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Sala 2 | La nueva cruzada republicana: prohibir la doctrina 'woke'

Al menos una decena de estados controlados por legisladores republicanos han propuesto o aprobado medidas para limitar la enseñanza de la “teoría crítica racial”

Foto: Un manifestante contra la teoría crítica racial en Los Alamitos, California, sostiene un cartel en el que se lee: "No a las enseñanzas locas y racistas". (EFE)
Un manifestante contra la teoría crítica racial en Los Alamitos, California, sostiene un cartel en el que se lee: "No a las enseñanzas locas y racistas". (EFE)

Era cuestión de tiempo que los padres de alumnos a quienes se enseña la ortodoxia racial, como en las escuelas públicas de Loudoun County, en Virginia, se rebelasen frente a lo que consideran una enseñanza discriminatoria y divisiva. Y era cuestión de tiempo que el Partido Republicano, quizás percibiendo ventajas políticas de cara al futuro, adoptase la causa: lo que ha planteado como una lucha contra el “adoctrinamiento marxista” y la demonización de los valores fundacionales de Estados Unidos.

Al menos una decena de estados controlados por legisladores republicanos han propuesto o aprobado medidas para limitar la enseñanza de la “teoría crítica racial” (CRT, por sus siglas en inglés): una teoría académica que considera al racismo la esencia fundacional de EEUU y el origen de todo su edificio socioeconómico y que dice ofrecer las herramientas para erradicarlo. Entre ellas, sesiones de segregación racial desde la primera infancia, talleres antisesgo, una racialización general del saber y cuotas raciales estrictas en todos los órganos de las esferas pública y privada.

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El primero en dar el paso fue Brad Little, gobernador republicano de Idaho, que a principios de mayo firmó una ley que restringe el uso en las clases de determinados conceptos de la CRT. En concreto, la ley prohíbe a los docentes enseñar que “los individuos, en virtud del sexo, la raza, la etnia, la religión, el color o el origen nacional, son inherentemente responsables de las acciones cometidas en el pasado por otros miembros del mismo sexo, raza, etnia, religión u origen nacional”.

La CRT, por ejemplo, suele recurrir a las ideas de “privilegio blanco”, “fragilidad blanca” o “sesgo implícito”, una manera de describir el comportamiento aparentemente discriminatorio de un colectivo al que define un rasgo inmutable: el color de la piel. Hay escuelas donde, a los niños de ocho o nueve años, se les pide que busquen su lugar en las “matrices de opresión”: las rígidas jerarquías raciales y de género que, según esta teoría, definen todas las interacciones humanas.

Los gobernadores de Oklahoma y Tennessee han firmado leyes muy similares a la de Idaho. El Congreso de Texas ha aprobado una que obliga a los educadores a ser “imparciales” en cuestiones de raza o género. Según el vicegobernador del estado, Dan Patrick, la ley “se asegura que las filosofías de la crítica racial, incluido el mito fundador de 1619 [que establece la fundación de EEUU con la llegada del primer barco de esclavos; es también el título de un proyecto del 'New York Times' que centra la historia del país en la esclavitud], son sacadas del temario escolar estatal. Cuando los padres mandan a sus hijos a la escuela, quieren que los estudiantes aprendan pensamiento crítico sin ser adoctrinados con desinformación que dice que Estados Unidos o nuestra Constitución están enraizados en el racismo”.

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Los demócratas alegan que estas leyes censuran el debate sobre las desigualdades raciales o de género y evitan la oportunidad de abordar honestamente la historia del país, de la que el racismo ha sido y es una parte elemental. En la izquierda ‘woke’, donde anidan estas teorías, se interpretan como un intento del supremacismo blanco de mantenerse en el poder, cortando de raíz el debate sobre el racismo.

Organizaciones como FIRE, que protege la libertad de enseñanza y que es poco sospechosa de dejarse seducir por las teorías críticas raciales o de género, han dado la alarma sobre estas iniciativas republicanas. Por buenas que sean sus intenciones, lo consideran una manera de inmiscuir el poder político en la labor de los profesores, coartar el debate y blindar una manera de enseñar la historia de EEUU.

