¿Hasta cuándo aceptaremos la pobreza infantil en España?

Sí, en España hay niños y niñas pobres. En nuestras ciudades hay una infancia que pasa frío, come mal, duerme hacinada, no tiene internet fiable para estudiar y apenas ve a sus madres y padres, que trabajan sin horarios para ni siquiera llegar a fin de mes.

Hay varios indicadores que miden la pobreza infantil. El más usado es la tasa AROPE que determina el porcentaje de población que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y que para la infancia española se encuentra en un 33.4%. En la UE solo Bulgaria y Rumanía están en una situación peor. Más expreso es el índice de privación material y social severa, que es de un 10.8%. O sea que en España hay 889.000 niños y niñas en hogares que no pueden cubrir al menos 7 de 13 necesidades básicas para su bienestar y dignidad, entre ellas tener una temperatura adecuada en la casa, o comer carne, pollo o pescado con la frecuencia necesaria.

"Las causas de la pobreza infantil son múltiples. Entre ellas, una baja intensidad y calidad del empleo de sus padres y madres"

La pandemia ha empeorado esta situación. De hecho, la reciente Encuesta de Condiciones de Vida, que ya recoge datos de 2021, apunta a un crecimiento de la pobreza. Con diferencias etarias, eso sí. Mientras que la pobreza de ingresos en el conjunto de la población ha crecido un 0.7%, la infantil lo ha hecho en un 1.5%. Mientras que la pobreza en hogares sin niños se sitúa en un 16.6%, la de hogares con niños es del 26.6%. En España tener hijos casi dobla la probabilidad de caer en la pobreza.

Datos, números, que no esconden historias de vida. Las de cientos de miles de niñas y niños, uno a uno, cuyo derecho a una vida digna es vulnerado, crecen en la precariedad y ven laminadas sus oportunidades de futuro. Que alcanzan un nivel educativo bajo, sufren más la obesidad y tienen peor salud. Una situación que es especialmente cruda en los hogares monoparentales, madres solas en su mayoría. Casi la mitad de los mismos se encuentra en la pobreza. Los hijos de una madre sola, migrante, desempleada o con empleo precario en la economía de los cuidados, que destina la mayor parte de su ingreso al alquiler de una vivienda mínima, tienen una alta probabilidad de crecer con graves carencias que marcarán sus vidas.

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Las causas de la pobreza infantil son múltiples. Entre ellas, una baja intensidad y calidad del empleo de sus padres y madres, o el imposible coste de la vivienda en las grandes ciudades. La inflación de hoy arrasa con las economías más vulnerables que deben recortar gastos básicos en alimentación, ropa o calefacción. A estos factores, estructurales o de coyuntura, se suma la erosión de los ahorros y redes familiares y la débil protección social a las familias.

España aún protege poco y mal a su infancia, ya que dedica escasos recursos a las familias y estos apenas se focalizan en las de menores ingresos, puesto que la mayoría de las ayudas son contributivas o llegan en forma de deducciones fiscales no reembolsables. España es el país de la UE, tras Malta, que menos reduce la pobreza infantil tras aplicar las transferencias sociales, apenas 6.4 puntos frente a una media de 13.4 y a países como Hungría o Irlanda que la rebajan en más de 20 puntos a través de unas generosas prestaciones universales a la infancia. El grueso de las transferencias sociales en España se centra en pensiones y prestaciones de desempleo y aunque el Ingreso Mínimo Vital ha supuesto un avance notable, su alcance limitado y las dificultades para su tramitación apuntan a la necesidad de nuevas medidas de protección de la infancia en nuestro país para cambiar un sistema pequeño y poco redistributivo, con un escaso impacto en la reducción de la pobreza infantil.

"La mayor parte de los países del entorno han optado por prestaciones reembolsables para apoyar la crianza"

Combatir con seriedad la pobreza exige actuar en varios frentes, siendo el de la protección social uno de los más relevantes, sobre todo si se combinan bien las prestaciones universales con las focalizadas en los hogares de menores ingresos con hijos. Lo segundo puede lograrse con el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital. Lo primero debe abordarse con una prestación universal a la crianza, propuesta realizada por la Plataforma de Infancia, Save the Children y UNICEF España y que debería abordarse como una deducción fiscal reembolsable a través del impuesto a la renta. Al reducir la burocracia y llegar a todas las familias, también a las de menores ingresos, la deducción incidiría en el carácter progresivo del impuesto y tendría un impacto notable en la reducción de la pobreza infantil.

Esta prestación debería quedar recogida en cualquier reforma fiscal y también en la nueva Ley de Familias que se va a presentar en el Parlamento. Se trata de una ley importante en este y otros frentes, ya que avanza en el reconocimiento de todas las familias en su diversidad actual, amplía las opciones de cuidado y conciliación, así como la formación en el ejercicio de la parentalidad, y apuesta por el apoyo a la crianza mediante ayudas económicas a las familias con hijas e hijos menores de edad.

La mayor parte de los países de nuestro entorno han optado por prestaciones universales reembolsables como el mecanismo más eficaz de apoyar la crianza. A modo de ejemplo, su implantación en Estados Unidos durante la pandemia a través de un "Tax Child Credit" de 3000$ por niño, reembolsable para asegurar su llegada también a los hogares de menores ingresos, contribuyó a una reducción de la pobreza infantil de un 30%. Un año después, el retorno a una deducción fiscal no reembolsable de 2000$ ha devuelto la pobreza a muchos de estos hogares que estaban al límite.

"Incrementar la protección social de las familias a través de prestaciones a la crianza sería un gran paso en la buena dirección"

La pobreza infantil, inaceptable en ningún lugar y menos en España, tendría que ser titular diario en la agenda pública, por ser y por lo que dice el país que somos. Invertir lo suficiente en protección de la infancia y de las familias contribuye a garantizar los derechos recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Es además una buena decisión para cualquier sociedad, ya que fomenta la natalidad, permitiendo una crianza en condiciones dignas y un crecimiento sano, en el que se desplieguen las capacidades de cada persona. Los beneficios económicos para el país son evidentes, como también lo son los sociales en términos de cohesión y de reducción de la pobreza y la desigualdad.

Hace décadas se forjó en Europa un consenso sobre la protección social de los mayores a través de un sistema robusto de pensiones. Es imprescindible que ese mismo nivel de consenso, y sobre todo de acción, se logre en relación con la pobreza infantil. Incrementar la protección social de las familias a través de prestaciones a la crianza sería un gran paso en la buena dirección.

*Chema Vera, Director Ejecutivo de Unicef España y Gabriel González-Bueno, especialista en Políticas de Infancia de Unicef España.