Tribuna Internacional
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Acuerdos de Oslo: 25 años no han traído la paz a Oriente Medio. Han traído a Trump
Israel no ha acabado con la violencia, pero su posición nunca ha sido tan envidiable desde el punto de vista geopolítico, ni su población ha estado nunca tan satisfecha con el estatus de su país
Este jueves se cumplen 25 años de la firma de los llamados ‘Acuerdos de Oslo’, del histórico apretón de manos en el jardín de la Casa Blanca entre el líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro israelí Yitzhak Rabin. Edward Said lo llamó el ‘Versalles palestino’, Bill Clinton la ‘paz de los valientes’. Oslo inauguró el llamado ‘proceso de paz’ (con muy poco de paz y cada vez menos de proceso), un marco incremental que crearía las condiciones para un ciclo de ‘paz liberal’ que sin embargo se ha convertido en lo que algunos autores denominan mera ‘gestión de conflictos’.
El proceso alimenta sin embargo un status quo en nada estático, y gran parte del peso y responsabilidad de lo que ocurre en los territorios ocupados recae hoy no sobre la potencia ocupante, sino sobre las espaldas de ONGs y comunidad internacional. Independientemente de la buena voluntad de la comunidad internacional o de los propios firmantes, Oslo nunca impuso el fin de la construcción de asentamientos. El proceso de paz se convirtió en testigo de primera línea de cómo Israel ponía en marcha un conjunto de políticas de hechos consumados y realidades sobre el terreno, principalmente en forma de anexión de facto de una importante porción de Cisjordania y Jerusalén Este a base de asentamientos e infraestructuras conexas, pero también recurriendo a otro tipos de mecanismos que hoy por hoy perfilan una ‘realidad de un Estado’.
Todos y cada uno de los presidentes estadounidenses a lo largo de las últimas décadas se embarcaron en el titánico esfuerzo de alcanzar la paz en Tierra Santa. Todos construían sobre lo que los anteriores habían erigido. Para Donald Trump, sin embargo, el proceso no parecía sostenible y exigía un cambio radical, una buena dosis de pragmatismo. Se comprometió a alcanzar el ‘acuerdo del siglo’ desde principios de su mandato, y puso a las riendas de este a su inexperimentado yerno. Acompañado de aliados reconocidos de Israel como el enviado especial Jason Greenblatt y el embajador David Friedman, Jared Kushner comenzó a desplazarse con frecuencia a la región transmitiendo una imagen de equidistancia que su ideología y declaraciones desmentían. El plan de paz definitivo aún no ha sido desvelado, y su publicación ha sido retrasada, de acuerdo con los rumores, hasta 2019 por miedo a influir en unas elecciones adelantadas en Israel y/o en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. De contornos difusos, algunos datos han sido filtrados para ser más tarde desmentidos; la gran mayoría hizo que aquellos familiarizados con la situación en la Palestina histórica se llevaran las manos a la cabeza.
Las decisiones de la Administración Trump han ido sin embargo más allá que lo que hasta ahora representaba la labor de mediación ‘neutral’ (o al menos presentada como tal) de anteriores administraciones estadounidenses, fieles además al compromiso de considerar Israel/Palestina como una cuestión ‘de Estado’ alejada del bipartidismo más abyecto que tiñe otros aspectos de la política exterior y doméstica de Washington. La idea que subyacía al enfoque incrementalista del proceso de paz era que las diferencias más profundas e irreconciliables podrían ser resueltas en un último momento (en principio 5 años) y en un clima de mayor acercamiento entre las partes. Fueron denominadas cuestiones de estatus final. Es en torno a estas materias que diferentes administraciones estadounidenses han hecho públicos parámetros para las negociaciones (Clinton en 2000, Kerry en 2016), o directrices para ayudar a alcanzar acuerdos equilibrados en el futuro.
La Administración Trump, a contracorriente
Trump y su camarilla se han arrogado sin embargo el derecho de decidir por palestinos e israelíes en cuestiones en las que en principio recaía exclusivamente la decisión sobre los ‘bandos’. Trump reconoció en el caso de Jerusalén que el objetivo era descartar (‘take off the table’) esas cuestiones. Lo han hecho siguiendo las líneas maximalistas (en nada compatibles con los mínimos exigidos por líderes palestinos) marcadas por su aliado más cercano. Cuando muchos ya dudaban de que Estados Unidos fuera alguna vez un ‘mediador honesto’, esta Administración ha ido más lejos que todas las demás, y se ha alineado con la postura israelí más allá del dossier israelo-palestino, con la retirada unilateral del acuerdo nuclear con Irán como ejemplo paradigmático. El riesgo adicional es en este caso adoptar otra forma de ‘hechos consumados’, que en el futuro sea muy difícil echar para atrás: para no pocos congresistas, representantes y, entre otros, lobbies, la política de Trump se convertirá en el nuevo kilómetro 0 de cualquier propuesta en referencia a Israel/Palestina, y procurarán reforzarlo antes de que Trump abandone la Casa Blanca.
