"Conjura mafiosa" contra Wikileaks

El proceso contra Julian Assange, amenazado por una pena de cárcel de dimensiones absurdas, pone en tela de juicio los valores políticos de Occidente

Foto: El padre de Julian Assange, John Shipton. (Reuters)
El padre de Julian Assange, John Shipton. (Reuters)

Aislado tras una mampara de cristal blindado, como si fuera un peligroso criminal o un terrorista... así es como Julian Assange lucha en Londres por su libertad. Desde hace días continúan en el tribunal de Old Bailey las sesiones para decidir sobre la solicitud de extradición a Estados Unidos. La justicia norteamericana acusa a Assange, fundador de la plataforma de denuncias Wikileaks, de haber ayudado hace diez años a la soldado Chelsea Manning a divulgar “secretos de Estado”.

Lo que supuestamente no debería haberse hecho público nunca eran en realidad crímenes de guerra de militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Sin Assange y Wikileaks, probablemente nunca habríamos llegado a conocerlos. En el caso de una extradición a Estados Unidos, y si el tribunal de Virginia lo condena en los 18 puntos de la acusación, Julian Assange podría ser sentenciado a 175 años de cárcel.

Fama de carácter difícil

En el pasado, Julian Assange tenía fama de un carácter complicado, que no se lo ponía fácil ni a los propios colaboradores que intentaban apoyarlo. Esto se ha aprovechado para transformar a un divulgador mundialmente respetado en una no-persona, un monstruo, acallarlo y desterrarlo de la opinión pública.

El relator especial de Naciones Unidas para la tortura, Nils Melzer, habla de una “conjura mafiosa” contra Assange y constata, tras estudiar el acta a fondo, que las autoridades estatales han construido una sospecha de violación para encontrar un pretexto con el que fundamentar la extradición de Assange. Melzer, ciudadano suizo con una cátedra para derecho internacional humanitario en la universidad de Glasgow, normalmente hombre de tono moderado, ha calificado las acusaciones de violación contra Assange como “pistoletazo de salida para una década de gravísima persecución y arbitrariedad estatal”.

Después de siete años de asilo en la embajada ecuatoriana en Londres, vigilado hasta en el baño por un servicio de seguridad privado bajo órdenes estadounidenses, Assange lleva año y medio encarcelado en la prisión británica de alta seguridad en Belmarsh. La mayor parte en detención solitaria, únicamente con la finalidad de garantizar una extradición a Estados Unidos.

Como relator especial de Naciones Unidas, Melzer tuvo en mayo de 2019 la oportunidad de visitar a Assange junto con dos médicos. Su conclusión: el preso muestra todos los indicios de haber sufrido tortura, probablemente durante su estancia en la embajada ecuatoriana. Assange no es físicamente capaz de preparar adecuadamente su defensa, ni sus abogados tienen las condiciones apropiadas para hacerlo junto con él. Por este motivo, opina el relator especial, el acusado debe ser puesto en libertad urgentemente. Con su crítico estado de salud, agrega Melzer, Assange hace tiempo que debería estar en un hospital.

Defensa sin prejuicios

Cualquiera que sea el delito del que se quiera acusar a Assange, y cualquiera que sea la opinión que tengamos de él, sigue en vigor un principio: el Estado de derecho democrático se diferencia fundamentalmente de regímenes autoritarios o dictatoriales por su capacidad de garantizar una defensa adecuada a toda persona acusada, sin importar su carácter o personalidad, otorgarle un juicio justo y, en concordancia con este juicio, llegar a una sentencia acorde a la ley.

Los informes de Melzer documentan de forma llamativa que esto no está ocurriendo en el caso de Julian Assange. El trato que se le otorga y, en última instancia, cómo reaccionamos ante el poder político y ecónomico del Estado que se quiere apoderar de él, es así una prueba de algodón para el Estado de derecho democrático.

