Fondos europeos: sí, hay condiciones

Polonia y Hungría han decidido secuestrar el fondo europeo de 750.000 millones de euros aprobado en julio para luchar contra la devastación del covid-19. Creo que hace falta despejar algunas dudas, como, por ejemplo, saber si está en peligro ese dinero, tan necesario para España, explorar posibles soluciones y aclarar si estamos hablando de dinero o de valores y principios.

Polonia y Hungría ya habían avisado de que actuarían de esta forma si se activaba una de las patas del histórico acuerdo: vincular la aportación de fondos al cumplimiento de los principios del Estado de derecho. El Parlamento Europeo, harto de que ciertos países usen el dinero de la UE para construir redes clientelares y regímenes autoritarios, llevaba una década exigiendo este mecanismo, ante la inefectividad de lo que ya existe: un complejo procedimiento previsto en el artículo 7 de los Tratados sobre las violaciones del Estado de derecho que es muy fácil de bloquear por los propios afectados, como Hungría y Polonia ya han comprobado.

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Ramón González Férriz

Por fin, y ligado al paquete de reconstrucción, habíamos conseguido un acuerdo entre el Consejo (por mayoría) y el Parlamento para introducir este mecanismo de protección del Estado de derecho. Polonia y Hungría buscan una vía para bloquearlo también.

El mecanismo de Estado de derecho liga el desembolso de fondos europeos al cumplimiento de los valores fundamentales de la Unión. En otras palabras, permite a la Comisión bloquear transferencias a los Estados miembros cuando, por ejemplo, vulneren la independencia de su poder judicial. La lógica que hay detrás es muy sólida: si la judicatura no es independiente, ¿quién velará por que los fondos que llegan desde Bruselas se usen de acuerdo con los requisitos europeos, y no vayan a servir para perpetuar a los poderosos y sus amiguetes en el poder?

¿Es creíble esta amenaza de Polonia y Hungría? No mucho. Para debilitar el acuerdo que exige que el dinero europeo tenga condiciones, incluido el respeto al Estado de derecho, sobre todo en lo que respecta a independencia de los jueces, libertad de expresión, inmigración y derechos de las minorías, bloquean el paquete de recuperación, del que son grandes receptores. Es decir, "si no me das lo que quiero, me disparo en el pie".

Tanto Kaczyński como Orbán, en Polonia y Hungría, han afianzado su poder sobre la base del dinero de Bruselas. Son, ahora mismo, los dos países que más ayuda obtienen del presupuesto comunitario. En la última década, Hungría ha recibido anualmente el equivalente al 3,8% (¡como si España recibiera alrededor de 40.000 millones al año!) de su PIB en forma de transferencias operadas por el presupuesto de la Unión. Polonia ha recibido en torno al 2,6% anual en el mismo periodo.

Han anunciado su veto precisamente porque son conscientes de que los países del sur necesitan las aportaciones del fondo especial de reconstrucción

Y han anunciado su veto precisamente porque son conscientes de que los países del sur, como España e Italia, necesitan desesperadamente las aportaciones del fondo especial de reconstrucción. Como el acuerdo sobre el mecanismo de condicionalidad se adoptó por mayoría cualificada, Varsovia y Budapest no pueden evitarlo; en cambio, el fondo de reconstrucción exige la unanimidad. De ahí su apuesta: ¿perdemos en la votación sobre el mecanismo? Muy bien, entonces vetamos el acuerdo por el que la UE se endeuda para financiar la recuperación económica tras el covid-19.

Los dos países van de farol. Quieren presionar, quieren garantías de que el mecanismo de salvaguarda de los principios —pendiente de la aprobación formal mayoritaria de los ministros, pero que se considera un hecho— sea puramente simbólico, que no tenga capacidad instrumental.

Y el farol les puede salir muy mal, porque, con voluntad política, hay formas de sortear el bloqueo. La UE podría trasladar, como ha hecho en el pasado, la autorización para endeudarse a un instrumento jurídico basado en la mayoría cualificada, y no en la unanimidad. Durante la crisis de deuda, se actuó de manera similar con el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (EFSM, por sus siglas en inglés). Y el pasado abril, se puso en marcha otro instrumento sobre esta misma base jurídica, el SURE, con un presupuesto de 100.000 millones de euros. Ninguno necesita de unanimidad ni de las rigideces por las que se optó para establecer el fondo de recuperación: lo podrían hacer los 25 restantes.

No debemos dejarnos llevar por el pánico, porque esta crisis se puede superar. Polonia y Hungría retrasarán el fondo, pero no lo van a bloquear

No hay que dejarse llevar por el pánico, porque la crisis se puede superar. Polonia y Hungría retrasarán el fondo de recuperación, pero no lo bloquearán. Obviamente, que se aplace su puesta en marcha es una mala noticia para España, dado que tiene una serie de fechas límite para el gasto (principalmente, en los próximos dos años). Pero también es mala noticia para los países que querían recortarlo, los llamados frugales, porque en julio lograron imponer la disminución de su contribución al presupuesto ordinario de la UE a cambio de contribuir a este presupuesto extraordinario. Sin la luz verde de Polonia y Hungría, tampoco ellos mantienen esas ventajas. O sea, Polonia y Hungría enfadan tanto al sur como al norte con sus exigencias.

Hay mucha tensión en Bruselas, claro, porque estamos en un pulso muy importante, con consecuencias. Pero la crisis del coronavirus ha llevado la Unión a otro plano. Hemos aprendido de errores del pasado, y sabemos que estamos en un momento de definición que determinará el futuro de la Unión. Por eso es bueno que el Gobierno español tome nota de esta crisis. Europa va en serio con el respeto al Estado de derecho, y lo estamos viendo. Cualquier veleidad, cualquier marrullería en torno a la independencia del poder judicial o del control de la información, por poner dos ejemplos calientes, ya no pasa inadvertida en la Unión Europea.

*Luis Garicano es portavoz económico de RenewEurope y jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Es también miembro del equipo del Parlamento que negocia en este momento el reglamento para el uso de los fondos europeos con los gobiernos.