Fujimori y la masacre de La Cantuta: 25 años caminando en busca de justicia

En julio de 1992, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados por agentes de inteligencia del ejército. Desde entonces, con el Estado de parte de los asesinos, exigimos verdad y justicia

Foto: Familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta durante una ceremonia en Lima, en julio de 2008. (Reuters)
Familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta durante una ceremonia en Lima, en julio de 2008. (Reuters)

El 18 de julio de 1992, nueve estudiantes y un profesor fueron secuestrados de las viviendas universitarias de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, por agentes de inteligencia del ejército peruano que integraban el “Grupo Colina”. Este grupo no fue un grupo paramilitar, sino un escuadrón de la muerte formado dentro de la estructura jerárquica del Servicio de Inteligencia.

Tras la desaparición de nuestros familiares, los buscamos por comisarías, cuarteles militares, hospitales, morgues, preguntando por su paradero. Las primeras respuestas llegaron el año 1993 cuando, en las afueras de Lima, se encontraron fosas clandestinas con restos calcinados de personas. Ante la presión nacional e internacional, la Justicia Militar sentenció a unos cuantos responsables cuyos nombres se hicieron públicos por investigaciones de la prensa. En 1995, la dictadura de Alberto Fujimori, promulgó dos leyes de amnistía, una para ponerlos en libertad y la otra para prohibir cualquier investigación futura sobre estos hechos. El grupo Colina, integrado por unas 30 personas entre varones y mujeres, es responsable también de la muerte de 15 personas en Barrios Altos, entre ellos un niño de 8 años, la muerte de 9 campesinos del valle de El Santa, la matanza de 6 personas en Pativilca, al norte de Lima.

Afortunadamente, hemos tenido una buena noticia. La decisión del pasado 20 de febrero de no aplicar la gracia otorgada por el presidente Kuczynski a Alberto Fujimori representa un avance importante en la lucha contra la impunidad por los crímenes ocurridos en Pativilca, y reafirma la obligación del Estado peruano de garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, tal y como afirmaba Amnistía Internacional.

Sin embargo, la lucha tiene que continuar. Los familiares, ante la falta de investigación y sanción a los responsables, acudimos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos con la esperanza de ser escuchados ante el silencio cómplice de algunas instituciones. Fuimos buscando la justicia, más como sentimiento de encontrar tranquilidad que como hecho concreto; de que nos escucharan con respeto y atendieran nuestro derecho a la justicia. En diciembre de 2006, cuando Alberto Fujimori se encontraba en Chile, en pleno proceso de extradición para ser juzgado en Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia contra el Estado Peruano por su responsabilidad en este crimen de violación a los derechos humanos.

En 2009, el expresidente Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años de cárcel. Para los familiares significó el cierre de una larga lucha por llevar a juicio a los responsables de la muerte y desaparición de nuestros seres queridos y Fujimori, sin duda para nosotros y como lo confirmó el Tribunal, es el principal responsable de estas muertes.

Hace 25 años que nuestras familias viven un dolor permanente por esta injusta pérdida. Fiestas familiares como Navidades o el día de la Madre son días vacíos en donde se siente la ausencia más que otros días. Asumir la muerte temprana de nuestros familiares no ha sido fácil, menos aún con gestos políticos, acciones en contra de nuestra lucha que acrecientan el dolor. Como una forma más de acentuar nuestra pérdida, el 24 de diciembre pasado, el presidente Pedro Pablo Kuczynski decidió entregar como regalo de Navidades a la familia Fujimori el inmerecido indulto humanitario para quien no ha mostrado arrepentimiento, no ha pedido perdón por los crímenes ni ha pagado un sol de reparación civil.

La decisión de los familiares, así como la de organizaciones como Amnistía Internacional, siempre fue exigir verdad y justicia. Saber qué había pasado, dónde estaban, quiénes eran los responsables y lograr que sean sancionados por este crimen. Caminar estos 25 años, no ha sido una decisión fácil para nosotros. Hemos sostenido esta lucha con nuestro dolor, nuestras lágrimas, nuestra dedicación y, la mayoría de veces, teniendo al Estado peruano de parte de los asesinos.

Nuestros familiares se convirtieron de víctimas en “terroristas” como calificativo para justificar un crimen absurdo e injusto, aunque nunca fueron juzgados.

A la convivencia con el dolor diario, se suma la estigmatización de señalarnos como “terroristas” como una forma de descalificar a las víctimas y nuestra condición adquirida de víctimas tras la desaparición y muerte de nuestros familiares. Poniendo a la población peruana, que aún vive con el miedo al terror que sembró Sendero Luminoso durante dos décadas, en contra de nuestros derechos a la verdad y a la justicia. Sólo un acto de amor tan fuerte, como el que sentimos por quienes son parte de nosotros mismos, hace que sigamos defendiéndolos con el mismo compromiso de hace 25 años.

Tras esta traición del Gobierno de PPK, los familiares no nos damos por vencidos porque creemos que el derecho a la justicia tiene que ser superior a cualquier forma de impunidad que se negocia con favores políticos. Nuevamente, recurrimos a la Corte Interamericana con la misma esperanza de justicia para que nos escuche y haga respetar este derecho. El pasado viernes 2 de febrero se celebró la audiencia programada en Costa Rica para supervisar el cumplimiento de dos sentencias contra Perú: la del caso barrios Altos y del caso Cantuta.

Es justicia lo que buscamos, es justicia lo exigimos. Justicia es lo que esperamos.

*Gisela Ortiz es representante de Familiares Caso Cantuta.

Tribuna Internacional

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