Todas y cada una de las ‘cuestiones de estatus final’ se han visto hasta ahora sacudidas. La primera de ellas fue el futuro de Jerusalén, sacudida por la decisión de Donald Trump de reconocerla como capital de Israel (y posteriormente trasladar la embajada estadounidense) y no como futura capital de ambos Estados. La ‘ciudad santa’ ha sido donde la política de hechos consumados de Israel ha sido más evidente: tras conquistar la parte oriental de la ciudad en la guerra de 1967, Israel expandió los límites municipales y aprobó una ley que anexó efectivamente toda la ciudad en 1980. A pesar del oprobio internacional y la censura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluido el Estados Unidos, Israel declaró que la ciudad era su capital ‘eterna e indivisible’. Obligar a los palestinos a elegir otra capital (se ha hablado de Abu Dis, de Ramallah, o incluso de Gaza) esquivaría todos los problemas de administración conjunta israelo-palestina y pontificaría el principio de separación.
Otra cuestión de estatus final que la Administración Trump ha socavado es el futuro de los ciudadanos palestinos de Israel, apoyando con carácter implícito la polémica Ley de Israel como Estado Nación Judío que la Knesset adoptó el pasado mes de julio y que consolida el estatus de ciudadanos de segunda clase de los llamados ‘árabes israelíes’. A esto se une el futuro de Gaza y el respaldo de un acuerdo separado entre Israel y Hamas (en el que no participaría la Autoridad Nacional Palestina) para reforzar la idea de división en el movimiento nacional palestino, de autonomía en distintos territorios/bantustanes - y la imposibilidad de cualquier estatalidad futura. Así, Kushner y Cía. se han centrado estos últimos meses en diseñar un potente plan humanitario para la Franja con el fin de apaciguar a liderazgo palestino y contribuir a la ‘humanitarización’ y ‘despolitización’ del conflicto.
La única cuestión de estatus final en la que Trump ha sido fiel a los parámetros fijados por sus predecesores es la seguridad de Israel: Barack Obama garantizó a Israel la ayuda militar más cuantiosa de la historia estadounidense. La securitización del conflicto bebe también del ámbito de cooperación más prolífica entre Israel y la Autoridad Palestina.
UNRWA: ¿la gota que colma el vaso?
La última – y quizás más sensible – cuestión de estatus final que la Administración Trump intenta socavar unilateralmente es la de los refugiados. Estados Unidos anunció la decisión de suspender sus contribuciones anuales de 360 millones de euros a UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, privando a la organización – que funcionarios estadounidenses describieron como ‘irremediablemente defectuosa’ – de un tercio de su presupuesto. Kushner exigió además la redefinición del término ‘refugiado’ (con el supuesto fin de reducir el número de estos de 5.000.000 a 500.000). Varios países, entre ellos España, han ‘acudido al rescate’, conscientes de la inestabilidad que puede crear la decisión. UNRWA - cuyo mandato tiene que ser renovado en dos años. fue creada como consecuencia de la desposesión que la Nakba, la creación del Estado de Israel y el éxodo palestino, dejó tras de sí.
El diagnóstico estadounidense es sin embargo erróneo: los refugiados no son la causa sino la consecuencia del problema, y de acuerdo con el Derecho Internacional (Cuarta Convención de Ginebra), recaería sobre Israel la obligación de asegurar la salud pública de la población en territorio ocupado. La Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas sentó la base para la creación de UNRWA y cristalizaba el derecho de retorno de los refugiados palestinos a los territorios de los que ellos o sus antepasados fueron expulsados. Varias pruebas apuntan a que tanto Yasser Arafat como Mahmmoud Abbas renunciaron al derecho de retorno en Israel. No fue sin embargo el caso de los propios refugiados a lo largo y ancho del planeta, que rechazan ser privados de tal condición, convertidos en refugiados ‘al uso’ y/o obligados a habitar en distintos países, como Jordania o Líbano, que serían convenientemente recompensados (poniéndose de nuevo énfasis en la humanitarización del conflicto).
