“Si fuéramos declarados culpables, nuestra culpa será habernos atrevido a compartir nuestra esperanza en estos momentos tan difíciles para Hong Kong. No siento ni vergüenza ni temor de ir a la cárcel”. Con estas palabras, Benny Tai (representante del trío Occupy) clausuraba el pasado viernes 14 de diciembre la vista oral del juicio contra el colectivo Umbrella Nine, integrado por nueve activistas de Hong Kong que en 2014 promovieron la ocupación pacífica de los principales distritos de la ciudad exigiendo reformas democráticas. Las movilizaciones de los paraguas, con los que más de un millón de manifestantes se defendieron de las cargas policiales durante 79 días de protesta, despertaron gran interés en nuestro país. Prueba de ello es la amplia cobertura mediática que recibieron los activistas Kinman Chan y Alex Chow en sus visitas a varias universidades andaluzas en 2015 y 2017.

Ahora bien, una parte de la opinión pública internacional ha asimilado el conflicto social que se vive en Hong Kong con la situación de Cataluña sin suficiente conocimiento de causa. Y mientras prosigue la cuenta atrás hasta la apertura del juicio contra los promotores del procès el próximo 18 de diciembre, las noticias que llegan de la excolonia británica suscitan o bien una empatía poco fundamentada, o bien un rechazo también escaso de argumentos.

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Mientras las autoridades procesan a los activistas prodemocracia, la excolonia británica se desploma en los ránkings de libertad de expresión.

Es cierto que los protagonistas de ambos escenarios coinciden en su invocación al derecho de autodeterminación, a la desobediencia civil y a la democracia como soberanía del pueblo. Por otra parte, tanto Hong Kong como Cataluña ostentan una posición de liderazgo económico y cuentan con un similar número de habitantes, que en sendos casos manifestaron su voluntad reformista a través de un referéndum cuestionado por las autoridades. A esto hay que añadir el enorme interés que los sucesos del 1-O suscitaron en la metrópolis asiática, que vio reflejada su historia reciente en las impactantes imágenes difundidas por las redes sociales.

No obstante, quienes hemos tenido la suerte, por una parte, de haber nacido en Cataluña y, por otra, de visitar en numerosas ocasiones la excolonia británica, las similitudes terminan aquí. Una mirada profunda a los dos escenarios descubre reveladores contrastes y significativas diferencias.

En primer lugar, respecto al contexto. El Movimiento de los Paraguas se enfrenta a un sistema político y económico crecientemente influenciado por el autoritarismo chino que, sin respetar ni el pacto constitucional de Hong Kong (Basic Law), ni sus compromisos internacionales (Tratado Sino-Británico), multiplica sus gestos de desprecio a la fórmula “Un país, dos sistemas” vigente desde 1997. A pesar de constituir un nodo vital en el sistema económico-financiero global, Hong Kong carece de elecciones democráticas por sufragio universal. Además, el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales (expresión, manifestación, asociación, participación política) se ve cada día más vulnerado por las crecientes injerencias de Pekín, como denuncia la actual campaña de Amnistía Internacional a favor de los procesados. A todo ello hay que añadir un elevadísimo índice de desigualdad que mina los derechos económicos y sociales de gran parte de la población, y que se traduce también en restricciones a nivel de representación política.

Un marco legal antagónico

Cataluña, en cambio, goza de autonomía en el marco del Estado español, una autonomía regulada por un texto constitucional que fue avalado mayoritariamente por su propia ciudadanía en 1978. Ésta es precisamente la base legal que posibilita la existencia de instituciones de autogobierno y avala sus competencias en el plano ejecutivo, legislativo y judicial, así como la administración de políticas para fomentar la igualdad y el bienestar social dentro de la comunidad catalana. Respecto al enjuiciamiento de los líderes políticos del procès, Amnistía Internacional ha declarado que sus actos “posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española” y que “no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión, ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional”.

En cuanto al Estado al que pertenecen Hong Kong por una parte, y Cataluña por otro, las diferencias son también llamativas. España es un Estado de Derecho democrático-liberal y pluripartidista, que ocupa la posición 19ª en el conjunto de los 167 países del último Democracy Index publicado por The Economist Intelligence Unit (EUI). Debido a ello, es considerado una “democracia plena” entre la mermada veintena que merece este apelativo en todo el mundo. Por contraste, la República Popular China, a la que Hong Kong se reincorporó en 1997 como Región Administrativa Especial (RAE), entra dentro de la categoría de “países autoritarios”, posicionándose en el número 139º dentro del mismo ranking.

