'Tax the rich'. ¿Lo dice Podemos? Sí, y Biden y el FMI

Las haciendas públicas de los Estados se están fundiendo en medio de la pandemia. No es que antes tuvieran buena salud, ya que la erosión tributaria llevaba años laminando la recaudación. Lo que ocurre ahora, a raíz de cierres y frenos a la actividad económica, es una caída mayor de los ingresos y un incremento exponencial de las necesidades.

El mundo se gastó 11 billones de dólares extra durante 2020 para combatir la crisis, apoyando empresas en riesgo y protegiendo a trabajadores y a la población vulnerable. Una exigencia que se mantiene durante 2021 y que hay que financiar. Quien pueda, eso sí, ya que el virus es el mismo, pero la capacidad de respuesta es desigual. El 83% de estos fondos fue empleado por los 36 países más ricos y solo el 0,4% por los 59 más pobres. Esta diferencia supone que en los países de ingreso bajo cada persona recibió un apoyo irrisorio de entre cuatro y 28 dólares, quedando 2.700 millones de personas sin protección. El impacto económico y social de la crisis representa una marcha atrás de décadas en la lucha contra la pobreza en algunas regiones, donde la hambruna ya se contagia más rápido que el virus.

La pandemia ha devastado pequeños negocios y medios de vida, pero no ha sido negativa para todos. Muchas corporaciones y la mayoría de las fortunas del mundo valen más, han ganado más y son más fortunas hoy de lo que eran en febrero de 2020. 'Forbes' acaba de anunciar que casi 500 personas se convirtieron en milmillonarias durante la pandemia, una cada 17 horas. Numerosas multinacionales han tenido ganancias extraordinarias el año pasado, algo recurrente en grandes crisis. De hecho, 17 de estos gigantes corporativos con base en Estados Unidos ganaron 85.000 millones de dólares más en 2020. Las empresas tecnológicas, de plataforma digital y algunas farmacéuticas y sanitarias están entre las ganadoras, aunque el beneficio adicional se produce también en otros sectores como la distribución. Algo obsceno ocurre en el sistema económico si una crisis tan brutal para la humanidad arroja a la miseria a centenares de millones de personas al tiempo que enriquece a unos pocos, hasta el límite de no saber qué hacer con su dinero más que sandeces.

En este contexto, y en plena ebullición social, no es de extrañar que haya líderes políticos que aboguen por lo evidente, incrementar los impuestos a la riqueza. Lo hemos escuchado en otras ocasiones, en momentos de crisis, grandes guerras o de campaña electoral. El salto se ha producido durante este mes, cuando tanto el FMI, liderado por Kristalina Georgieva, como el Gobierno de Estados Unidos, a través de su secretaria de Economía, Janet Yellen, han puesto sobre la mesa este asunto con la fuerza de las entidades que dirigen.

Durante la pandemia, el FMI ha sido explícito a la hora de recomendar un incremento del gasto público para sostener sectores en quiebra

En el caso del FMI, la posición no es nueva. Durante toda la pandemia, el Fondo ha sido explícito a la hora de recomendar un incremento del gasto público para sostener sectores en quiebra y evitar un incremento desmesurado de la desigualdad, producto de la expulsión del mercado de trabajo de quienes cuentan con menos protección. La recomendación se mantiene de cara a la fase de recuperación, cuando se espera que las economías vuelvan a crecer. Para ello, el Fondo insiste a la hora de proponer más impuestos, más progresivos, que incluyan gravar la riqueza y de forma especial los beneficios extraordinarios obtenidos durante la pandemia.

El problema con el FMI es que aún existe una distancia notable entre su retórica y la práctica asociada a su función de prestamista. Un análisis detallado indica que el 85% de sus créditos concedidos a países de ingreso bajo está condicionado al cumplimiento de medidas que conducen a la austeridad más estricta. Los vagos mensajes sobre espacio presupuestario y preservación de la protección social son arrinconados por la exigencia de la consolidación fiscal a corto plazo, el incremento de impuestos regresivos, recortes en los salarios públicos y otras medidas de siempre, que solo conducen a una pobreza y desigualdad mayores. No hay apenas señales de esas propuestas renovadoras que el FMI vocea en los grandes medios internacionales y sí la confirmación de su foco en los recortes y la contención.

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E.P.

Hay que esperar y exigir al Fondo más consistencia entre el liderazgo global de su directora ejecutiva, adalid del incremento del gasto público y de la progresividad fiscal, y las austeras condicionalidades impuestas vía sus créditos, que aún tienen una influencia determinante en la economía de los países más necesitados de liquidez. De no ser así, el resultado será el mismo que tras la crisis de 2008, cuando el peso de la tributación pasó de las empresas y fortunas a las familias.

La intervención de la ministra de Economía de Estados Unidos se asienta en la caída sostenida de los impuestos que pagan las grandes empresas, menores cuanto mayor tamaño tienen. Durante los últimos 40 años, las tasas a las corporaciones han caído de forma sostenida en todo el mundo, de una media del 40% en 1980 a apenas el 24% actual. Una combinación de ideología ultraliberal e ingeniería fiscal está detrás de la competencia suicida entre territorios, para ver quién rebaja más los impuestos para atraer la inversión.

Es esta carrera la que pretende frenar la secretaria Yellen, por el bien de la economía de Estados Unidos y apoyando de paso a otros países. No en balde, los Estados pierden más de 427.000 millones de dólares al año por el sumidero de los paraísos fiscales. Las Islas Caimán o Bermuda entre ellos, sí, pero también Holanda o Irlanda. De hecho, es tan importante la propuesta política del Gobierno Biden como su reafirmación del proceso de concertación internacional para llevarla a cabo. En este caso, en el marco de la OCDE y auspiciado por el G-20.

Las condiciones, por terribles, son inmejorables para una reforma a fondo. Cuando menos, del sistema fiscal internacional, para hacerlo más justo, para que favorezca la equidad y no actúe en beneficio exclusivo de las grandes fortunas y corporaciones. Una pieza esencial en el abandono de la ortodoxia económica que tantas víctimas ha dejado.

Si no es ahora, entonces ¿cuándo? El FMI y el Gobierno de Biden dicen que ahora.