Opinión Que no haya casi refugiados representaría una razón menos para ceder territorio y soberanía a un futuro Estado palestino. La cuestión de estatus final más debatida es la que se refiere a las fronteras de 1967 y el fin de la ocupación. El primer ministro israelí Benyamín Netanyahu nunca llegó a aceptar la idea de dos Estados en su totalidad e integralidad. Cuando Trump formuló sorprendentemente estar abierto a ‘uno o dos Estados’, no abrazaba una solución de un Estado cada vez más seductora para muchos palestinos, sino que apuntaba a lo que poco después ocurriría: eliminar la posibilidad de que los palestinos cuenten con su propio Estado. La realidad sobre el terreno – la imposible contigüidad territorial entre poblaciones palestinas - confirma que ni siquiera es ya posible la fórmula ‘territorios por paz’ en la que se basa el proceso de paz. Cabe dudar de si Israel ha estado alguna vez dispuesto a ofrecer algo más allá de lo que llaman ‘autonomía plus’ y ‘paz económica’, algo que pueda equipararse a la soberanía y estatalidad real sobre los que en principio se fundamentaban los acuerdos de Oslo y la ortodoxia norteamericana. La Administración Trump ha dado el golpe de gracia a la posibilidad de estatalidad con la propuesta de confederación con Jordania que recientemente desveló el líder palestino Abu Mazen.
Todas las cuestiones salientes se ven así decididas por actores externos (que no ajenos) al conflicto. Incluso se ha traspasado la ‘línea roja’ de permitir la injerencia de países árabes -que protestan las decisiones de Trump con la boca pequeña o de forma muy simbólica- más allá de la Iniciativa Árabe de Paz de 2002. Se consigue así erosionar la base diplomática, legal y lógica de las negociaciones, y despojar a los palestinos de las principales cuestiones que podían usar como ‘palanca’ en las conversaciones con Israel. Los únicos ámbitos en los que se especulaba que, gracias a una considerable presión internacional, podrían obtener concesiones por parte de los israelíes.
Empujados a un acuerdo aún más demoledor
A todo esto se añaden los anuncios sucesivos por parte de Estados Unidos de cortes en diversos gastos destinados a financiar programas de la Autoridad Palestina en ámbitos como la salud: una triquiñuela adicional para empujarlos a la mesa de negociaciones. O la decisión de cerrar la oficina (suerte de Embajada) de la Organización para la Liberación Palestina en Washington. Los palestinos se encuentran, al igual que hace 25 años, entre la espada y la pared, obligados a aceptar lo que antes consideraban inaceptable. No pueden sin embargo volver a decir que ‘no’ sin que tal rechazo a involucrarse en el proceso de paz se vea enmarcado en términos de ‘no tenemos aliados para la paz’, narrativa repetida a diestro y siniestro por las autoridades israelíes a lo largo de los últimos años.
Opinión Solía decirse que mientras no existiera acuerdo entre israelíes y palestinos, los israelíes no podrían alcanzar la paz, seguridad y estabilidad que sus habitantes y aliados llevaban años ansiando. La paz no ha llegado, pero su posición nunca ha sido tan envidiable desde el punto de vista geopolítico, ni su población ha estado nunca tan satisfecha con el estatus de su país. Todo esto con el telón de fondo de un escenario global en el que impera la Ley del más fuerte. Un escenario caracterizado por la marginación de la causa palestina en vista de nuevas prioridades regionales como Irán y el autodenominado Estado Islámico. Greenblatt aireó la idea de que Israel/Palestina no representa un conflicto central para el futuro de la región, a pesar de que la Historia demuestra que no ha sido así en el pasado.
Un abogado del diablo al uso podría afirmar que Trump es el único capaz de conseguir un acuerdo, aunque sea a costa de la dignidad y derechos de un pueblo en su totalidad. No tendría sin embargo en cuenta el principal, si no único, obstáculo: los propios palestinos -no tanto sus gobernantes, que durante décadas no han renunciado a su derecho de autodeterminación ni han cejado en sus actos diarios de resiliencia y resistencia. Mahmud Darwish hablaba de una ‘enfermedad incurable’: la esperanza. ¿Que instrumentos tienen a su disposición, ante el fracaso de la internacionalización de la causa palestina, la debilidad extrema de su liderazgo y las divisiones internas cada vez más profundas? La respuesta radica en una nostalgia creciente de la Primera Intifada, en una transformación de la lucha de vuelta a la igualdad de derechos, la dignidad y la descolonización siguiendo ejemplos como el de Sudáfrica. Mientras tanto continuarán la ocupación y desposesión de un lado y otro de la Línea Verde, el bloqueo de Gaza, la incertidumbre de la diáspora y… la pasividad internacional.
*Itxaso Domínguez es la coordinadora de Oriente Próximo y Norte de Africa de la Fundación Alternativas