Hong Kong es un ejemplo de qué pasa cuando empiezas a comerciar con China

“Espero que puedas empezar una nueva vida en prisión, superando tus propios límites y luchando intensamente por la felicidad de tu familia, de tus amigos… y también por la tuya”. Con estas desconcertantes palabras, tomadas de su Guía para novatos en la cárcel, el activista hongkonés Joshua Wong conforta a los nueve compañeros del Movimiento de los Paraguas condenados el pasado 24 de abril por las ocupaciones de 2014.

Entre ellos se encuentra el Trío Occupy, compuesto por un activista de Tiananmen, Chu Yiu-ming, y dos académicos, el jurista Benny Tai y el sociólogo Kinman Chan, que colabora desde hace años con un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. Son así ya más de tres centenares los ciudadanos represaliados por su participación en las pacíficas protestas del 15-M hongkonés, que en nuestro país se saldaron con apenas una docena de detenidos y multas de pocos cientos de euros.

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La opinión pública española no es todavía consciente de la importancia de lo que está sucediendo en Hong Kong, aunque el incidente con Winnie the Pooh durante la visita del presidente Xi Jinping haya mostrado de manera elocuente a qué tipo de prácticas podría conducirnos la intensificación de relaciones comerciales con el Gigante Asiático.

El caso de la excolonia británica es muy ilustrativo al respecto. Desde que en 2003 firmó un acuerdo económico preferente con China –principal destino de sus exportaciones (55% del total) y principal proveedor de sus importaciones (48%)-, el deterioro de Hong Kong en materia de soberanía, libertad y derechos no ha hecho más que acelerarse. Las recientes condenas de activistas prodemocracia representan sólo un paso más en la espiral autoritaria que amenaza a la metrópolis. Las intrusiones del régimen comunista chino se han acentuado en los últimos años: desde 2016 se ha producido la inhabilitación de seis diputados por motivos básicamente ideológicos, la apertura de diligencias contra otros dos, la descalificación de varios candidatos electorales no gratos a Pekín, y la ilegalización del Hong Kong National Party (HKNP) debido a su ideario independentista.

Desde que en 2003 firmó un acuerdo preferente con China, el deterioro de Hong Kong en materia de soberanía, libertad y derechos se ha acelerado

En el terreno de la libertad de expresión, también se ha ido estrechando el cerco. El pasado 8 de noviembre las autoridades de Hong Kong denegaron el visado a un periodista del 'Financial Times' vinculado al Foreign Correspondents Club, Victor Mallet. Aunque no se ofreció ninguna explicación oficial, se sospecha que el motivo fue una conferencia en el citado club a cargo de uno de los fundadores del HKNP. En 2017 se produjo otro escándalo mediático cuando se impidió la entrada al periodista británico Benedict Rogers, cofundador del observatorio Hong Kong Watch, un referente internacional por sus informes críticos. Desde entonces, se han enviado al menos ocho misivas amenazadoras destinadas al propio Rogers, a su anciana madre, a sus vecinos londinenses y a los directivos de la organización donde trabaja.

En el ámbito académico los indicios tampoco son alentadores. Al bloqueo de la designación del Prof. Johannes Chan como vicecanciller de la Universidad de Hong Kong en 2015, debido a sus planteamientos ideológicos, han seguido numerosos actos de intimidación contra otras voces discordantes. Entre ellas se encuentran los intelectuales implicados en las movilizaciones de los paraguas, pero la presión del partido comunista chino no se circunscribe a tal grupo, se extiende más allá de las universidades hongkonesas. Uno de los últimos afectados ha sido el profesor australiano Kevin Carrico, que el pasado diciembre fue vigilado y hostigado durante una visita a Hong Kong, apareciendo en las páginas de un diario prorrégimen como promotor del separatismo.

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La secuencia de hechos que acabamos de presentar confirma las advertencias con que comenzaba este artículo y evidencia el escaso respeto de las autoridades chinas por la legalidad internacional. Algunas de ellas han llegado a calificar el Tratado Sino-Británico –que garantiza el estatuto jurídico-político de Hong Kong hasta 2047, con el aval de Naciones Unidas-, como un documento de valor meramente “histórico” que ya no posee relevancia práctica. Y a pesar del blindaje constitucional que le otorga el marco “Un país, dos sistemas”, las injerencias de los dirigentes comunistas sobre la soberanía de la isla no hacen más que multiplicarse.