La publicación de documentos secretos del Gobierno estadounidense, realizada por Wikileaks, la divulgación de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos y los informes militares recogidos en la colección “Afghan War Diary” eran resultado de una estrecha cooperación de esta plataforma divulgativa con prestigiosos medios de comunicación internacionales, entre ellos el 'New York Times', el 'Guardian' británico, 'Le Monde' en Francia, 'El País' en España y 'Der Spiegel' en Alemania.

Así, el vídeo conocido como 'Collateral Murder' muestra como unos soldados en Bagdad masacran a una docena larga de personas disparando desde un helicóptero; entre las víctimas hay dos periodistas de la agencia Reuters. Atacan también a un minibus que se detiene para salvar a los heridos; disparan y matan de forma intencionada al rescatador. Sus dos hijos sobreviven gravemente heridos.

Sin embargo, nadie de aquellos que cometieron los crímenes de guerra en Irak o los ordenaron ha sido llevado al banquillo. A Assange, en cambio, por divulgar estos crímenes de guerra, la tortura estatal y la corrupción, se le amenaza con una sentencia de cárcel de dimensiones absurdas. En el caso de que la Justicia británica ceda a la solicitud de extradición de Washington y el Gobierno de Reino Unido efectivamente impulse políticamente el traslado de Assange a Estados Unidos, estaríamos ante una ruptura de todos los diques.

La persecución de Julian Assange es un ataque fundamental contra la libertad de prensa. Las acusaciones son en última instancia una declaración de guerra contra el periodismo de investigación. Si periodistas e informadores deben afrontar la cárcel o incluso temer por su vida, el libre trabajo periodístico para descubrir y divulgar crímenes del Estado ya solo podría llevarse a cabo bajo una amenaza continua.

Los periodistas investigan

Con buen criterio, el Gobierno estadounidense precedente bajo el presidente Barack Obama había renunciado a encausar judicialmente a Assange. El trabajo de Wikileaks no se puede diferenciar del que se realiza en otros medios de comunicación. La cooperación entre periodistas e informadores es algo totalmente natural. Sería absurdo esperar que los periodistas se queden sentados hasta que alguien les entregue material polémico. Buscan la filtración, investigan.

Forma parte del concepto intentar conseguir documentos secretos cuando hay constancia de graves injusticias o —como en el caso que nos ocupa— crímenes de guerra, documentados y demostrados por los vídeos de Wikileaks. Y por supuesto los informadores deben poder confiar en que se los proteja. Esto no es una conjura críminal sino la esencia del trabajo periodístico.

Un cartel apoyando a Julian Assange. (Reuters)
Un cartel apoyando a Julian Assange. (Reuters)

Julian Assange ha sido galardonado con premios periodísticos internacionales. Junto a los informadores estadounidenses Chelsea Manning y Edward Snowden se le ha propuesto para el premio Nobel de la Paz de este año. El Gobierno de Alemania debería asumir también en el caso Assange un postura de política exterior inspirada en los valores, tal y como está haciendo justo ahora en el caso del disidente ruso Alexander Navalny.

Cuando hablamos del Estado de derecho no debe haber dobles varas de medir en nuestras democracias. Aquí no se trata únicamente de Assange sino de la credibilidad de lo que a menudo llamamos “los valores occidentales”. Se trata de defender la libertad de opinión y la libertad de prensa. Y debemos defenderla juntos, con determinación. Si no lo hacemos, quien pierde es la sociedad abierta, quien pierde somos nosotros... y quien pasará el resto de su vida entre rejas no serán los criminales de guerra sino Julian Assange.

*Günter Wallraff, periodista de investigación y escritor, vive en Colonia. Sigmar Gabriel, antiguo ministro de Exteriores alemán y expresidente del partido socialdemócrata SPD, preside la asociación Antlantikbrücke y es miembro de la Junta Directiva de Deutsche Bank.

Tribuna Internacional
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