El 16 de noviembre de 2009, el abogado ruso Serguéi Magnitsky, encarcelado desde hacía un año, fue llevado a una celda de aislamiento, esposado a la cama y golpeado hasta la muerte por ocho guardias. Antes de eso había sido maltratado durante meses por las autoridades, que le habían denegado el tratamiento médico que necesitaba desesperadamente y le habían cambiado de celda numerosas veces de forma abrupta, cada vez a una en peores condiciones, en un intento de forzar una confesión. Al menos esa es la versión que el cliente de Magnitsky, el financiero Bill Browder, da de lo sucedido en su libro “Notificación Roja: El enemigo nº1 de Putin” (Ed. Capitán Swing, 2016). Sea correcta o no, lo cierto es que el abogado acabó muerto.

Hoy, el nombre de Magnistky acompaña a una ley estadounidense que Rusia ha tratado de neutralizar a toda costa. Es la legislación que provocó el desencuentro entre el Kremlin y la Administración Obama, a pesar de la iniciativa de borrón y cuenta nueva diplomática promovida por ésta; es uno de los motivos de la enconada animadversión de Vladímir Putin hacia Hillary Clinton; y, en último término, es probablemente la razón de que Rusia pusiese toda la carne en el asador para apoyar a Donald Trump, con la esperanza de que éste, llegado el momento, podría ser persuadido para derogarla. ¿La causa de este encono? Que la ley castiga severamente el bolsillo de los principales personajes del putinismo.

Con Trump en la Casa Blanca, las menciones a la Ley Magnitsky brotan aquí y allá, relacionadas con los acontecimientos políticos recientes en EEUU. Por poner un ejemplo reciente, Natalia Veselnitskaya, la abogada rusa que se reunió con el hijo y el yerno de Trump y con su jefe de campaña Paul Manafort, era una vocal detractora de dicha legislación. Esta ley juega un papel clave en el deterioro a pasos agigantados de la relación entre Washington y Moscú, a pesar de lo cual es bastante desconocida fuera de los círculos de observadores de la política de Rusia.

Según Browder, la razón última de la muerte de Magnitsky fue que había descubierto un fraude a gran escala por parte de las autoridades rusas contra su fondo de inversión extranjera, Hermitage Capital, el más grande de Rusia: tras una redada en su sede, las autoridades habían incautado numerosos documentos que posteriormente habían utilizado para, simplemente, registrar las empresas del fondo a nombre de otra persona, un conocido criminal convicto con vínculos con el Kremlin. El complicado fraude, relacionado con el impago de impuestos, ascendía a 230 millones de dólares. Al denunciarlo públicamente, la policía detuvo a Magnitsky acusándole nada menos que del mismo esquema delictivo que había destapado, y le torturó durante casi 12 meses para lograr que se autoinculpase. No lo hizo, y eso supuso su final.

Pero Browder, pese a estar devastado por esta muerte, no se resignó. Se dio cuenta de que los mismos funcionarios corruptos responsables del crimen mantenían el dinero que expoliaban en bancos extranjeros. Y decidió que ahí podía golpearles donde realmente duele. “No iba a ser verdadera justicia, pero sería mucho mejor que la impunidad total de la que gozaban”, ha declarado posteriormente. El financiero se reunió con dos senadores estadounidenses, el republicano John McCain y el demócrata Benjamin Cardin, y logró que propusieran una legislación que congelaba los bienes en EEUU de los responsables de la muerte de Magnitsky (y, de paso, de otros rusos responsables de abusos importantes de derechos humanos). La ley fue aprobada por abrumadora mayoría en ambas cámaras, y firmada por Barack Obama a finales de 2012.

Y eso, básicamente, es lo que nos ha conducido al momento actual. La furibunda respuesta del Kremlin fue prohibir la adopción de niños rusos por parte de familias estadounidenses, un veto que se mantiene hasta el día de hoy. Y por eso, cuando alguien vinculado con el Gobierno ruso menciona la palabra "adopciones", todo el mundo entiende que en realidad está hablando de abolir la Ley Magnitsky. La llamada Human Rights Accountability Global Initiative Foundation (HRAGI), una supuesta ONG con sede en Delaware oficialmente dedicada a promover la acogida de menores rusos en EEUU, se dedica en realidad a financiar campañas de lobby en Washington con fondos rusos contra esta legislación. Y al referirse a la reunión que mantuvo a solas con Putin durante el G20, Trump declaró al New York Times, significativamente: "No fue una conversación larga, solo hablamos sobre... cosas. En realidad fue muy interesante: hablamos sobre adopción".

"Lo que hace que el funcionariado ruso se cabree tanto sobre la Ley Magnitsky es que fue la primera vez que había algún tipo de obstáculo para poner el dinero robado en lugar seguro", escribe Julia Ioffe, comentarista sobre Rusia en la publicación The Atlantic. "En Rusia, después de todo, funcionarios y burócratas te lo pueden volver a robar, de la misma manera en la que fue robado en primer lugar: una redada, un esquema de extorsión, un caso judicial con documentos falsos... las posibilidades son infinitas. Proteger ese dinero significa sacarlo de Rusia. Pero, ¿qué pasa si lo sacas de Rusia y es congelado por las autoridades occidentales? ¿De qué sirve robar todo ese dinero si no puedes disfrutar del apartamento de Miami que compraste con él?", se pregunta mordazmente. La Ley Magnitsky, de hecho, fue el primer paso: a eso le siguieron las sanciones europeas y estadounidenses tras la invasión de Crimea, y la elaboración de una legislación similar por parte de Canadá.

La corrupción y el modelo cleptocrático vigente en Rusia no es objeto de discusión: el propio Dimitri Medvédev, por entonces primer ministro, se quejó en 2008 de que un tercio del presupuesto federal ruso era robado por funcionarios corruptos (lo que, según Ioffe, "significa que la proporción real era mucho mayor"). Y probablemente llega hasta el propio Putin: como revelaron los Papeles de Panamá, su íntimo amigo el chelista Serguéi Roldugin es el beneficiario (o testaferro) de unos 2.000 millones de dólares de fondos de oligarcas rusos y del Estado ruso. Tal y como declaró Bill Browder el pasado julio ante el Comité Judicial del Senado de EEUU que investiga el 'Rusiagate', "normalmente se da por hecho que Roldugin recibió este dinero como agente de Vladímir Putin. Información de los Papeles de Panamá también vincula a Serguéi Roldugin con parte del dinero del crimen que descubrió y expuso Serguéi Magnitsky. Basándonos en cómo está redactada la Ley Magnitsky, eso sometería personalmente al propio Putin a las sanciones Magnitsky".

En 2006, el analista político ruso Stanislav Belkovskty -para nada un opositor al Kremlin- publicó el que hasta entonces era el estudio más detallado sobre la riqueza personal de Putin, que cifraba en unos 40.000 millones de dólares, mediante la propiedad parcial de numerosas empresas a través de complicados esquemas de intermediarios y siglas fantasma. En su testimonio de julio, Browder elevó la estimación a 200.000 millones de dólares, lo que, de ser cierto, le convertiría en el hombre más rico del mundo, por delante de Bill Gates y Jeff Bezos. El peligroso ejemplo de la Ley Magnitsky se interpone en todo ello. No hace falta explicar mucho más.