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En lo que concierne específicamente al pluralismo y la calidad de los procesos electorales dentro de los dos escenarios que estamos comparando, la divergencia no puede ser mayor: España recibe una elevada puntuación (9,17 sobre 10), mientras que a China se le otorga la peor posible (0,00). Dentro del Democracy Index la región hongkonesa ocupa un nivel intermedio, la posición 71ª, pero alcanza sólo 3,92 puntos en la calificación de su sistema electoral.

La evidencia que mejor corrobora estas valoraciones es que los partidos que auspiciaron la votación del 1-O están hoy gobernando Cataluña, a diferencia de lo que sucede en Hong Kong, donde los candidatos a la presidencia del gobierno han sido únicamente aquellos que han contado con la aprobación de Pekín. A esto hay que añadir que el voto popular directo en la excolonia británica representa sólo un tercio de los escaños dentro del arco parlamentario, que además ha sufrido menoscabo por la reciente expulsión de los diputados más críticos. De ahí que los activistas procesados en Hong Kong denuncien la falta de representatividad de las instituciones del Estado.

Unos huyen, otros se quedan

Otro aspecto importante que diferencia a los imputados en ambos escenarios son los hechos por los que se les juzga. Para los dieciocho exdirigentes catalanes que se sentarán próximamente en el banquillo se piden penas de prisión por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos, que culminaron en la declaración unilateral de independencia del 10 de octubre de 2017. Al colectivo hongkonés Umbrella Nine se le acusa, en cambio, de varios cargos relacionados únicamente con desórdenes en la vía pública: conspiración para cometerlos, incitación a cometerlos, e “incitación a la incitación”, un original pleonasmo jurídico que podría agravar notablemente las penas. Los hechos no tienen que ver con ninguna declaración de independencia, sino con el papel desempeñado por los activistas durante el Movimiento de los Paraguas, al instar a la ciudadanía a unirse a las protestas y dar voz al clamor popular.

En otro orden de cosas también es importante destacar que quienes lideraron el activismo de los paraguas procedían de la sociedad civil y se enfrentaron al poder del gobierno, mientras que en Cataluña las iniciativas han sido alentadas por las propias autoridades del ejecutivo autonómico. En el primer caso se trata, por tanto, de un movimiento de base; en el segundo, está propulsado desde el poder, aunque desde ahí haya permeado diversos estratos sociales. Además, los activistas hongkoneses han rechazado múltiples oportunidades de pedir asilo político en el extranjero porque su ética les insta a la ejemplaridad y la coherencia. Otro fuerte contraste que pone en evidencia a los fugados líderes del procès.

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En el plano legislativo sus demandas son contrapuestas. Los líderes asiáticos actualmente procesados reclaman que se cumpla la llamada 'Basic Law', el pacto constitucional que regula a la excolonia británica desde su reincorporación al continente en 1997, así como los compromisos internacionales suscritos por China, comenzando por el Tratado Sino-Británico. En cambio, el común denominador de los soberanistas catalanes es el rechazo a la Carta Magna en que se fundamenta su propio autogobierno. Debido a ello, la apelación a la democracia como soberanía del pueblo tiene un significado divergente en los dos escenarios. El trío Occupy de Hong Kong acepta límites para esa soberanía y la remite al marco legal, subrayando en su defensa el carácter constitucional del derecho a la manifestación pacífica, así como la obligación gubernamental de garantizar su ejercicio. Las demandas a favor de la autodeterminación por parte de este colectivo no significan adhesión a la vía independentista que sí promueven, en cambio, otros activistas radicalizados tras el fracaso de las negociaciones.

En definitiva, frente a lo que sostiene una porción de la opinión pública internacional en esta época de la post-verdad, equiparar las movilizaciones en Hong Kong y en Cataluña es una conclusión precipitada, de escaso fundamento. El 9 de abril de 2019 se conocerá el veredicto contra los líderes de los paraguas, con toda probabilidad condenatorio. Respecto del juicio que comienza en nuestro país el próximo 18 de diciembre no parece prudente anticipar ningún resultado, pero queda claro que se parte de premisas bien distintas.

*Mar Llera es Profesora Titular de la Universidad de Sevilla y Directora de Estudios en Asia Oriental (Grupo Compolíticas), y activista de Amnistía Internacional