¿Podría una república haber evitado nuevas elecciones en España? Italia sugiere que sí

Walter Bagehot, el célebre comentarista económico y político del Londres victoriano, afirmó que en el Gobierno británico coexistían dos clases de instituciones que se necesitaban mutuamente. Por un lado, estaban las “partes majestuosas”, que “preservan la reverencia de la población” e “impresionan a los muchos”; eran antiguas, teatrales y debían suscitar la lealtad de las mayorías. Se trataba, en esencia, de la monarquía y toda la pompa que la rodeaba.

Por otro, estaban las “partes eficientes”; eran casi secretas, modernas y diseñadas para ser efectivas. De hecho, eran las que gobernaban el país: discutían lo que fuera necesario con el primer ministro, nombraban los cargos, expresaban los malestares, redactaban las leyes. Se trataba, sobre todo, de la Cámara de los Comunes. En la España constitucional tenemos un dicho más sencillo que lo resume mejor: “El rey reina, pero no gobierna”.

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Irene Savio. Roma

A lo largo de las últimas semanas, sin embargo, en ninguno de los dos países las cosas han funcionado exactamente así. A finales de agosto, Boris Johnson anunció que quería suspender la actividad parlamentaria durante cinco semanas. Aunque esta clase de interrupción es habitual en el período previo al llamado Discurso de la Reina, en el que esta se dirige a la cámara y presenta las prioridades del Gobierno para el nuevo curso, lo normal es que dure una o dos semanas, no cinco.

Johnson afirmó que el motivo de la interrupción era preparar bien el contenido del discurso, pero desde el principio resultó evidente que la jugada pretendía impedir que el Parlamento legislara en contra de un Brexit sin acuerdo. En todo caso, el primer ministro británico pidió a la reina Isabel que autorizara ese cierre, cosa que hizo, al no tener espacio constitucional para cuestionar la decisión.

En estos días, el Tribunal Supremo británico, sin embargo, está examinando si Johnson engañó a la reina para conseguir que suspendiera el Parlamento. Es decir, si le mintió sobre las razones que motivaban ese cierre. De ser así, podría haber incurrido en un delito con el que habría arrastrado a la reina a la política de partido.

En España y UK los políticos intentan arrastrar a los jefes de Estado a la política para superar su propia incapacidad a la hora de conseguir sus objetivos

En el caso español, como decía hace unos días Ignacio Varela en este periódico, “desde que asumió la función de jefe de Estado, Felipe VI ha sufrido un destrato contumaz por parte de los partidos políticos”, que han incurrido en el “desprecio de su papel en los procesos de investidura”. Varela repasaba los procesos que han tenido lugar desde las elecciones de 2015. Respecto al que anteayer se declaró fallido, señalaba cómo en los cuarenta días posteriores a las elecciones del 28 de abril los partidos no negociaron de buena fe la consecución de una mayoría, para llegar a la cita con el rey con los deberes hechos.

Eso “delata una concepción profundamente desleal del proceso constitucional, porque obliga una y otra vez al jefe de Estado a proponer candidatos inciertos sin garantía de elección”. En un giro sorprendente, además, Pablo Iglesias, un reconocido republicano, pidió al rey que ejerciera un papel mediador o negociador para convencer a Sánchez de que formara gobierno con Podemos. Es decir, que hiciera política de partido.

Opinión

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En ambos casos, pues, los políticos han intentado arrastrar a los jefes de Estado a la política. Han forzado los procesos constitucionales –sin llegar a romperlos, aparentemente– para superar su propia incapacidad a la hora de conseguir sus objetivos a través de los mecanismos tradicionales. Los reyes poco pudieron ayudarles: se limitaron a cumplir su función de forma incómoda, esquivando cualquier comportamiento impropio. Los políticos, en ambos casos, fracasaron: Johnson no logró impedir que el Parlamento legislara contra el Brexit sin acuerdo, y Sánchez y los demás líderes políticos españoles no han conseguido evitar unas nuevas elecciones.

Esto contrasta de manera evidente con la gestión de una tercera crisis política que ha tenido lugar en Europa en el último mes: la del Gobierno italiano. Matteo Salvini promovió en agosto una moción de censura contra el Ejecutivo del que formaba parte, con la intención de hacerlo caer y de que Sergio Mattarella, el presidente de la República, convocara unas elecciones en las que Salvini se veía ganador.

Gracias a su legitimidad democrática, Mattarella buscó la estabilidad promoviendo otra mayoría gubernamental sin necesidad de elecciones

Pero Mattarella, junto con buena parte del Parlamento italiano, pensó que no era un buen momento para convocar nuevos comicios. El país debe presentar un borrador de presupuestos el mes que viene, la economía se desacelera cada vez más y conflictos como el Brexit pueden generar aún más contratiempos. De modo que, valiéndose de su legitimidad democrática, decidió buscar la estabilidad promoviendo una nueva mayoría gubernamental sin necesidad de elecciones. Y con no poco esfuerzo, advertencias públicas y reconvenciones discretas, logró formarla mediante una coalición en un principio imposible: la del Movimiento 5 Estrellas y el Partido Demócrata. Estos partidos han logrado formar un Gobierno que, aunque frágil, consigue alejar la inestabilidad del país.

Ahora que la política de todos los países se parece cada vez más a la italiana –con sistemas de partidos cambiantes, complicadas alianzas de Gobierno y tentaciones populistas incluso entre los partidos ortodoxos–, estos contrastes deberían hacernos pensar en nuestras formas de gobierno. ¿Significa eso una llamada a la República? No tiene por qué. En un sistema parlamentario, un jefe de Estado elegido democráticamente y con iniciativa política puede ser una figura deseable. Pero imaginen por un momento que en España ese jefe de Estado fuera José Bono o José María Aznar.

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Más importarse es preguntarse en qué medida los viejos sistemas constitucionales pensados para tiempos estables, en los que la combinación de instituciones “majestuosas” y “eficientes” contribuía a hacer de la política algo al mismo tiempo atractivo y pragmático, pueden ponerse al día para hacer frente a la fragmentación, la volatilidad y unos políticos, aparentemente, más laxos en cuestiones constitucionales.

Nadie habría pensado que la política italiana podía ser un modelo. Y seguramente no lo es. Pero en Europa corren tiempos extraños y hay que empezar a pensar incluso en lo impensable.