Los 'dreamers' necesitan la reforma del Reglamento de Extranjería antes de cumplir 18

Los 'dreamers' son cientos de miles de jóvenes que entraron en Estados Unidos cuando eran niños, recibieron educación, pero no se les dejó regularizar su situación, por lo que no pudieron trabajar en la economía formal. Han estado amenazados de deportación, especialmente durante el Gobierno de Trump. Son chavales que se han preparado y que sueñan con su futuro.

En España, también hay 'dreamers', aunque muchos menos. Entraron huyendo de la violencia, la persecución, las bandas o la miseria. Los que son menores de edad pasaron a la tutela del Estado hasta que cumplieron los 18 años, día en que se les echó a la calle sin documentación que haga posible su acceso al mercado laboral, salvo siendo explotados en la economía sumergida.

Esta política, tan promotora de exclusión social como estúpida para la sociedad y la economía española, es la que pretende enderezar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con su propuesta de reforma del Reglamento de Extranjería. La reforma, bloqueada por el Ministerio de Interior, facilita que, al cumplir los 18 años, los menores extutelados puedan trabajar, aligerando los trámites actuales.

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Antes de avanzar, me anticipo a algunos comentarios habituales. “Son muchos”. No, estamos hablando de unos 9.000 menores extranjeros tutelados y de otros tantos extutelados, un número que no justifica el bloqueo de Interior. “Si entraron de forma ilegal, que se les expulse”. Más allá de otras consideraciones asociadas con la protección internacional de menores —ojalá nuestros hijos y nietos no la necesiten nunca—, la realidad es que estos chavales no tienen una forma legal de entrar en Europa. “Que se les devuelva automáticamente, estos niños donde mejor están es con sus familias”. O no. Eso no lo sabe usted, ni yo, ni el ministro de Interior ni nadie, hasta que no se investigue caso a caso la situación de cada menor, con la profundidad que requiere el interés superior del mismo, y como exigen la legislación española y la Convención de los Derechos del Niño, de la que España es signataria. Una adolescente puede estar escapando de una red de trata, un niño, de abusos infantiles en su hogar, un joven, de amenazas por sus creencias u orientación sexual.

La llegada de miles de migrantes a Ceuta en unas horas provocó una grave crisis

Así lo confirmó la jueza que paralizó en agosto las devoluciones colectivas de menores desde Ceuta a Marruecos. Nadie puede vulnerar los derechos de los menores incumpliendo la ley, tampoco el Ministerio de Interior ni el Gobierno ceutí. Es cierto que la llegada de miles de migrantes a Ceuta en unas horas provocó una grave crisis. Pasadas las primeras semanas y retornados los adultos que entraron, la situación se limita a unos 700 menores. Un número excesivo para Ceuta, aunque perfectamente asumible por el conjunto de las comunidades autónomas si se respondiera de forma colectiva.

El problema para estos menores tutelados reside en un sistema que combina la lenta burocracia pública con una normativa que torpedea la inclusión de estos chavales en la sociedad. Un callejón sin más salida que la marginalidad, en el que se encuentran los jóvenes extutelados y hacia el que se dirigen otros 9.000 menores cuando cumplan los 18 años.

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La reforma pendiente incluye acelerar los trámites, ya que hoy las comunidades autónomas pueden dilatar hasta nueve meses el inicio del expediente para tramitar la tarjeta de residencia de un menor. También se extiende el periodo de vigencia antes de tener que solicitar nuevas renovaciones y, sobre todo, se aligeran los requisitos económicos a la hora de mantener la residencia, cuando se alcanza la mayoría de edad.

Actualmente, se le pide al chaval que demuestre unos ingresos de 2.000 euros al mes, lo cual es ciencia ficción. La propuesta del Ministerio de Inclusión permitiría que estos jóvenes conserven la tarjeta de residencia, que han tenido mientras estaban tutelados, y que la puedan renovar demostrando unos recursos equivalentes al ingreso mínimo vital, o bien justificar su sustento por parte de una entidad pública o social. Y esto con efectos retroactivos, para quienes ya salieron de la tutela y se encuentran en irregularidad completa.

La propuesta permitiría que estos jóvenes conserven la tarjeta de residencia

En resumen, la nueva normativa afianzará los derechos de la infancia y juventud y permitirá a estos jóvenes trabajar o estudiar, con la seguridad de que al acabar su educación podrán buscar un trabajo formal y tener una vida digna. Les permitirá soñar.

Se trata, además, de una medida positiva para la sociedad española. Asociar a estos chicos solo con delitos, manipulando casos y datos, los criminaliza y esconde cómo estos chavales luchan para salir adelante y cuánto contribuyen a sectores económicos necesitados de empleo. Cuando la pandemia cerró las fronteras, cientos de jóvenes extutelados recibieron permiso para trabajar en el campo recogiendo cosechas. Ahí sí fueron indispensables. Al cabo de un año, el 70% de ellos sigue dado de alta en la Seguridad Social, afianzando sus trayectorias profesionales tras aprovechar esta oportunidad. Estos jóvenes, que se asocian y participan de emprendimientos empresariales, no son mejores ni peores que otros jóvenes que sueñan con un futuro y trabajan por alcanzarlo. Dicho esto, sí cuentan con algunas cualidades especiales, fruto de una vida dura en la que han tenido que ser resistentes, rápidos, tenaces, flexibles. Cualidades muy valoradas en el mercado laboral.

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¿Hasta dónde llevará el Ministerio de Interior esta insensatez? El esfuerzo de educadoras y trabajadores sociales, la inversión de las administraciones públicas, las vidas de miles de personas, todo tirado por la borda el día de su decimoctavo cumpleaños. No se trata solo de otros ministerios, de las organizaciones de infancia y de los propios jóvenes que se concentraban hace unos días frente al ministerio. El defensor del pueblo también viene pidiendo desde hace años esta reforma.

Si no es por humanidad, por los derechos de la infancia, por las vidas de estos soñadores, aprueben estos cambios por lógica económica e interés social, para evitar la marginalidad y facilitar unos miles de buenos trabajadores al mercado laboral. Ellos están deseándolo. Sueñan.