuters)

El republicano Gabriel Sterling, supervisor del sistema de voto de Georgia, ha tenido unas semanas muy duras. Desde las elecciones del 3 de noviembre, Sterling se pasa los días revisando minuciosamente los vídeos de trabajadores contando votos. Ya ha habido tres recuentos, uno de ellos a mano. Los tres han dado como ganador a Joe Biden con márgenes prácticamente idénticos. Pero a Sterling no le queda otra que seguir viendo vídeos. Es la única forma de desmentir los bulos de fraude que siguen llegando, y que provienen, en gran parte, de la mismísima Casa Blanca.

Sterling reconoció este domingo que su equipo no da abasto. El resultado electoral ha sido certificado, pero los bulos continúan saliendo, a cada cual más hilarante. Maletines sacados en mitad de la noche, algoritmos venezolanos, votantes muertos. “Hemos estado diciendo que las declaraciones del presidente son falsas”, reiteró Sterling al canal NBC News. “Son desinformación. Están avivando el enfado y el miedo entre sus seguidores, y, demonios, yo voté por él”.

La última línea de defensa frente a las mentiras del presidente saliente es su propio partido. Los demócratas lo tienen relativamente fácil: todos están de acuerdo en el simple hecho de que su candidato ha ganado las presidenciales. Son los cargos republicanos quienes están sometidos a la inmensa presión de Donald Trump y de todos aquellos congresistas que no se han atrevido, dado el control que tiene Trump sobre la base de votantes, a contradecirlo.

Foto: Donald Trump en Acción de Gracias. (Reuters)
Argemino Barro (Sala 2) Opinión

El precio que pagan estos republicanos es político y también personal. Gabriel Sterling necesita escolta. Tiene policías en la puerta de su casa, lo mismo que el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, el encargado último de supervisar el proceso electoral. Una caravana de conductores seguidores de Trump se presenta a menudo frente a su vivienda, gritando y pegando bocinazos. La mujer de Raffensperger ha sido objetivo de amenazas sexuales.

¡Esto tiene que parar!

Los cargos republicanos dicen haber hecho las paces con este hecho: ellos se metieron en política, optaron a altos cargos y han asumido el desgaste personal que implican. El problema es que las amenazas también afectan a las personas de a pie que un día decidieron colaborar en el recuento de votos. Los ataques contra uno de estos trabajadores desencadenaron hace una semana la ira de Sterling.

“Voy a hacer lo posible por no perder la calma”, advirtió Sterling al principio de su comparecencia, visiblemente agitado. “Porque todo esto ha ido demasiado lejos. Todo”. Sterling, quien hasta entonces había hecho gala de una didáctica paciencia en sus explicaciones públicas, se refería al caso de un empleado de veintitantos años del condado de Gwinnett. Alguien, en Twitter, había encontrado su nombre y lo había acusado de manipular el recuento. Poco después se sucedieron las amenazas físicas hacia él y hacia su familia. Amenazas de ser ahorcado “por traición”.

"Esto tiene que parar. Señor presidente, usted no ha condenado estas acciones o este lenguaje"

Esto tiene que parar”, continuó Sterling. “Señor presidente, usted no ha condenado estas acciones o este lenguaje. Senadores, ustedes no han condenado este lenguaje o estas acciones. Esto tiene que parar. Necesitamos que ustedes den la cara (...). Esto son las elecciones, es la base de la democracia, y ninguno de los que han dicho ni una maldita palabra son cómplices de esto. Es demasiado”.

La bronca de Sterling llamó la atención de los medios de comunicación, que desde entonces lo invitan como voz autorizada en la lucha contra los interminables bulos de pucherazo. Raffensperger, igual que el gobernador y el vicegobernador de Georgia, todos ellos republicanos, también han tenido que aclarar una y otra vez que no ha habido fraude masivo en Georgia. Pero da igual. Trump respondió a las palabras de Sterling redoblando sus acusaciones falsas en Twitter y en la propia Georgia. Los candidatos al Senado que en enero se enfrentan a una segunda vuelta, necesitados del apoyo de Trump, tampoco han cuestionado estas mentiras.

Gobierno de leyes, no de hombres

La misma situación se ha dado en los otros estados contenciosos. En Michigan, Trump y otros líderes del partido presionaban para que se retrasase la certificación de los resultados. Joe Biden había ganado con más de 150.000 votos de ventaja. Los resultados había sido ya certificados en los 83 condados y múltiples demandas de la campaña de Trump habían sido desestimadas por falta de pruebas. Aún así, el presidente quería que se retrasase la certificación, como si quisiera dar la imagen de que algo no iba bien. Que, de alguna manera, el recuento olía a podrido.

