Españoles discriminados

Nur nació en Melilla hace 10 años y ha pasado toda su vida en esta ciudad. Le gustan las matemáticas, hacer teatro y cantar. Tiene una mirada viva y habla con soltura cuando visitamos a su familia. Nur no está escolarizada en el sistema educativo español, aunque su familia lo ha solicitado cada año. Ni ella ni sus cuatro hermanos, el mayor de 16. Tampoco tienen tarjeta de residencia, ni les han admitido en el padrón. Solo tienen una partida de nacimiento y un libro de familia que acredita que llegaron al mundo en un país, España, que les discriminó desde el primer día de su vida.

Su madre, Mariam, vive aquí desde los nueve años, hoy tiene 36. Nunca la escolarizaron en Melilla, su ciudad de residencia. Pasaba cada día a Nador, la ciudad marroquí al otro lado de la frontera, hasta que abandonó los estudios. Hoy, tras 27 años, siguen sin darle la tarjeta de residencia, por lo que tampoco puede tener contrato laboral. Trabaja en una casa a jornada completa por 350 euros al mes.

Como otros cientos de niños y niñas en su situación, Nur va a la Residencia de Estudiantes Marroquíes Musulmanes. Se trata de un colegio establecido en una parcela de Melilla, no reconocido por el sistema español, de baja calidad y que actúa como último recurso para quienes no son admitidos por la educación española, aunque tengan todo el derecho a ella. Este colegio lleva cerrado desde el inicio de la pandemia.

Melilla es una ciudad bonita, apasionante para algunos, dura para otros. Sujeta a prácticas administrativas y legales que no serían admisibles en otros lugares de España. La Constitución se ahoga en sus playas.

Ahmed tiene 17 años, también nació y vivió en Melilla toda su vida. Saca muy buenas notas en la residencia y quiere ir a la universidad, aunque para intentarlo en la española tendrá que hacer la prueba de acceso para extranjeros. Su hermano Ashraf, de 11 años, un chaval despierto y rápido, tampoco está escolarizado. En su caso, le admitieron una vez en un colegio. Estaba tan contento. Sin embargo, al no tener la tarjeta sanitaria, le echaron del centro. De hecho, ninguno de los tres hermanos tiene tarjeta sanitaria y Ashraf no ha estrenado su calendario de vacunación. Al médico van de urgencias, o pidiendo favores, o pagando. O no van.

El sistema político, administrativo y judicial en Melilla es un infierno para una parte de su población. Las leyes se interpretan en su contra, la normativa cambia, la Administración pone vallas de forma arbitraria. Un año basta con un contrato de alquiler o recibos de luz para lograr la escolarización. Otro año, cuando algunas familias lo consiguieron así, el sistema empieza a exigir el padrón o la tarjeta sanitaria.

Cabe recordar que el Estado tiene la obligación de escolarizar a todo niño que resida en territorio español, independientemente de su situación legal. Así se lo ha recordado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Cabe recordar que el Estado tiene la obligación de escolarizar a todo niño que resida en el territorio español, independientemente de su situación legal

Huda tiene cuatro años y Mohamed cinco. Aunque sus hermanos mayores están escolarizados, ellos nunca han ido al colegio, a ninguno. Huda fue admitida, pero con una anotación de que le faltaba el padrón, que nunca concedieron a sus padres por más que presentaron documentación acreditativa de su residencia en Melilla. Mohamed se enfada con su hermano mayor cuando este se va al colegio. Su madre le compra cuadernos y cuando su hermano se pone a hacer los deberes, él saca su material casero y se pone también.

Ni siquiera el padrón es una garantía. Abdeljalil tiene 16 años y le gustan las matemáticas. Es el mayor de cuatro hermanos y el único que nació en Marruecos. Los otros tres lo hicieron en Melilla. En este caso, el padre tiene la tarjeta de residencia y toda la familia está empadronada. Sin embargo, y a pesar de estar empadronado, este chico no ha sido escolarizado nunca en el sistema español. ¿Nos imaginamos algo semejante en la Península?

El Estado español en Melilla es un sistema que actúa contra familias que viven aquí desde hace años. Familias que tienen documentos justificativos de una residencia que podría ser verificada por trabajadores sociales o la policía con controles aleatorios. Una residencia que es, si cabe, más incuestionable ahora, con la frontera cerrada hace un año. Estas niñas, niños y adolescentes son ciudadanos españoles, aunque no tengan la nacionalidad. La mayoría ha nacido aquí, todos han vivido aquí, son y se sienten de aquí, aunque también sientan el rechazo que tanto les daña.

Hay organizaciones sociales que llevan décadas reivindicando estos derechos. Calculan que hay unos 200 niños sin escolarizar y unas decenas sin tarjeta sanitaria. Las familias, los niños y niñas, se manifiestan con regularidad. Ha habido campañas de firmas masivas, resoluciones del defensor del pueblo, reportajes en medios. Nada ha forzado un cambio estructural en la situación.

En Melilla, se sigue discriminando a una parte de la población, la más pobre y de origen árabe o bereber. Se llama aporofobia y racismo institucional. El Gobierno de la ciudad de Melilla lo hace negándoles el empadronamiento y Extranjería lo hace negándoles la tarjeta de residencia en situaciones en que sí la recibirían en la Península.

En Melilla, la educación y la salud son responsabilidad directa del Gobierno, que alardea de cumplir con sus compromisos internacionales

Dicho todo esto, en Melilla, la educación y la salud no están transferidas, son responsabilidad directa del Gobierno central, que alardea de cumplir con sus compromisos internacionales. ¿Van a permitir las ministras Isabel Celaá y Carolina Darias que se mantenga a estas niñas y niños fuera del colegio y excluidos de la sanidad? ¿Cómo van a defender una política garante de derechos, de no resolver esta situación de injusticia extrema?

Nur, Ahmed, Ashraf, Huda, Mohamed, Abdeljalil quieren un futuro, quieren ir al colegio, tienen derecho a la salud. Es su responsabilidad asegurarlo.