El PSOE brama contra Marruecos, pero el Gobierno guarda silencio

Hay problemas de política exterior que preocupan al PSOE, pero que, aparentemente, dejan indiferente al Gobierno socialista en funciones: la ampliación de las aguas territoriales y de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Marruecos que colisiona de lleno con los intereses de España.

La comisión de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Cámara de Representantes marroquí aprobó el lunes pasado, por unanimidad, dos proyectos de ley. El primero incluye en sus aguas territoriales a las del Sáhara Occidental, concretamente hasta La Güera, un pueblo costero hoy en día bajo autoridad mauritana. El segundo establece una ZEE de 200 millas que abarca a Canarias y choca con la solicitud española, formulada en 2014 ante Naciones Unidas, de ampliar la plataforma continental del archipiélago para incluir, por ejemplo, el monte submarino Tropic que recela telurio y cobalto.

Ambos proyectos, que serán votados en un próximo pleno parlamentario, fueron tramitados sin informar a las autoridades españolas. El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, no hizo, en su intervención ante la cámara, ningún gesto apaciguador hacia España, pero más tarde sí se mostró conciliador en una declaración a la agencia EFE. Reconoció que se podía producir un “solapamiento” de intereses concerniente a Canarias y aseguró que Rabat “no está cerrado al diálogo”, pero eso sí, a posteriori.

La doble iniciativa legislativa marroquí es a todas luces ilegal. Nadie reconoce que el Sáhara Occidental pertenezca a Marruecos, y así lo han confirmado las últimas sentencias de, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). No cabe además unilateralidad en materia de delimitación de aguas entre países colindantes. Solo cabe un mutuo acuerdo, o un arbitraje, respetando lo estipulado en la Convención del Mar de la ONU.

Socialistas que alzan la voz

Dos socialistas, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el secretario de relaciones internacionales del partido, Héctor Gómez, han puesto el grito en el cielo. Las aguas de Canarias “no se tocan”, ha espetado el primero ante la prensa, mientras su portavoz anunciaba una defensa “radical” de los intereses canarios. El segundo, que es diputado por Tenerife, publicó un comunicado en el que expresa la “honda preocupación” del PSOE ante estas “iniciativas unilaterales”. El partido se mostrará “firme y sin concesiones” aunque apostará siempre por el “diálogo”. Los nacionalistas de Coalición Canaria y de Nueva Canaria están en la misma línea con la vista también puesta en sus electores.

Las aguas territoriales que Marruecos va a fijar incluyen las de ambas ciudades autónomas que en la práctica carecerían de acceso al mar

Curiosamente, los socialistas de Ceuta y Melilla, y el conjunto de las fuerzas políticas de esas dos ciudades, no han expresado ninguna opinión sobre la tramitación de esas dos leyes en la cámara baja marroquí. Las aguas territoriales que Marruecos va a fijar incluyen, sin embargo, las de ambas ciudades autónomas que en la práctica, si Rabat aplicase a la letra su legislación, carecerían de acceso al mar. Por eso Héctor Gómez sí mencionó, en su comunicado, a Ceuta y Melilla junto con el archipiélago canario.

Margarita Robles y la embajadora Benyaich

¿Y el Gobierno español? ¿Tiene algo que decir sobre la iniciativa marroquí? Oficialmente nada. Ninguno de sus miembros ha hablado. Asuntos Exteriores publicó estos días comunicados sobre multitud de temas, desde las elecciones en Argelia hasta el último accidente aéreo en Chile, pero no sobre uno que atañe tan de cerca a España. Algunos diarios o agencias de prensa citan a fuentes diplomáticas, pero nadie da cara.

Margarita Robles, que desde la marcha de Josep Borrell desempeña también la cartera de Exteriores, sí tiene una opinión que ha dado a conocer el presidente canario. Ambos hablaron el 17 diciembre y poco después Torres declaró a la prensa que la ministra había comunicado a la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, que España se opondrá a cualquier redefinición de fronteras marítimas que no sea resultado del consenso.

¿Por qué el Gobierno no ha dicho en público aquello que la ministra dijo a Torres al teléfono? ¿Por qué dejar que el PSOE muestre cierto enfado mientras el Ejecutivo guarda silencio? En Exteriores se explica el perfil bajo de su reacción: Marruecos no comete un gesto hostil hacia España sino que replica a lo que a sus ojos es una “provocación” del Frente Polisario convocando en Tifariti, en la franja oriental del Sáhara que controla, su 15º Congreso. No es la primera vez que el movimiento independentista saharaui celebra congresos en esa aldea del desierto y en anteriores ocasiones Rabat no armó tanto ruido.

Mientras Marruecos aprovecha cualquier momento de debilidad para avanzar sus peones, el Gobierno español evita a toda costa el menor roce con el vecino para preservar a cualquier precio su cooperación en la lucha antiterrorista y, sobre todo, contra la inmigración irregular. Esta disminuyó, hasta el 15 de diciembre, un 50,5% con relación a 2018, cuando se batió un récord histórico. Aun así 2019 acabará siendo el segundo peor año migratorio de esta década.

Aduana comercial de Melilla

El empeño de Pedro Sánchez por evitar fricciones con Marruecos hizo, por ejemplo, que no protestara cuando Rabat cerró, en agosto de 2018, la aduana comercial de Melilla acordada en el tratado de Fez de 1866. La medida unilateral impidió las exportaciones legales a Marruecos y contribuyó a la asfixia de la ciudad como también ahoga a Ceuta el caos persistente en su frontera del Tarajal al que el vecino marroquí nunca ha querido poner remedio. “La explanada de la tortura” titulaba, en portada, el sábado el diario “El Faro de Ceuta” porque era necesario esperar más de cinco horas para pasar a Marruecos.

Ese miedo cerval a indisponer al vecino meridional hace que el Ejecutivo socialista no haya criticado nunca, ni siquiera en términos velados, la represión en el Rif o en la región minera de Jerada, mientras es prolijo en denuncias de los atropellos cometidos por el régimen de Nicolás Maduro. A principios de año, cuando desde el Gobierno más se hizo hincapié en señalar las vulneraciones de los derechos humanos en la República Bolivariana, había, sin embargo, en Marruecos, sin contar a los saharauis, muchos más presos políticos que en Venezuela.