A la hora de la verdad, un abogado desconocido, de 40 años y “con cara de bebé”, trazó la línea roja. “No podemos intentar ejercer un poder que simplemente no tenemos”, dijo Aaron Van Langevelde, miembro de la comisión estatal de recuento y asesor legal del Partido Republicano de Michigan. “Como John Adams dijo una vez, ‘somos un gobierno de leyes, no de hombres’. Este consejo necesita adherirse hoy a este principio. Este consejo debe cumplir su parte de mantener el imperio de la ley y proceder en nuestro deber legal de certificar estas elecciones”.

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El voto de Van Langevelde fue decisivo, ya que su compañero republicano en el consejo, Norman Shinkle, optó por abstenerse. Los dos estaban en el punto de mira de Trump y de los republicanos del estado. Van Langevelde lo sabía, así que no respondió las llamadas que le llegaron en las horas anteriores al voto. Su papeleta hizo que, horas después, la Casa Blanca diese luz verde al proceso de transición que se había resistido a aceptar. Aunque Donald Trump siguiera sin reconocer su derrota.

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, también resistió las presiones y acabó certificando el veredicto de su estado. “Aquí en Arizona, celebramos bien las elecciones”, dijo Ducey. “El sistema es fuerte”. Y fue así como Ducey reconocía la primera victoria demócrata en su estado en siete décadas, y con un margen de apenas del 0,3% de los votos. Ducey, huelga decirlo, es republicano.

Lluvia de demandas

Decisiones parecidas, por parte de jueces y altos funcionarios, se han dado en Nevada, Wisconsin y Pensilvania; estados que han padecido, y padecen, una verdadera lluvia de demandas por parte de la campaña de Trump. El recuento asciende, por el momento, a 46 litigios, cinco de ellos iniciados la semana pasada. La actividad frenética de sus abogados hace que las alegaciones de fraude, en ocasiones, sean casi idénticas entre los estados, y los tribunales, desbordados su atención y recursos, estudian sancionar a los demandantes.

“Están intentando usar a este tribunal de una manera muy, muy impropia”, dijo el fiscal de Detroit, David Fink. “Pedimos a este tribunal no solo que niegue la petición, sino que imponga sanciones significativas, porque esto tiene que terminar”. La campaña de Trump había exigido una auditoría de los resultados en el condado en el que está Detroit, pese a que el Supremo del estado ya se lo había negado. La jueza del distrito de Michigan Este les ha negado la petición y ha acusado a los demandantes de querer impactar “la fe en el proceso democrático”.

Foto: Cartel de Donald Trump. (Reuters)

La campaña de Trump sigue empecinada. Si bien es imposible que logre revertir un resultado varias veces comprobado, recontado y certificado, por republicanos y demócratas, el esfuerzo sigue. Ahora mismo Trump exige a los republicanos de Georgia, que controlan la gobernaduría y las dos cámaras del Congreso estatal, que convoquen una sesión parlamentaria especial y envíen a Washington a “delegados alternativos”. Es decir, no los 16 delegados atados a Biden por el voto popular, sino delegados que, ignorando las urnas, voten a Trump. El gobernador del estado, Brian Kemp, ha dicho que no y ha recordado que sería una “violación de la ley estatal”.

La estrategia de Trump, una vez más, encaja bien en la papilla psicodélica de internet, donde uno puede encontrar todas las versiones y conspiraciones posibles acerca de cualquier cosa. Un mundo en el que periódicos centenarios, con sus estándares éticos, sus equipos de reporteros bregados y sus departamentos de verificación, más allá de sus ocasionales tropiezos y sus tendencias ideológicas, tienen, a ojos de millones de personas, la misma solidez que un meme de Facebook.

En la calle, una mayoría de votantes republicanos creen que la victoria de Joe Biden es fraudulenta. En el Congreso, según un cuestionario de The Washington Post, solo 27 de 249 republicanos se atreven a decir públicamente que Trump ha perdido las elecciones. Una opinión que, pese a su prevalencia, ha chocado de lleno con la gris, procedimental y muchas veces anónima labor de quienes supervisan el recuento de votos. Los republicanos que se atrevieron a ser un verso suelto.

El republicano Gabriel Sterling, supervisor del sistema de voto de Georgia, ha tenido unas semanas muy duras. Desde las elecciones del 3 de noviembre, Sterling se pasa los días revisando minuciosamente los vídeos de trabajadores contando votos. Ya ha habido tres recuentos, uno de ellos a mano. Los tres han dado como ganador a Joe Biden con márgenes prácticamente idénticos. Pero a Sterling no le queda otra que seguir viendo vídeos. Es la única forma de desmentir los bulos de fraude que siguen llegando, y que provienen, en gran parte, de la mismísima Casa Blanca.

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