Ley y orden para vosotros, anarquía para nosotros

El discurso de la ley y el orden ha vuelto a la política occidental. Era de esperar: en tiempos convulsos, en los que las reglas se desdibujan, los dirigentes quieren prometer a la parte más temerosa de la población que la estabilidad no se subvertirá y que, aunque se produzcan injusticias ocasionales, eso siempre es preferible al desorden.

En el transcurso del verano, Donald Trump se ha hecho fotografías con la Biblia, ha enviado tropas federales para sofocar manifestaciones contra el racismo —que a veces se han vuelto violentas—, y en la campaña para su reelección está prometiendo mano dura con la izquierda radical que, dice, quiere acabar con la plácida vida en los “suburbs” y la actividad comercial de las ciudades.

Boris Johnson ha dado otro giro a su (no) estrategia ante la pandemia y ha impuesto reglas de comportamiento más estrictas, desde una limitación de las reuniones a seis personas hasta el cierre temprano de pubs y restaurantes. La retórica que ha acompañado esas medidas estaba impregnada de dureza disciplinaria: “La realidad es que impondremos [esas medidas] con más fuerza —dijo Dominique Raab, el ministro de Asuntos Exteriores de su Gobierno—. Más poder para la policía, multas más altas. Sobre todo para la pequeña minoría que no ha cumplido las reglas”. Si es necesario, dijo Johnson, desplegará el ejército para asegurarse de que prevalece el orden.

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En Estados Unidos se evoca constantemente lo sucedido en 1968: entonces, la derecha atribuyó al Gobierno demócrata de Lyndon Johnson la responsabilidad de las innumerables protestas universitarias, el malestar entre los blancos sureños por la ampliación de los derechos civiles de los negros y la creciente rebelión contra la guerra de Vietnam, de tal modo que Richard Nixon ganó las elecciones de aquel mismo año. En Reino Unido, se evoca un pasado en el que los conservadores no solo no eran gente aburrida que apelaba a la tradición y las instituciones, sino los verdaderos radicales que, con la aquiescencia del pueblo, podían imponer sus valores inherentemente superiores.

Todo esto es discutible, pero comprensible dentro de la lógica política conservadora. Sin embargo, ahora la novedad es que esos mismos líderes que hacen campaña y gobiernan apelando al mantenimiento de la ley y el orden quieren contar con el derecho a saltársela cuando les convenga. A pesar de sus constantes referencias al pueblo, piensan que este debe cumplir, pero que las élites no están constreñidas por la legislación común. Donald Trump apela con frecuencia a la vieja y controvertida noción de que “todo lo que hace el presidente es legal” y que no está sometido a autoridad judicial alguna, por lo que puede hacer literalmente lo que quiera, incluido decidir cuándo los actos de sus compinches son legales o no. El Gobierno de Johnson ha dicho públicamente, en la Cámara de los Comunes, que se reserva el derecho a romper la ley de mercado interno que él mismo firmó, y ha reiterado que su principal asesor, Dominique Cummings, tenía derecho a saltarse las normas de confinamiento que se aplicaban a todos los demás ciudadanos.

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En la Europa continental parece que no está sucediendo esto. Sí, hay gobiernos autoritarios, como el de Hungría, que adapta las leyes para ir convirtiéndose progresivamente en un Estado de partido único, y el de Polonia, aunque este último podría caer en cualquier momento debido, es curioso, a una ley para la protección de los animales: la ha promovido Ley y Justicia, pero su socio menor, Polonia Unida, considera que “si decidimos que los animales son más importantes que la gente, es el fin de la civilización cristiana”. Hasta los animales deben resignarse al orden impuesto.

Parece que hubiera triunfado la obsesión de la Unión Europea —en buena medida influida por el recuerdo alemán del nazismo y el miedo francés a la fatal discrecionalidad de los líderes autoritarios— de que gobiernen las leyes y no los hombres, por decirlo con la formulación liberal clásica. Los partidos populistas siguen fantaseando con democracias directas, sin representación ni parlamentarismo, que les den poderes absolutos, pero ellos mismos saben que es una fantasía. La única excepción seria a esta práctica unanimidad legalista europea es el 'procés'. Sus líderes en Cataluña —que en muchos casos son, esencialmente, populistas de derechas— dejaron claro en el propio Parlamento de Cataluña, hace ahora poco más de tres años, que la ley no iba con ellos, aunque el resto de la sociedad debía acatar las leyes que ellos hicieran. La respuesta de las instituciones europeas y del resto de los estados europeos dejó claro qué pensaban de estas aventuras ilegales propuestas desde las propias instituciones democráticas.

Hasta ahora, que las élites se saltaran la ley era un error, no un rasgo premeditado del sistema. Se producía tantas veces que ambos casos podían confundirse, como tantas veces han señalado los críticos marxistas. Pero no eran lo mismo. Ahora, de manera explícita, un puñado de líderes afirman que representan al pueblo verdadero frente a una élite tecnocrática y antidemocrática, y para gobernar exigen, como los nobles del Antiguo Régimen, que las reglas por las que ellos se rigen sean distintas de las que debe acatar ese pueblo al que dicen encarnar. Es el giro más perverso de la oleada iliberal. Recuérdenlo cuando alguien les prometa ley y orden: tal vez sea eso lo que quiera, pero es posible que quiera eso para usted y anarquía para él.