Tribuna Internacional
Por
Brexit: las consecuencias para España
Un mal acuerdo —o un no acuerdo— sobre la relación futura expone a la economía a riesgos muy severos, debido a los fuertes vínculos con el Reino Unido
La incertidumbre se acabó: es la única buena noticia de las elecciones del jueves en el Reino Unido. La mayoría absoluta de Boris Johnson desemboca de manera inevitable en el Brexit, en la salida británica de la Unión Europea. El parlamento de Westminster ya no está en condiciones —después de unos resultados que recuerdan a los históricos de Margaret Thatcher—de oponerse al veredicto de salida que un lamentable y divisivo referéndum (51,9 % contra 48,1%) arrojó hace tres años y medio.
En el Reino Unido, después de haber logrado 364 escaños (en una cámara de 650) y de haber derrotado a los laboristas de Jeremy Corbyn (203 parlamentarios), el reforzado primer ministro ha reiterado que el Reino Unido abandonará la UE el 31 de enero de 2020 y que negociará la relación futura a lo largo del año, en principio hasta que acabe la fase de transición, el 31 de diciembre.
En Europa, el alivio producido porque se despeja una incógnita paralizante no debería ocultar la mala noticia: por primera vez en su historia de éxitos, la UE abre la puerta de salida a uno de sus miembros, y no a cualquiera.
Se perfilan en el horizonte meses o años muy complejos para resolver acuerdos en asuntos económicos y comerciales, mercado único, tarifas… Va a ser tan complicada la fase de negociación de un acuerdo entre Londres y Bruselas que lo normal es que las dos partes amplíen ese plazo, en beneficio de todos.
En cuanto a España, un mal acuerdo —o un no acuerdo— sobre la relación futura expone a la economía a riesgos muy severos, debido a los fuertes vínculos con el Reino Unido. La UE ha posibilitado la creación de cadenas de valor integradas entre sus Estados miembros, por lo que el deterioro de uno de sus eslabones tiene un impacto significativo. Ya el FMI estimó en su momento que, en el caso de un Brexit sin acuerdo, el crecimiento a largo plazo del PIB español se reduciría como mínimo un 0,2%.
El peligro de impacto negativo tiene que ver con las manufacturas (especialmente el automóvil), la inversión directa, el sector primario y el turismo. Las exportaciones españolas de bienes y servicios al Reino Unido suponen el 3,3% del PIB, lo que le convierte en nuestro principal mercado. Según la consultora Oliver Wyman, la introducción de barreras arancelarias supondría un coste adicional de 3.100 millones de euros para las empresas que exportan al Reino Unido.
La industria del automóvil —el 10% del PIB español, el 19% de las exportaciones, y de la que depende uno de cada diez empleos del país, entre directos e indirectos— sería una de las más afectadas. El automóvil, que exporta el 82% de lo que fabrica y que ya está sufriendo un mal año por la ralentización económica europea, envía un 12,5% de su producción al Reino Unido.
La inversión extranjera directa de las empresas españolas tiene como principal destino el Reino Unido, particularmente en el sector financiero y en el de las telecomunicaciones. Por ejemplo, Banco Santander obtiene allí el 12% de sus ingresos, y Telefónica, el 30%. Es evidente que sus negocios no desaparecerán, puesto que sus filiales seguirían operando, pero podrían resentirse de una posible recesión económica.
El sector pesquero sería también uno de los grandes afectados. Los pesqueros españoles capturan unas 9.000 toneladas de pescado en aguas británicas y generan alrededor de 11.000 empleos. Si la UE y el Reino Unido no alcanzan un acuerdo satisfactorio para el futuro, esas embarcaciones no podrían faenar en aguas británicas. Todavía peor: los pesqueros franceses y belgas, que sufrirían la misma suerte que los españoles, tendrían que buscar caladeros alternativos, como las aguas irlandesas, donde la presencia española es mucho mayor.
También se resentirían las exportaciones agroalimentarias y de bienes de consumo. Asimismo, el Reino Unido recibe el 8% de las exportaciones de nuestro sector agroalimentario. Pero esta no sería la única vía por la que sufriría el campo: la salida británica supondrá una merma para el presupuesto de la UE, lo que llevará aparejado un posible recorte de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).
De los 82,8 millones de turistas que recibió España en 2018, unos 18,5 millones (el 22,3%) eran británicos. Estas cifras convierten al Reino Unido en el principal emisor de turistas a España. La situación actual durará, como mínimo, hasta el 31 de diciembre de 2020. Entonces se acabará la libertad de movimientos, y empezarán los inconvenientes derivados de ello. Los británicos podrían tener además menor capacidad económica para viajar, debido a la más que probable recesión económica en el Reino Unido; tendrán menos dinero para gastar fuera. La situación podría complicarse para los 300.000 británicos que residen en España. La mayoría son jubilados. Si Londres, para ganar competitividad tras la separación, decide depreciar la libra, sus pensiones perderán poder adquisitivo.
Al riesgo que un mal acuerdo de futuro implica para España hay que añadir nuestra incertidumbre política. Es obvio que un Gobierno inestable o poco centrado no sería lo mejor para afrontar un reto tan serio. Solo una fórmula europea para España —una alianza básica entre socialistas, liberales y conservadores, las corrientes centrales que sostienen hoy al Gobierno europeo, y que negociarán en los próximos meses el acuerdo futuro con el Reino Unido— podría dar garantías de seguridad para la delicada fase que se va a vivir.
Desde el Parlamento Europeo seguiremos trabajando para evitar lo peor, facilitando —este es el debate que viene— una nueva prórroga, si es necesario, para disminuir al mínimo los efectos destructivos que tendría el terremoto de un Brexit con mala relación futura entre Reino Unido y la UE. Desde España, un Gobierno sostenido sobre la moderación —sobre una fórmula que no dependa de los extremos, como ocurre en el Gobierno de Europa— abordaría con mejores herramientas las serias amenazas que plantea el Brexit para el empleo y el crecimiento económico.
*Luis Garicano es jefe de la delegación de Ciudadanos y vicepresidente de Renew Europe, el grupo centrista del Parlamento Europeo.
