G-7 y justicia fiscal. ¿Por qué el 15% y no el 25%?

El acuerdo del G-7 sobre fiscalidad internacional, cuya media principal es aplicar un impuesto mínimo global del 15% a las grandes corporaciones, es importante por lo que tiene de simbólico y de cambio en la posición. Más allá de lo que se piense sobre estructuras de poder como el G-7, se trata de la cooperación indispensable frente a la competencia feroz. Se recupera así el impulso multilateral en un terreno sensible, el de la tributación, donde los intereses cortoplacistas de cada país, alentados por las grandes empresas, han provocado una carrera a la baja sin fin.

La carrera ha llegado al sótano y las haciendas públicas se encuentran al límite, con la recaudación lastrada por la elusión fiscal y unas necesidades sociales y de reactivación económica que se han multiplicado por la pandemia. Las familias están exprimidas, y en estos últimos años han tenido que asumir un 30% más de esfuerzo fiscal, frente a la caída de las contribuciones de grandes corporaciones y la irrelevante aportación de grandes fortunas. Un tiempo, el de la pandemia, que ha alumbrado casi 500 milmillonarios más, hasta superar los 2.700.

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Cada año se pierden más de 400.000 millones de dólares en impuestos que se van por el sumidero de los paraísos fiscales, lo que equivale al sueldo de un sanitario por segundo. Esto ocurre porque el 40% de la inversión mundial transita por estos lugares haciendo uso de su baja tributación y de su secretismo. El 85% de esta inversión fantasma ocurre solo en 10 jurisdicciones que incluyen los paraísos isleños, pero también Estados europeos como Irlanda, Holanda o Luxemburgo. Solo a este último microestado pirata llega tanta inversión extranjera directa como a Estados Unidos. Lo que constituye la mejor prueba de que el sistema fiscal internacional se quedó viejo, una gramola en tiempos de Spotify.

La reforma discutida el pasado fin de semana, basada en el lento y complejo proceso BEPS impulsado en la OCDE, se ha agilizado producto del giro en la posición de Estados Unidos y requiere de acuerdos más amplios, en el G-20 y con el resto de los países afectados, 139 de los cuales ya se han implicado en la discusión.

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Supone dos grandes cambios. Por un lado, algunas grandes corporaciones farmacéuticas y tecnológicas, representativas del capitalismo de plataforma, pasarán a tributar por una parte de sus beneficios en el país donde los generen. Esto, que parece razonable, es ciencia ficción en el mundo de la ingeniería fiscal, donde los corsarios modernos logran tributar básicamente donde les parezca, aunque no tengan un solo cliente en ese lugar. El creciente valor de intangibles, como marcas, algoritmos o datos, facilita la evasión en un sistema fiscal diseñado para el comercio de tornillos o patatas. Por ejemplo, Google ya era capaz hace años de declarar y tributar por unos ingresos en Irlanda de 22.000 millones de euros, con apenas cuatro millones de clientes. Mientras que en Alemania, con 18 veces más clientes, apenas registraba 300 millones de euros de ingresos. Magia.

La discusión alrededor de esta medida no ha hecho más que comenzar. No se sabe aún cuáles serán esas megacorporaciones y sí se sabe que Estados Unidos pone como condición suprimir las medidas unilaterales sobre sus monstruos tecnológicos bajo pena de aranceles a nuestros jamones. El asunto de la información país por país se vuelve crucial para medidas de este tipo. Cada empresa debería decir cuánto facturó, con cuántos clientes, trabajadores, beneficios e impuestos pagados, en cada país. Parece sencillo, ¿verdad?, pues la UE lleva años tratando de alcanzar un acuerdo lastrado por tecnicismos que esconden la firme, y natural, voluntad del corsario de esconder el botín en la isla pirata.

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La segunda medida, y más relevante, es el tipo mínimo del 15%, una cifra que es el resultado de una batalla política entre países e intereses privados y que comienza con Estados Unidos elevando el tipo nominal de su impuesto de sociedades federal al 28% y el tipo mínimo sobre beneficios internacionales al 21%, desde el 10,5% anterior. El 21% fue la propuesta inicial de Estados Unidos, que ha sido afeitada en las negociaciones, con una UE dividida que acabó defendiendo la rebaja al 15% para atender a sus Estados miembros paradisíacos y, de paso, a las corporaciones. Aunque ni así se contenta a una Irlanda con un tipo nominal del 12,5%. Sí a Facebook o Google, que han dado la bienvenida a la reforma, respirando por lo pacata de esta.

Limitada también para España, donde el tipo medio de tributación global de los 112 principales grupos empresariales es del 17%, por lo que este piso mínimo no parece tan ambicioso. Dicho esto, la mitad de ellos tributa por debajo del 15% y hay 22 grupos cuyos beneficios tributan a un tipo efectivo del 1,3%. A estos sí les afectará, aunque falta por ver dónde acabarán tributando.

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La propuesta de organizaciones y centros de estudio está más bien en el entorno del 25%. La diferencia en términos de impacto es significativa. Según el EU Tax Observatory, dirigido por Gabriel Zucman, si el tipo mínimo fuera del 15%, España podría recuperar 700 millones de euros en recaudación adicional, que ascenderían a 5.400 si fuera un 21% y a 12.400 millones si fuera del 25%. Lo mismo defiende Piketty para Francia.

Habrá que estar atentos también al impacto de esta medida, según cómo quede diseñada finalmente, en los países en desarrollo, ya que podría acabar repartiendo la recaudación entre los grandes paraísos fiscales de buena reputación, y los países sede de las corporaciones, dejando en cero impuestos a los países donde las empresas también operan, extraen y facturan.

Si, tras el paso por el G-20 y el conjunto de la OCDE, el acuerdo queda en el 15%, se habrá dado un paso de enano. En la buena dirección, sí, lanzando una señal a los paraísos fiscales y actuando contra los más agresivos, aunque en absoluto contundente con los verdaderos rapiñadores de impuestos, muchos de los cuales están dentro de la UE.

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Aún queda tiempo para ampliar el paso, volver al 21% y seguir peleando por una fiscalidad internacional justa para todos, basada en la economía real, así esté en la nube, y que beneficie a las personas, no a las fortunas.

*Artículo escrito junto con Susana Ruiz, responsable de fiscalidad de Oxfam.