Prueba de esto ha sido la inauguración de una línea de alta velocidad entre Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong el pasado mes de septiembre. El gobierno chino ha aprovechado la oportunidad para establecer de modo permanente sus propias fuerzas policiales en la estación de Kowloon occidental, territorio bajo jurisdicción hongkonesa. Esta intromisión, además de quebrar el orden constitucional, significa que cualquier ciudadano –sea o no súbdito de la República Popular China- puede ser detenido en ese enclave por los servicios de seguridad o la fiscalía china si se presentan cargos contra él. Otra evidencia de la creciente presión sobre Hong Kong es la apertura del nuevo puente que enlaza la excolonia británica con Macao y la ciudad china de Zhuhai, en un intento de Pekín por acortar todavía más las distancias con sus Regiones Administrativas Especiales, acelerar los intercambios comerciales e incrementar la movilidad interfronteriza de la población.

Otro tema controvertido son las nuevas propuestas legislativas sobre seguridad nacional y sobre el himno nacional chino. Esta última no sólo amplía las sanciones por faltas de respeto a los símbolos nacionales, sino que abre una brecha en el orden constitucional hongkonés (Basic Law), pues conlleva la injerencia del Congreso Nacional del Pueblo chino en un ámbito hasta ahora reservado a las autoridades de Hong Kong.

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Todavía más temor inspira la reciente propuesta en materia de extradición, que en caso de aprobarse podría otorgar al Gigante Oriental competencias jurisdiccionales sobre los ciudadanos de la excolonia y sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, incluidos los extranjeros acusados de haber violado la legislación china. En este contexto, ni siquiera la clase empresarial está a salvo.

La iniciativa, destinada tácitamente a asfixiar la disidencia y el activismo prodemocracia, podría erosionar de modo grave las relaciones políticas y comerciales con terceros países. De ahí las duras advertencias del Ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, en su último informe: “Si Hong Kong desea seguir siendo un centro internacional de negocios, un lugar atractivo para vivir y trabajar, debe preservar su elevado grado de autonomía y el modo de vida que explica su singularidad y su éxito”.

Lam, uno de los libreros críticos con el régimen, consiguió escapar a Hong Kong, pero ahora se ha visto obligado a exiliarse en Taiwán

El proyecto de ley de extradición se ha cobrado ya una primera víctima: Lam Wing-kee, uno de los libreros críticos con el régimen que fueron secuestrados y trasladados de modo secreto al continente a finales de 2015. Lam consiguió escapar a Hong Kong, pero ahora se ha visto obligado a exiliarse en Taiwán, en vista de las consecuencias que podría acarrearle el nuevo escenario.

A la vista de todos estos datos, la metrópolis asiática se presenta como el primer frente de una guerra no declarada contra la libertad y la democracia por parte del régimen chino. Una guerra cuyo precio ya hemos comenzado a pagar también en España, aunque la mayoría no sea consciente.

Uno de los jóvenes activistas de los paraguas, Raphael Wong, ha sintetizado así lo que está sucediendo en Hong Kong: “En 2011, cuando fui llamado a declarar ante el juez por primera vez, yo no podía imaginar que pocos años después algunos de nuestros ciudadanos serían secuestrados por las autoridades chinas y trasladados al continente. No podía suponer que un día los oficiales chinos desempeñarían sus funciones en territorio hongkonés. Tampoco podía prever que el gobierno comunista chino, además de interpretar nuestra legislación, decidiría nuestro futuro y restringiría nuestros derechos constitucionales a través de una decisión del Congreso Nacional del Pueblo”. Pero todo esto ha acontecido y Occidente debe despertar. España también. Disponemos ya de evidencias suficientes para saber lo que pueden significar unas intensas relaciones comerciales con China. Está claro que no somos Hong Kong. Pero está igualmente claro que China no es un socio fiable.

*Mar Llera es la Directora de Estudios de Asia Oriental y profesora de la Universidad de Sevilla, y activista de Amnistía Internacional