Las fricciones también se dan a nivel federal. 30 congresistas republicanos presentaron hace tres semanas una propuesta de ley llamada STOP CRT, que pide cancelar los programas de Equidad, Diversidad e Inclusión (que pueden mostrar, según el caso, diferentes niveles de agresividad a la hora de enseñar estos conceptos) que la Administración Biden está introduciendo en varios departamentos, como las Fuerzas Armadas. Del Senado han emergido propuestas similares.

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El pasado septiembre, el entonces presidente Donald Trump prohibió este tipo de iniciativas en los departamentos gubernamentales, así como el “gasto relacionado con cualquier instrucción de teoría crítica racial”. Una vez Joe Biden lo sucedió en el cargo, una de las primeras medidas que tomó fue levantar estas prohibiciones.

Preguntada por las críticas republicanas a estos programas de diversidad e inclusión, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que eran necesarios para acabar con la discriminación estructural. “No creo que pensemos que educar a los jóvenes y a los próximos y futuros líderes del país sobre el racismo sistémico es adoctrinamiento. De hecho es lo responsable”, declaró a principios de mayo en una rueda de prensa.

Mientras tanto, las iniciativas de base prosperan. Varios grupos conservadores han unido fuerzas con padres de Misuri o de Virginia, donde se desarrollan las polémicas más sonadas. En el distrito escolar público de Loudoun County ha habido debates agrios entre los profesores y miembros de la junta escolar, por un lado, y los padres movilizados contra la doctrina racial, por otro. “La CRT no es un diálogo honesto, es una táctica usada por Hitler y el Ku Klux Klan en la esclavitud hace muchos años para atontar a mis ancestros, de manera que no pudiésemos pensar por nosotros mismos”, declaró Chantel Cooper, una madre afroamericana. “No podéis decirme lo que es o no es racista”, espetó a los profesores, y se señaló: “¡Miradme!”.

Cooper y otros referentes de estas posiciones han gozado de espacio en los programas del canal conservador Fox News, que también está dedicando tiempo a seguir los choques en torno a la CRT. Uno de los más implicados es Tucker Carlson, presentador nacional-populista, considerado muchas veces, ideológicamente, a la derecha de Donald Trump y líder de audiencia en Estados Unidos.

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El pasado lunes un grupo de donantes y operativos políticos conservadores, llamada Proyecto 1776 (año de la fundación de EEUU), lanzó una campaña para conquistar las juntas escolares, órganos institucionales que normalmente no tenían una carga política. El rechazo a la teoría crítica racial ha cambiado el 'statu quo', y ahora la batalla electoral ha llegado al corazón de las escuelas estadounidenses.

Los candidatos a distintos cargos electos, de cara a las legislativas de 2022, han parecido captar la energía contenida en estos debates y se han puesto a tantear su potencial político. El aspirante a gobernador de Virginia, el republicano Glenn Youngkin, ha prometido “solucionar el problema del temario” el “día uno” si gana las elecciones. Dos gobernadores con ambiciones presidenciales, Ron DeSantis, de Florida, y Kristi Noem, de Dakota del Sur, han tanteado aprobar leyes como la de Idaho en sus estados y han añadido material al respecto en sus campañas.

El cambio democrático de poder celebrado en Washington y en los estados el pasado enero, como de costumbre, dejó en la atmósfera un “olor a coche nuevo”, como dicen los estadounidenses. Un paréntesis de renovación y de cambio donde todo queda, por unos meses, mientras los renovados partidos se acomodan, en el aire. Pero ahora ya se empiezan a perfilar las líneas de batalla. Algunas son las viejas, las de siempre. Otras son territorios nuevos.

Era cuestión de tiempo que los padres de alumnos a quienes se enseña la ortodoxia racial, como en las escuelas públicas de Loudoun County, en Virginia, se rebelasen frente a lo que consideran una enseñanza discriminatoria y divisiva. Y era cuestión de tiempo que el Partido Republicano, quizás percibiendo ventajas políticas de cara al futuro, adoptase la causa: lo que ha planteado como una lucha contra el “adoctrinamiento marxista” y la demonización de los valores fundacionales de Estados Unidos.

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