¿Qué puede hacer Europa ante la crisis de los refugiados?

La Unión Europea se enfrenta en estos días a la mayor crisis del proceso de integración desde su creación. Y no, no nos referimos aquí a la crisis del euro o a la crisis griega. En palabras de la canciller Merkel, la crisis de refugiados es el mayor reto al que se enfrenta Europa. Y no le falta razón. No en vano el resto de los temas prioritarios de la agenda exterior, desde las negociaciones con los países de Balcanes Occidentales para su ampliación, hasta el análisis de la situación en Ucrania, han quedado supeditados en los últimos días a esta cuestión. Estamos presenciando la muerte del sistema de Dublín, el estado de coma del espacio Schengen, pilar esencial de la construcción europea, y el absoluto fracaso de la política europea de vecindad.

Las llegadas de 293.035 desplazados por los conflictos en Siria, Afganistán o Eritrea han hecho saltar todas las alarmas. Esta situación ha sido definida por Naciones Unidas como la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Mundial. Su origen coincide con el estallido de las primaveras árabes en 2011 y la guerra en Siria desde 2013. El incremento de las llegadas de desplazados a lo largo de todo el año 2015 lejos de provocar una política integral que afrontara tanto la logística correspondiente a las llegadas como la actuación en el origen de las causas del problema, se ha limitado a reforzar tan solo aquellas políticas migratorias orientadas al control de fronteras. Es decir, más militarización, menos salvamento.

La muerte de Dublín II

Efectivamente, la respuesta europea ha sido decepcionante. Si la Comisión en primera instancia intentaba coordinar discurso y política a través del lanzamiento de la Agenda Europea de Migraciones, los estados miembros han mostrado total ausencia de empatía y solidaridad en el seno del Consejo. Quizás, el punto álgido de esta disputa se representó en el Consejo de Ministros de junio donde el primer ministro italiano y la primera ministra lituana tuvieron un enfrentamiento que se alejaba de la tradicional cortesía imperante en estas reuniones. La propuesta de la distribución obligatoria de plazas de reubicación y reasentamiento de entorno a 40.000 refugiados entre los distintos estados miembros presentada por la Comisión y defendida por Junker se enfrentaba a la posición de Tusk y los gobiernos. El resultado finalmente fue la prevalencia de la voluntariedad frente al reparto equitativo de las cuotas de refugiados lo que dejo un paisaje desolador.

Así, en el Consejo del 20 de julio, los estados establecían el número de plazas que ofertarían para la reubicación y el reasentamiento. La mayoría de los estados ofreció menos plazas de las que originalmente había propuesto la Comisión. De las 20.000 plazas de reasentamiento propuestas por la Comisión tan solo se cubrieron 18.415. Llamó entonces la atención que solo se pudiera llegar a las 22.504 plazas gracias al ofrecimiento de Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia. Sin duda la tacañería de países como España, Hungría, o el Reino Unido han tenido mucho que ver con esta escueta cifra de plazas para refugiados. Sus principales argumentos eran el efecto llamada a los potenciales peticionarios de asilo o la imposibilidad de acoger a las personas que llegaban estableciendo el caldo de cultivo para fomentar aún más un racismo y xenofobia que no han tardado en hacerse oír. A todas luces era evidente que para la UE era más factible la acogida de 300.000 desplazados que lo que es para Líbano o Turquía la presencia de más de un millón en sus territorios.

La fuerza de los acontecimientos ha demostrado cuán equivocados estaban aquellos que abogaron por la militarización de las fronteras, por la racanería en sus ofertas de plazas. El primero en sentirlo fue el primer ministro Cameron con la crisis de Calais de principios de agosto y sus desafortunadas declaraciones sobre la plaga que sobrevuela Europa. Y esto no fue más que el principio. Pronto, y coincidiendo con las negociaciones del tercer rescate, Grecia se vio desbordada en sus capacidades de acogida. Las imágenes que nos han llegado desde Lesbos y Kos ilustran perfectamente el quiebre del régimen migratorio griego y el endeble equilibrio existente en los Balcanes Occidentales, eternos candidatos a formar parte de la UE. En estos días, vemos con tristeza escenas que nos evocan a un pasado no tan lejano. Check Point Charlie. Desplazados que se apilan en torno a muros y vallas buscando un hueco por el que colarse en el espacio Schengen, a través de alambres de espino u ocultos en camiones.

El espacio Schengen en peligro

Esta es, sin duda, una de las preguntas que se encuentra en la mente de todos. Esta crisis de refugiados si para algo está sirviendo es para descubrir lo que significa verdaderamente compartir la gestión de una frontera exterior. Se trata, por tanto, de volver a reflexionar sobre los objetivos comunes de la Unión. Unos objetivos para los que no estaban pensados. La amenaza del terrorismo yihadista, el crecimiento del crimen organizado y ahora también al gestión de la crisis de refugiados.

