Los cambios que Brasil necesita
Los sistemas presidencialistas de coalición basan la gobernabilidad en la capacidad de liderazgo y un buen desempeño de la economía. El Gobierno de Dilma no tuvo ninguna de estas dos propiedades
La grave crisis política y económica que está padeciendo Brasil pone de manifiesto el agotamiento de su sistema política de presidencialismo de coalición y también de su estrategia de desarrollo económico de las últimas década excesivamente dependiente de la demanda externa de materias primas y la dificulta de realizar reformas estructurales que modernicen e incentiven la productividad de su sector productivo.
Juan José Linz, que ejerció como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, ya alertaba en un influyente estudio sobre los procesos democrático en América Latina, sobre las debilidades del presidencialismo como garante de la estabilidad de los sistemas democráticos. Destacaba sobre todo que los sistemas presidencialistas multipartidista, fragmentado, con poca fidelidad partidista y bajas barreras a entradas de nuevos partidos políticos son esencialmente inestables y fuente de crisis políticas constantes. A pesar de la relativa estabilidad en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) y de Lula da Silva, esta deficiencia estructural del sistema político brasileño no ha sido transformada y es la fuente principal de lo que está ocurriendo con Dilma Rousseff.
En el campo económico, necesita una reforma tributaria que revierta la regresividad de los impuestos indirectos. Desde el lado de los gastos, el mercadeo político genera una ausencia absoluta de rigor en términos de evaluación de políticas públicas¿Qué es lo que diferencia el gobierno de Dilma con los dos anteriores? Fundamentalmente el estilo del presidente, la fortaleza del líder del Ejecutivo, su capacidad para dialogar con el legislativo y generar estabilidad y liderazgo en esa relación de poder ejecutivo-legislativo. FHC consiguió crear una coalición estable de gobierno con tres partidos políticos, logró estabilizar la economía después de años de hiperinflación, aunque no consiguió aprobar las reformas estructurales más polémicas, cómo la tributaria. Lula da Silva, a su vez, basó su gobierno en su liderazgo, a pesar de gobernar con más partidos políticos en su coalición, en el buen desempeño de la economía, los avances sociales y su capacidad de negociación con un parlamento muy fragmentado. Dilma Rousseff ha sido incapaz de liderar un parlamento fragmentado y tampoco de mantener la economía boyante. Es decir, los sistemas presidencialistas de coalición, con excesiva fragmentación partidista, basan la gobernabilidad en la capacidad del presidente de crear y mantener una coalición estable de gobierno, para lo que su capacidad de liderazgo y un buen desempeño de la economía son fundamentales. El Gobierno de Dilma no tuvo ninguna de estas dos propiedades.
En Brasil este sistema ha llevado, invariablemente a un modelo marcado por una elevada corrupción e ineficiencia en la administración pública. La distribución de ministerios y de cargos de confianza se transformaron en moneda de cambio de apoyo político. Además, este mercadeo político tiene efectos colaterales muy graves: el control de los recursos públicos se vuelve, por la corrupción, en una alternativa de financiación de los partidos políticos. La ineficiencia, derivada de la falta de criterios meritocraticos en las administraciones públicas, también es otro coste elevado, que la sociedad lo sufre, aunque no se suelen asociar a ese modelo político. En la actualidad, por ejemplo, existen más de 20 partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, con tendencia a que este número se incremente, hecho que explica porque el país llegó a tener, hasta recientemente, 39 Ministerios. En ese contexto, la sociedad brasileña debería buscar una reforma política que, por lo menos, disminuya la fragmentación partidista y genere mayores incentivos para una coalición estable de gobierno.
Otro factor importante en ese sistema es la tolerancia de la sociedad brasileña a la corrupción, lo que también acaba siendo un obstáculo a las reformas estructurales que el país necesita. No deja impresionar que los políticos sospechosos de corrupción desde hace mucho tiempo consigan reelegirse sin grandes dificultades. En la práctica, y por desgracia, la argumentación de que todos son corruptos y de que la intolerancia no es capaz de cambiar nada parece funcionar en el día a día electoral de Brasil.
Desde la perspectiva económica, son indudables los avances desde 1994, durante los gobiernos de Lula y FHC, con el control de la inflación, crecimiento con distribución de renta y reducción de la pobreza. Dilma, sin embargo, encontró un panorama económico internacional desfavorable por la Gran Recesión, al que se ha enfrentado con una estrategia de política de ajuste que está siendo muy cuestionada por debilitar la capacidad financiera del Estado, incrementando aceleradamente la deuda pública, sin beneficios en términos de crecimiento económico y con posibles efectos negativos sobre la tendencia de mejora en la distribución de la renta que se observaba en el nuevo siglo.
Las llamadas 'peladas fiscales', argumento formal del 'impeachment', han sido una forma de vadear los graves problemas fiscales que el país atravesaba antes de las elecciones de 2014Las llamadas “peladas fiscales”, argumento formal del 'impeachment', han sido una forma de vadear los graves problemas fiscales que el país atravesaba antes de las elecciones de 2014. Probablemente, este argumento per se no hubiera sido un motivo para la destitución de la presidenta Dilma, especialmente si el escenario económico hubiese sido de estabilidad con crecimiento y una base política de apoyo sólida. Sin embargo, atentan contra la transparencia y la responsabilidad fiscal, contribuyeron a la minar la credibilidad de la política económica, incluso con pérdida de grados de calificación de riesgo para inversión por parte de las agencias de evaluación de rating. Ese aspecto denota la necesidad también de una modernización de la legislación brasileña relativa al impeachment y los delitos de responsabilidad.
Por ello, quienquiera que sea el futuro presidente de Brasil, dado la incertidumbre creada por la apertura del proceso de 'impeachment' a Dilma Rousseff, el Brasil necesita para salir de esa crisis económica y recuperar estabilidad política una serie de reformas. En el campo económico, necesita una reforma tributaria que incremente la eficiencia y revierta la regresividad de los impuestos indirectos. Desde el lado de los gastos, el mercadeo político que domina el sistema política brasileño genera aumentos de los mismos acompañado de una ausencia absoluta de rigor en términos de evaluación de políticas públicas. En ese contexto, es necesario también reevaluar de forma profunda la política de gastos públicos, no sólo con el objetivo de reducirlos, sino de mejorar la calidad y priorizar aquellos que incentiven el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad y la pobreza, como por ejemplo, incrementar las inversiones en infraestructura y el programa de distribución condicionada de renta “Bolsa Familia”.
Por lo tanto, inexorablemente se está abriendo una nueva etapa política en Brasil, reflejada en un agotamiento de los modelos políticos y económicos existentes hasta la actualidad. La trayectoria futura del país dependerá de las reformas políticas y económicas que vayan a implementarse. Hay que buscar un nuevo pacto social como el que derivó en la democratización del país hace ya unas décadas y evitar una polarización política de la sociedad, lo que puede inviabilizar cualquier cambio que el país necesita, sea quien sea el futuro gobernante del país.
*Julimar da Silva Bichara (Universidad Autónoma de Madrid) y Rogerio Nagamine Costanzi (Máster en Economía por la Universidad de Sao Paulo).