Sin embargo, parece a todas luces evidente que el problema más que dentro, se encuentra fuera. Si Europa no es capaz de proyectar estabilidad en su vecindad, parece evidente que con toda probabilidad la importara en su territorio. Al terrorismo yihadista hay que combatirlo en origen, en Siria, Irak o Libia, y no intentando identificar infiltrados entre los refugiados que llegan a la UE. En cuanto a los refugiados, obviamente, es obligación de los estados europeos ofrecer ayuda humanitaria a las personas desplazadas, pero también actuar en las causas de ese efecto expulsión que suponen los conflictos y las guerras. Por último, el impulso de la cooperación policial a través de agencias como Europol, y otros mecanismos de coordinación serán los que ayuden a combatir al crimen organizado. Sin duda, fin de Schengen no sólo no resolvería estos problemas, sino que además también terminaría con la propia Unión.

¿Qué puede hacer Europa?

A todas luces parece que es urgente y necesario una pronta respuesta ante los dramáticos acontecimientos que estamos presenciando a lo largo de este año. Sin embargo, es difícil ser optimista a la luz de las últimas actuaciones desarrolladas por parte de los estados miembros escenificando una división que queda patente en cada Consejo Europeo. Por un lado, tenemos un núcleo central de países compuesto esencialmente por los países fundadores, con el apoyo de Dinamarca e Irlanda, que muestran cierta solidaridad y continúan con su tradición de ser receptores de asilados y refugiados. Por otro, tenemos a una periferia poco comprometida con la solidaridad comunitaria en esta materia.

Esta situación es el reflejo de las tres posiciones enfrentadas en este debate. La primera es la que aboga por una mayor comunitarización de la política de inmigración y asilo y en la que incorporaríamos a los países del centro y norte europeo. La segunda, serían aquellos países situados en la periferia de la Unión que leen esta crisis en términos domésticos. Claros exponentes de esta posición son España, el Reino Unido y Austria. Por último, encontramos a un gran número de países, los “nuevos estados miembros”, con la excepción de Chipre, que consideran que los asuntos relacionados con la frontera sur no son de su competencia, ya que su principal preocupación es la frontera oriental y Rusia, en la que sienten que han sido apoyados como debieran por el resto de sus socios.

Y así las cosas, es Alemania, a través de una estudiada escenificación en la que muestra cómo el eje París-Berlín sigue gobernando los destinos europeos, la que plantea, ante una pusilánime Francia, la necesidad de abordar la reforma del sistema de asilo europeo y pone sobre la mesa propuestas concretas de actuación. Propuestas no desprovistas de polémica, tales como la imposición de mayores restricciones en los criterios de entrada, la apertura de centros de refugiados o el establecimiento de unos estándares mínimos comunes a los 28 sobre las condiciones en las que se reciben los refugiados. El principal problema de esta propuesta, sin duda, es la ausencia del resto de estados miembros en la elaboración de la propuesta, y la ausencia de voluntad política para convocar un Consejo Europeo extraordinario sobre el tema.

Ante esta situación de parálisis permanente en el seno de la Unión es todavía más necesario que nunca continuar incidiendo sobre las posibles acciones que se deberían llevar cabo para intentar sino terminar en el corto plazo, al menos frenar la sangría de vidas y dramas humanos que nos llegan cada día a través de los medios de comunicación.

En primer lugar se hace necesaria una profunda reforma de la política migratoria y de asilo europea que incluya la apertura de vías legales para la presentación de peticiones de asilo en los consulados y un reparto equitativo de las cargas de refugiados, pero también la puesta en marcha de mecanismos europeos de gestión para atender las migraciones laborales, familiares, etc. Si esto no sucediera nos quedaríamos con una sensación de oportunidad perdida para avanzar en la construcción no sólo de un discurso, si no de una política de inmigración común consensuada por todos los socios. Frente al actual pesimismo, intentemos habría que intentar aprovechar esta crisis como oportunidad para avanzar e integrar esta política no priorizando como hasta ahora un intergubernamentalismo que mina de manera fehaciente la solidaridad europea.

La UE está fracasando en la asistencia de ayuda humanitaria a las personas que están llegando de manera masiva a sus fronteras, de nuevo Europa fracasa tal y como sucedió con los refugiados de los Balcanes Occidentales durante las guerras de Yugoslavia. Por tanto, es imprescindible dotar de más recursos las medidas orientadas a la atención de los refugiados una vez en territorio comunitario.

Se hace también imprescindible un cambio de la Política Exterior y de Seguridad Común en la que no sólo esté incluido el control de fronteras sino también la acción en el origen de las causas que provocan la salida masiva de personas. Esta acción debería tener una doble naturaleza. Por un lado, agotar las vías diplomáticas, por otro, no dudar en emplear la acción directa como por ejemplo el embargo de armas y la apertura de corredores humanitarios en las zonas en conflicto. Es decir, se trataría de poner en marcha políticas activas de conflicto y postconflicto y terminar con el cortoplacismo estratégico de la PESC.

Sin duda, la UE no está atravesando su mejor momento. La crisis económica que asola a las sociedades europeas, junto con otras tanto en la zona euro, en Grecia, como en su vecindad, en Ucrania, los Balcanes y el Mediterráneo, deberían hacer reflexionar a sus dirigentes acerca de qué estrategias aplicar, puesto que las que ha venido desplegando hasta ahora son, a todas luces, insuficientes.

*Ruth Ferrero Turrión es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense y en la Universidad Carlos III de Madrid.